La denuncia de un sindicato educativo de que dos mossos d'esquadra de paisano se infiltraron hace unos días en una asamblea de preparación de la huelga educativa es, de ser cierta, preocupante. El juicio definitivo deberá realizarse cuando el Govern se explique, cosa que aún no se ha producido, aunque el silencio de los departamentos afectados, una vez que se ha hecho público, es significativo de lo que puede haber sucedido. La mala relación entre la Conselleria d'Educació y los sindicatos, sobre todo con la USTEC, el mayoritario en el sector —que ha convocado una cadena de protestas entre el 6 de mayo y el 5 de junio de 2026, con diecisiete jornadas de huelga y paros, entre ellas tres jornadas de huelga general en toda Catalunya— no debería haber desembocado en una acción tan irresponsable como infiltrar policías en asambleas. En principio, las asambleas educativas deberían ser un espacio blindado a los docentes para poder decidir libremente qué estrategia quieren adoptar.

No hay razones de seguridad que hagan necesaria una medida tan excepcional, ya que estamos hablando de profesionales del sector educativo. Entonces, ¿por qué se ha pasado esta línea roja? La democracia tiene unas determinadas reglas y entre ellas están que las reuniones no pueden quedar amenazadas, y si alguien ha actuado con un exceso de celo fuera del marco exigible en estas situaciones, debe ser reprobado en su actuación. Es del todo insuficiente el comunicado de los Mossos, que han defendido su actuación y aseguran que trabajan "para garantizar el libre derecho de reunión y manifestación, así como el resto de derechos relacionados con este ámbito". También subraya la policía autonómica que ejerce sus funciones "siempre atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas". Como que hace ya tiempo que la dirección general de los Mossos está cuestionada y la Conselleria d'Educació está en el foco de diversas polémicas, parece razonable que la cuestión llegue al Parlament, ya que no es un tema de unos agentes en concreto, sino de una decisión política.

No hay razones de seguridad que hagan necesaria una medida tan excepcional, ya que estamos hablando de profesionales del sector educativo

Para colmo, este desagradable incidente se produce en medio de la polémica por el plan piloto del Departament d'Educació para desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en los centros educativos. La iniciativa de la consellera Esther Niubó tuvo críticas desde el primer momento y la mitad de los institutos invitados —siete de catorce— han dado un paso atrás y han abandonado la iniciativa. La prueba piloto de Niubó respondía, según la Generalitat, a la voluntad de implicar a algunos centros y servicios territoriales del Departament para afrontar conflictos que surgen especialmente fuera de los centros, pero que impactan dentro de ellos. Según la consellera, el ruido mediático ha dado al traste con esta iniciativa, pero lo cierto es que ha sido este ruido el que ha abierto un carril de salida a muchos centros que se encontraban incómodos y no sabían cómo abandonar el proyecto. Pues bien, a este deseo de sobreactuar en seguridad, ahora se suma el de infiltrar policías en asambleas. Aquel caldo de cultivo no ha hecho sino agrandar ahora las protestas.

La huelga en el sector de la enseñanza será muy larga en Catalunya. Incluso, más allá de los resultados que puedan producirse. Hay, entre otros paros, tres huelgas generales el 12 y 27 de mayo y el 5 de junio. Coincide, además, con el final del curso escolar, algo que no es bueno para nadie, y tampoco para los alumnos y sus familias. La Generalitat ha tenido hasta la fecha una actitud de dureza con la USTEC y los sindicatos que apoyan la huelga, en contra del acuerdo que el Govern suscribió con UGT y Comisiones. El problema para el ejecutivo catalán es que la USTEC mantiene una hegemonía histórica en las elecciones sindicales de la enseñanza pública catalana, que en las últimas elecciones de 2019 obtuvo 162 delegados, superando ampliamente a la segunda fuerza (CCOO con 58 delegados) y que ganó en los doce Servicios Territoriales de Catalunya, consolidando su estatus de sindicato referente en todas las zonas educativas. A partir de esos datos, era difícil que, más allá de que la razón esté bastante repartida, el acuerdo con UGT y CCOO fuera algo más que papel mojado.

La oposición en bloque en el Parlament, desde Esquerra Republicana hasta los Comuns, la CUP y Junts per Catalunya, ha exigido explicaciones al Govern por las denuncias de la CGT. Un gobierno monocolor tiene aliados puntuales, pero no socios y, en esas circunstancias, la debilidad se acaba notando más, aunque la mayoría de las veces, a la hora de la verdad, la sangre no llegue al río. Eso, por más que en las declaraciones se den permanentes puyazos.