Se llama Puente, pero no es un puente, sino un dique de contención. Por eso sale en todos los medios, con pródiga promiscuidad, respondiendo a diestro y siniestro, intentando sortear las preguntas incómodas, poniendo la cara para que la indignación de la gente le rompa la suya, y no la de Pedro Sánchez. La operación mediática Puente es una operación de salvamento del soldado Ryan que habita la Moncloa, desaparecido completamente del escenario y, como consecuencia, libre de toda responsabilidad. Por eso ningún otro ministro hace declaraciones, y por eso mismo Puente hace las ruedas de prensa rodeado de técnicos y de responsables de Renfe y Adif, para facilitar el escapismo de Sánchez y así rebajar el debate a una cuestión técnica y evitar el verdadero debate, el de la responsabilidad, la ineptitud y el desorden político que hay detrás. Si cada accidente es excepcional y cada catástrofe es culpa del azar, no hay responsabilidad política.
La letanía es conocida. Si hay un desprendimiento y se rompe un muro, la culpa es del mal tiempo. Si hay un accidente mortal, es la inevitabilidad de la tragedia. Si los maquinistas hacen huelga tras perder a dos compañeros, se impone la paciencia. Y si los trenes nunca llegan puntuales, es la normalidad del “mejor momento del ferrocarril en España, que está evolucionando”, Puente dixit. Que desde 2018 se haya incrementado un 69% el número de usuarios, y al mismo tiempo se haya reducido la inversión por usuario en un 30%, debe ser también algún efecto colateral de la mala suerte. O, puestos a ser creativos, dado que el Gobierno encadena tres legislaturas sin presupuestos, debe ser culpa de la derecha irredenta, la antipolítica y el secesionismo antiespañol. Y así, de excusa en excusa, no se asumen responsabilidades, ni se concretan dimisiones, mientras se crean comisiones de humo para salir del paso y olvidar después los resultados. Se lo preguntaba Luis Sánchez-Merlo, a raíz del accidente de Adamuz: “¿Qué tienen en común el apagón, la DANA, los incendios y el AVE, más allá de la fatalidad?”, y concluía que no son una cadena de infortunios, sino “una secuencia de irresponsabilidades no depuradas (...), de una Administración que confunde mantenimiento con política pública”.
Confunde la propaganda con gestión..., y promete y no cumple..., y gobierna desde la ideología y no desde el servicio público, y etcétera. El ejemplo más claro de irresponsabilidad es la concepción radial (pensada para favorecer a Madrid) y desmesurada del tren de alta velocidad, que ha convertido a España en el país con la red más grande de alta velocidad de Europa (4.000 km) y el segundo del mundo, después de China. Para comparar, Francia tiene 2.700 km, Alemania unos 1.600 e Italia no llega a los 1.000 kilómetros, y los tres países tienen más usuarios que España. Es decir, un país mucho más pobre que sus vecinos, con una red de Cercanías deteriorada, sin planificación estratégica, e infrafinanciada, se permitió aplazar sine die el corredor mediterráneo —fundamental para activar el eje económico—, y se dedicó a crear un mastodonte de alta velocidad, con trayectos comercialmente insostenibles y de carísima manutención. Todo para regionalizar y uniformizar España, basado en un criterio ideológico que no tenía nada que ver con el servicio público.
Hemos pasado de la indignación por la impuntualidad y el cabreo por las constantes averías, al miedo por la inseguridad
Esta barbaridad —que el economista Germà Bel había denunciado muchas veces— es especialmente lacerante en Catalunya, donde la situación de la red ferroviaria de Cercanías, Regional y Media Distancia, utilizada cada día por cientos de miles de catalanes, está en una situación de grave degradación. De hecho, hemos pasado de la indignación por la impuntualidad y el cabreo por las constantes averías, al miedo por la inseguridad. Ni estable, ni puntual, y ahora, encima, insegura. Y aquí la culpa no es del azar, ni de las catástrofes, es exclusivamente política y la irresponsabilidad tiene nombres y apellidos.
Nombres y apellidos de ambos colores, del PP al PSOE, pero sobre todo socialistas, los grandes amigos de Catalunya, que han gobernado muchos más años y hace décadas que nos estafan. ¿Recordamos al “amigo” ZP, que hizo todo tipo de promesas e incumplió todos los acuerdos? Del famoso Plan de Cercanías 2008, pactado en 2007, cuando la situación ya era tan insostenible que motivó la primera gran manifestación soberanista, se ejecutó solo el 15%; el Plan de 2013 se ejecutó el 4%; el de 2016, el 15%, y así sucesivamente. Con el añadido de que los presupuestos acordados y no ejecutados siempre han sido inferiores a las necesidades del país. Se trata, pues, de un maltrato sistémico del Estado respecto a Catalunya, que no solo deteriora diariamente la vida de millones de catalanes, y daña seriamente nuestra economía —millones de euros que perdemos con cada parada de la red—, sino que además pone en peligro la vida de los ciudadanos. Lo decía José Antich ayer mismo: “no solo son egoístas, insolidarios y ruines con Catalunya, sino que su actuación roza la de un comportamiento criminal por las consecuencias que puede llegar a tener”. El joven conductor del tren de Gelida tuvo 5 segundos para evitar el choque contra el muro, y murió...
El colapso de la red ha llegado a un punto insostenible, y, a la indignación acumulada, ahora añadimos el miedo. En este contexto, exigir que el Govern catalán dimita en bloque por la flagrante y sistémica responsabilidad de su partido en castigar, infrafinanciar y desinvertir en la red ferroviaria catalana, es una exigencia de supervivencia. Están dañando seriamente la economía y la vida de millones de catalanes, día tras día, vergüenza tras vergüenza, culpa tras culpa. La Catalunya de Illa es una estafa. O peor aún: empieza a ser un peligro.