El 20 de septiembre del 2017, el Estado perpetró un golpe policial y judicial contra el referéndum del 1 de octubre. La Guardia Civil asaltó el edificio de la Vicepresidència, el cuartel general de Oriol Junqueras, después de detener, entre otros, a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de sus lugartenientes. El tercero, Pere Aragonès, no fue detenido entonces, pero eso no le ha evitado que lo procesen y que haya pasado a engrosar la lista de militantes republicanos en el punto de mira de la justicia española.

El golpe no fue menor ni casual. El Estado quería dinamitar el referéndum del 1 de octubre, a la vez que ponía una trampa para provocar una reacción airada de la ciudadanía. Así, dejó jeeps cargados de armas, sin vigilancia y con las puertas bien abiertas, en medio de una multitud. Lo que se pretendía es bastante obvio. Lo es tanto que estremece imaginar la mente sin escrúpulos —y al mismo tiempo tan torpe— que perpetró aquel plan. El Estado había decidido, en palabras de Rajoy, que estaba dispuesto a todo para evitar que la ciudadanía votara. El 20 de septiembre desencadenó la ofensiva.

El golpe no fue menor e hizo tambalearse algunos mecanismos de decisión. Sin embargo, el referéndum, el 1 de octubre, ya era un compromiso transversal, de instituciones y ciudadanos; millones de personas ya se lo habían hecho suyo. El Estado tenía ante sí un clamor democrático, "¡Queremos votar!", que no paraba de crecer y que no sabía cómo parar.

Y fue en aquel momento crítico que emergió la fuerza de una gran mujer —también de muchos otros—. Sin embargo, ella específicamente serenó los ánimos y ayudó como nadie a sobreponerse. Sin su espíritu, sin su temple, sin la audacia de tantos otros (incluidos los dos líderes del Govern y de las entidades), nada habría sido posible. Si el 1 de octubre pusimos las urnas, a pesar de la brutal ofensiva judicial y policial, fue, en gran medida, gracias a personas como ella.

Este 11 de Septiembre el clamor tiene que ser por la libertad de todos, de los presos, y de denuncia de la ofensiva judicial contra centenares de alcaldes y tantos otros, hoy en el punto de mira de una justicia enferma

Marta Rovira ha reaparecido en público la víspera del 6 de septiembre. Y lo ha hecho para reivindicar y defender el papel de otra gran mujer, Carme Forcadell, coincidiendo con el aniversario del tempestuoso debate parlamentario que Ciudadanos, el PSC, el PP y Coscubiela intentaron reventar. Carme es la evidencia más palmaria de la cruzada judicial contra los derechos fundamentales. A la presidenta Forcadell no la han encerrado por celebrar un referéndum, ni por declarar la independencia, la han encarcelado sin juicio por dos motivos. Uno, haber permitido siempre que el Parlament debatiera las propuestas presentadas por los grupos. Y el otro, de facto, por haber participado en la votación de investidura de Jordi Turull; votación fallida porque cuatro diputados superindependentistas le negaron su apoyo al grito de "¡Autonomistas!". Los "autonomistas" están todos en prisión, los revolucionarios continúan en el escaño.

Carme Forcadell lleva seis meses en prisión; seis meses, eso se dice pronto. Marta Rovira se marchó también hace seis meses a Suiza para encontrar una justicia que aquí brilla por su ausencia cuando se trata de perseguir la violencia contra los ciudadanos perpetrada por uniformados o de paisano, de noche o de día, y por la extrema derecha armada con navajas y escondida con pasamontañas. Una justicia que, en cambio, arremete con furia contra personas de la valía y la trayectoria democrática de Carme y Marta. Es esta desproporción, es esta aberración democrática, la que más rechazo provoca entre la ciudadanía y, al mismo tiempo, la que más solidaridad origina. Y es también la que más desarma a un Estado autoritario y vengativo que tiene en sus aparatos franquistas y en el falangista Rivera una carcoma que lo pudre por dentro y lo envilece por fuera. Rivera, además de un demagogo populista sin escrúpulos, es el sembrador de la semilla de la discordia social, que encuentra su espantajo en el nacionalismo radical en sus antípodas.

Este 11 de Septiembre, el clamor tiene que ser por la libertad de todos, de los presos, y de denuncia de la ofensiva judicial contra centenares de alcaldes y tantos otros, hoy en el punto de mira de una justicia enferma que actúa al dictado de un nacionalismo de Estado cada día más reaccionario. Este es, sin embargo, su talón de Aquiles y al mismo tiempo la palanca de cambio de una mayoría social y política lo bastante sólida y transversal que ponga en jaque al Estado del "¡A por ellos!" y nos permita avanzar hacia una República catalana que sea un bastión de defensa y garantía de derechos y libertades.