Hay sentencias que describen una época, y esta de José Luis Ábalos retrata a dos personajes de un país que parecía no existir: un ministro y un asesor que se movían como dos patibularios, dos Torrentes, entre enchufes, pisos francos, sobres de efectivo, prostitutas y un tren de vida impropio de un secretario de organización del PSOE, que además fue la voz de Pedro Sánchez en la moción de censura por la corrupción del PP en 2018 y hombre fuerte del Ministerio de Fomento, una suerte de Secretaría de Organización bis por su capacidad para influir en la contratación y engrasar las comunidades autónomas.
Ábalos rompe varios hitos. Es la mayor condena a un ministro de la historia —el tribunal no ha reducido en nada la petición, ya de por sí elevada, de la Fiscalía Anticorrupción—. Y es además el primer exministro condenado mientras su gobierno sigue en activo. La sentencia supera ampliamente a las de sus predecesores: Jaume Matas acumuló varias condenas, la mayor de 10 años; y Rodrigo Rato fue condenado a cuatro años por las tarjetas black de Bankia y a otros cuatro por su patrimonio.
Se puede estar bien asesorado y, aun así, tomar las decisiones equivocadas. Ábalos mantuvo el aforamiento y su escaño tras la imputación y dejó pasar la posibilidad de una instrucción más lenta en la Audiencia Nacional. El tiempo calma a la Justicia, o al menos lo parece. Si comparamos el juicio de la trama Kitchen que se está celebrando este mes, con una década de retraso, es difícil pensar que al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz le condenen por los 15 años de prisión que pide Anticorrupción. También pudo colaborar a tiempo, al menos, delatando a Santos Cerdán, su sucesor en la Secretaría de Organización y de quien, según la instrucción, conocía su implicación en los presuntos contratos y las comisiones vinculadas a Koldo García, recogidas en las grabaciones incautadas al asesor.
Ya es tarde para casi todo. No le queda posibilidad de recurrir más allá de la vía extraordinaria: puede solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional y, en última instancia, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la siguiente causa, como mucho, una eventual condena futura podría rebajarse, pero no borraría los 24 años ya impuestos.
En el Gobierno nadie responde por Ábalos ni asume la responsabilidad de una trama corrupta gestada en el corazón del ministerio con mayor presupuesto, a la sombra del hombre más cercano a Pedro Sánchez. Escudero en las primarias, después en el aparato y más tarde en el propio Gobierno. Una vez digerido por los socios, el presidente se ha limitado a una condena “sin matices a unos comportamientos que claramente han atentado contra nuestros principios”. En definitiva, nada.
Víctor de Aldama: ¿es un “jeta”, un vividor o un colaborador necesario para la causa?
Luego está la estrategia Óscar Puente, encabezando en redes el embrutecimiento del análisis de la sentencia, ajeno a la condena de su antecesor. El debate es lícito, pertinente y legítimo, pero el Gobierno no es el más indicado para abrirlo. Víctor de Aldama: ¿es un “jeta”, un vividor o un colaborador necesario para la causa? Depende del jurista al que se consulte, hay matices sobre su papel clave en la investigación y la consecuente condena. Si nos atenemos a la directriz europea, la legislación avala sobradamente que el corruptor pueda ser condenado y no cumpla la pena. Pero no se puede obviar el efecto social y ejemplarizante de las sentencias.
La condena del procés es, para el Tribunal Supremo, justa, ponderada y ajustada a derecho, pero su impacto social tuvo efectos de los que no se hizo cargo. Algo similar ocurre con Víctor de Aldama para una parte de la sociedad. Si se despolitiza el debate —lógicamente, el Gobierno es el dedo al que quiere mirar—, Aldama no es un arrepentido. No lo fue antes, ni lo es ahora. No fue un ciudadano que confesara voluntariamente y colaboró solo tras ser detenido en la causa de hidrocarburos e investigado en el caso Mascarillas.
Su pena ya se había rebajado a un máximo de seis años y es la única condena del trío Ábalos/Koldo/Aldama inferior a lo solicitado por Anticorrupción (de seis años a cuatro años y medio). Entre la máxima condena y el daño mínimo, esa sensación de irse de rositas, existen grados; entre ellos, la reparación económica. Ábalos y Koldo García han sido condenados a indemnizar a INECO y Tragsatec por el enchufe de Jessica García. En el caso de Aldama, el Supremo da por probado que se llevó 3,7 millones por el pelotazo de las mascarillas en Transportes. En total, 6,6 millones en distintos contratos amañados de dinero público. Del botín, solo tiene que devolver 140.000 euros.
Aunque el Gobierno utilice a su favor la desproporción entre el “todo a Ábalos” y el “nada a Aldama”, la imagen del verano volverá a ser la del comisionista y corruptor, como ya ocurrió el año pasado, en yates y vuelos privados por las playas de Ibiza. José Luis Ábalos representa la gran caída política y moral dentro del PSOE, mientras que Víctor de Aldama encarna, para una gran parte del público, la figura del corruptor impune. El debate sobre el término medio es más que pertinente.