Con el barril de petróleo rozando los 100 dólares y el litro de gasolina cerca de los 2 euros, la necesidad de dejar de depender de los combustibles fósiles es más urgente que nunca. Si además, como está previsto, hay que empezar a cerrar las centrales nucleares dentro de cuatro años, queda claro que la transición energética, es decir, la promoción de proyectos de energías renovables, se ha convertido en una emergencia nacional. Y resulta que Catalunya, ese país moderno y avanzado, es ahora el más anticuado en este ámbito esencial. Se sitúa a la cola de Europa y de España en la instalación de plantas de energías renovables. En el conjunto español, el peso de las renovables es cuatro veces superior al de Catalunya, lo que significa que Catalunya será dependiente de suministros externos, pagará un precio más elevado y, de forma inexorable, retrocederá seriamente en términos de prosperidad.

Catalunya no tiene petróleo ni grandes riquezas minerales, pero es un país afortunado en cuanto a radiación solar y fuerza del viento, es decir, un gran potencial en fuentes de energías renovables. Además, la sociedad catalana expresa una fuerte conciencia ambiental, con universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas de primer nivel. Sin embargo, el despliegue de renovables ha sido lento, irregular y lleno de obstáculos, sobre todo por la cobardía política de los gobernantes locales y nacionales que, por miedo a las protestas vecinales y a los pocos votos que podían perder, han renunciado a defender prioritariamente el interés general.

También porque dos partidos minoritarios como ERC y Comuns libran una batalla sistemática en los municipios donde gobiernan contra los proyectos de instalaciones eólicas o fotovoltaicas, organizando o apoyando plataformas que protestan. Y como han sido decisivos en los últimos gobiernos de la Generalitat, también han frenado tanto como han podido cualquier iniciativa. Una prueba de ello es que, constatando la necesidad de renovables, el Govern de la Generalitat no aprobó ningún parque eólico en todo el año 2024. Es una política disfrazada de ecologista cuando es la mejor estrategia para asegurar que continúe la dependencia de las nucleares y prolongar el funcionamiento de las centrales de Ascó y Vandellós más allá de lo previsto, dado que de ellas depende la mitad del consumo energético catalán.

El Govern tiene el argumento para modificar la legislación y actuar con determinación ante el principal reto, no de futuro, sino de presente, al que se enfrenta Catalunya. Sin presupuestos, el Govern va tirando. Sin energía, el país no funciona

Hay dos obviedades que marcan el camino. Las renovables son imprescindibles para el progreso, especialmente para el desarrollo económico e industrial. Por tanto, tarde o temprano los proyectos deberán llevarse a cabo sí o sí, le pese a quien le pese. Cuanto más se retrase la transición energética, peor para todos. La segunda obviedad es que las plantas fotovoltaicas deben instalarse donde toca más el sol y los parques eólicos donde hay viento. Ya se han realizado suficientes estudios técnicos para saber exactamente dónde deben colocarse las placas y los aerogeneradores. El gran escollo es la burocracia. En Catalunya hay ahora mismo cientos de proyectos de energías renovables pendientes, sobre todo parques fotovoltaicos y eólicos, que no se llevan a cabo porque se detienen en las diferentes fases de tramitación administrativa o ambiental.

Cabe decir que el Govern de Salvador Illa es consciente de las necesidades energéticas y ha anunciado un Plan Territorial para la Implementación de las Energías Renovables en Catalunya (Plater), que se está elaborando para presentarlo en 2027 y que prevé la generación de 62.000 megavatios en el año 2050. Y eso está muy bien, pero parece demasiado lento para la urgencia sobrevenida y, tal como se plantea, otorga tantas potestades a los municipios que se arriesga a sufrir bloqueos continuados.

Catalunya tiene procedimientos administrativos muy complejos para autorizar instalaciones energéticas. Los proyectos deben superar informes ambientales, autorizaciones urbanísticas, informes paisajísticos, permisos municipales y trámites con la red eléctrica. Es, de hecho, un sistema que parece pensado para bloquear. En estos momentos, cualquier proyecto de energías renovables en Catalunya requiere, para su tramitación y construcción, un plazo no inferior a 10 años. Es fácil entender que los promotores desistan y se vayan a otro lugar.

Las renovables son imprescindibles para el progreso y se acabarán haciendo le pese a quien le pese. Es obvio que las plantas fotovoltaicas deben instalarse donde toca más el sol y los parques eólicos donde sopla el viento. No debería corresponder a los municipios decidir sobre plantas fotovoltaicas o parques eólicos, como en el caso de una presa, o una autovía o un canal de riego.

Precisamente, la consejera Paneque destacó el papel clave que se quiere dar al ámbito municipal en la ejecución del plan. Incluso se alarga el plazo de alegaciones. Se darán tres meses para la exposición pública en lugar de los 45 días preceptivos, con el objetivo —dice— de asegurar la participación del territorio. Y, una vez en vigor, los ayuntamientos contarán con margen para aceptar las zonas marcadas para las instalaciones o reducirlas.

Esto resulta muy democrático, pero por esta vía estamos perdidos. Es absolutamente contrario a la eficiencia y al objetivo. Cargar esta responsabilidad sobre los alcaldes equivale a fomentar el conflicto. Si un alcalde se muestra favorable a ello, automáticamente su rival en la oposición se posicionará en contra. Siempre un alcalde será más vulnerable ante las protestas frente a su propia casa, dado que debe convivir en el municipio. Me lo ha reconocido el alcalde de un municipio de la Segarra: no debería corresponder a los municipios gestionar estas obras, igual que no les corresponde una presa, una autovía o un canal de riego. Y las protestas siempre existirán, a menudo financiadas por intereses desconocidos. Incluso se han detectado profesionales de la protesta que promueven el conflicto en municipios y comarcas donde no viven. Hay que hacer un esfuerzo por no caer en teorías paranoicas o conspirativas, pero desde hace un tiempo se han aplicado políticas públicas en Barcelona y en Catalunya que parecen buscar empobrecer el país para que no vuelva a levantar cabeza. Sin presupuestos, el Govern va tirando. Sin energía, deja de funcionar.

Ahora que el problema del petróleo nos obliga a darnos aún más prisa en la instalación de renovables, el Govern de Salvador Illa tiene el argumento para modificar la legislación y actuar con determinación ante el principal reto, no de futuro, sino de presente, al que se enfrenta Catalunya.