Conviene recordar la realidad de las elecciones nacionales catalanas del 14-F que los opinantes de turno próximos a los partidos del gobierno estatal (PSOE-Podemos) y sus filiales (o sucursales) catalanas PSC y los comuns quieren reconducir las cosas que no son ni serán, sea cual fuere el sistema métrico que usemos.
ERC (33), JuntsxCat (32) y la CUP (9) sacaron 74 de los 135 diputados del Parlament de Catalunya, frente a los 61 unionistas (PSC 33, Vox 11, 8 ECP, 6 Cs y 3 PP). Es decir, que el independentismo sacó el 55% de los diputados. En votos, el independentismo no había sobrepasado nunca el 48% desde la consulta ciudadana de 2014. En ese momento sacó el 51,7%. Y este suceso es cuanto más sorprendente cuando i) el golpe de Estado del 155 empezó la anterior legislatura disolviendo ilegítima e ilegalmente el Parlament el 27-O de 2017. ii) El Tribunal Supremo (TS) español impidió cada uno de los debates de investidura del president Puigdemont y del preso político Jordi Sànchez y iii) el mismo TS inhabilitó al president Torra por ejercer institucionalmente la libertad de expresión y puso fin a la legislatura.
Es decir, que con más de 3.000 personas condenadas, acusadas o penalmente investigadas en Catalunya (todas de JuntsxCat, ERC, CUP, ANC, CDR y Òmnium, como recuerda en ElNacional.cat Agustí Colomines) el independentismo, que jugaba a contracorriente, sacó los mejores resultados del procés.
Frente a estos números… ¿qué es eso del efecto Illa? ¿Qué es eso que dicen Illa (PSC) y Albiach (ECP) de que Catalunya votó por un cambio y que los 41 diputados (solo el 30% del Parlament) que apoyan al Gobierno del Estado deberían dirigir la política catalana en el futuro próximo? ¿De qué perspicaz mentalidad surge la propuesta Albiach de un gobierno ERC-Comunes apoyado externamente por el PSC? ¿Cuándo va a llegar ese pacto de legislatura? ¿Antes o después de que los eurodiputados del PSC y PSOE voten a favor del suplicatorio al president Puigdemont, a la consellera Ponsatí y al conseller Comín?
JuntsxCat y ERC volvieron a recibir el mandato del 21-D de 2017 para gestionar eficientemente los problemas del día a día de Catalunya, pero de acuerdo con la hoja de ruta de la República catalana
Las fuerzas de la izquierda española que apoyan al Gobierno del Estado tienen solo el 30% de los escaños. Aun así, podrían tener iniciativa política. Pero no la tienen. ¿Sabemos algo de la amnistía? ¿Sabemos algo de la despenalización del delito de sedición? No, claro que no. El diálogo es una actitud de suspensión mental que se mueve siguiendo los tempos de Sánchez e, incluso a veces, de Iglesias.
La ciudadanía catalana votó independista, pero más concretamente votó por un gobierno independentista. ERC tendrá que asumir que no tienen más socios que JuntsxCat y la CUP y que los primeros deberán compartir de forma casi igualitaria el Govern. JuntsxCat, pese a ser la auténtica sorpresa positiva del proceso electoral —al que concurría casi desahuciado—, tendrá que aceptar que la presidencia del próximo gobierno independentista será asumida por el vicepresident Aragonès, pese a saber que, en el futuro, si saben integrar las bases territoriales y a muchos de los cuadros y referentes del PDeCAT, su apuesta soberanista y transversal los llevará de nuevo a la primera marca de la pole position. No por casualidad la concurrencia conjunta les hubiera otorgado a Junts 35 escaños frente a los 32 de ERC y PSC.
JuntsxCat y ERC volvieron a recibir el mandato del 21-D de 2017 para gestionar eficiente y transformadoramente los problemas del día a día de Catalunya, pero de acuerdo con la hoja de ruta de la República catalana. Ganaron claramente las elecciones, es cierto, pero la abstención de decenas de miles de sus electores de hace tres años muestra un claro mensaje de advertencia. Quizás, como escribió en estas páginas de ElNacional.cat Jordi Barbeta, los partidos independentistas catalanes deben enfrentarse a la última oportunidad de esta generación. Y esa apelación es a tres y no a dos, puesto que la CUP debería considerar que un tercer veto, después del de Artur Mas y Jordi Turull, podría ser letal para las posibilidades de la agenda soberanista en el futuro.
En todo caso, ni la izquierda española, ni sus sucursales catalanas, ni el deep state otorgaron la más pequeña colaboración a una convivencia catalana fundamentada en la amnistía, en la democracia y en una solución para un ejercicio próximo y regulado del derecho a decidir de la ciudadanía catalana.
Así, solo es viable ahora un Govern independentista, que fue, además, por lo que votó la ciudadanía catalana. Como cantó el portugués Zeca Afonso “o povo é quem máis ordena”.