Ahora ya sabemos que si Carles Puigdemont consigue ser (re)investido como 130 presidente de la Generalitat (y primero del gobierno de la República Catalana, supongo) el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, prorrogará las medidas del 155, la intervención y el control del régimen de autogobierno catalán tal como era conocido hasta el 27 de octubre pasado -ya entonces, bastante diezmado por las embestidas de Montoro y compañía. Mirándolo bien, no tiene nada de extraño: la descomunal derrota del PP y del unionismo en pleno en las elecciones del 21-D, convocadas, según la ministra Cospedal, para que las ganara el españolismo, hacía presagiar una nueva vuelta de tuerca en la regresión democrática activada por el gobierno de Madrid y sus socios, C's y el PSOE para conseguir esterilizar el independentismo -en expresión de Javier Pérez Royo- talmente como el 2010 se castró el Estatut.

A tres días de la fecha fijada por el mismo jefe del gobierno de España para que se constituya el nuevo Parlament, el aparato político-judicial español se ha erigido en intérprete del reglamento de la Cámara: los jueces deciden desde sus despachos del Supremo, a golpe de auto, quién tiene derecho y quién no a ejercer sus derechos políticos y hasta qué punto. Si en el 2010 el Tribunal Constitucional decidió qué grado de autonomía podían tener regulado los catalanes después de que ellos mismos lo hubieran decidido refrendando el Estatut en las urnas previo acuerdo con Madrid, ahora el juez Llarena marca los límites de los derechos políticos de diputados elegidos por el pueblo en las elecciones convocadas por Madrid después de suspender la autonomía. 

Coscubiela, Iceta o Arrimadas, que tanto clamaron contra la presunta vulneración de derechos de los diputados de la oposición en las sesiones parlamentarias del 6 y el 7 de septiembre ahora callan. Es la asimetría permanente que se da entre un Estado que te puede enchironar y vetarte el acceso a un parlamento aunque seas miembro o una mayoría parlamentaria que, todo lo más, puede aprobar por la vía de urgencia una ley que no te gusta.

Los encarcelados Junqueras, Forn y Sànchez podrán ejercer su voto por delegación, pero no podrán asistir a la sesión constitutiva del Parlamento... en previsión de tumultos. No descarten que también se aplique el 155 y la legislación antitumultuaria preventiva a la próxima Diada de Sant Jordi y, por descontado, al 11 de Septiembre: para la justicia española, todo catalán que blanda una estelada en una concentración pública es un violento sedicioso en potencia.

Así es la democracia de las togas. Y es posible que el independentismo se haya pasado tres pueblos con su confianza naif en el performativismo de las leyes -la creencia ciega en que aquello que se legisla, todo aquello que se dice y se escribe, y se vota, y se aprueba, automáticamente, es, se realiza; pero no es menos cierto que la división y la independencia de los poderes, piedra angular de cualquier democracia mínimamente presentable, se ha convertido en una entelequia en el Estado español ahora que hará 40 años de la aprobación de la vigente Constitución.

No descarten que también se aplique el 155 y la legislación antitumultuaria por Sant Jordi y el 11 de Septiembre: para la justicia española, todo catalán que blanda una estelada en una concentración pública es un sedicioso en potencia

Madrid ha activado la ofensiva para reconfigurar a base de autos judiciales el Parlamento votado por los catalanes el 21-D por los independentistas y por los que no lo son. En paralelo, el agit-prop unionista y la legión tabarnesa han podido explotar a placer esta semana las presuntas "deserciones" en el estado mayor del independentismo: los adioses de Artur Mas, Carme Forcadell y Carles Mundó y las declaraciones judiciales de acatamiento de la Constitución de Sànchez, Cuixart y Forn para poder quedar en libertad. Pero el alto mando monclovita tiene dudas ante la posibilidad de que la posible teleinvestidura de Puigdemont salga adelante. Difícil. Muy difícil. Pero ya se sabe que, como dice Rajoy, "los catalanes hacen cosas".

Hay que impedir comoquiera que el huido Puigdemont recupere la condición llena de "presidente" en el marco de la "restablecida" legalidad constitucional española a Catalunya. El juez Llarena ha dejado claro en su auto que la autorización a Junqueras, Forn y Sànchez para que actúen como parlamentarios por delegación no es extensible a los "otros": es decir, a Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno exiliados en Bruselas.

En esta hora,  sólo 65 de los 70 diputados de la mayoría absoluta independentista surgida de las urnas el 21-D tiene garantizado el derecho a votar en las sesiones del Parlament, presencialmente o por delegación. Eso permite que un independentista (en concreto, de ERC) presida la Cámara pero no asegura la investidura del presidente de la Generalitat, que, para salir elegido por mayoría simple sin ninguna sorpresa, en segunda votación, necesitaría 66 votos a favor (uno más que los teóricos 65 en contra). Ergo uno de los exiliados tendría que renunciar al acta para ser sustituido por otro diputado de las listas de JuntsxCat o ERC. Si lo hicieran dos más, la mayoría absoluta de 68 quedaría aparentemente garantizada.

He escrito "aparentemente" porque -y aquí vendrá la siguiente fase de la operación-, la maquinaria del Estado ya está a punto para que Puigdemont, el candidato que guste o no tiene la mayoría de la Cámara, no pueda ser investido ni telemáticamente ni de ninguna otra manera. De lo contrario, el juez Llarena no habría dejado claro que sólo los diputados electos presos pueden delegar el voto, no los exiliados. De lo contrario, el juez Llarena habría aceptado que Junqueras, Forn y Sànchez, pudieran participar presencialmente en la sesión constitutiva del Parlamento (y en la de investidura), abriendo así la puerta para que también lo pudiera hacer el resto. De lo contrario, Rajoy habría invitado a Puigdemont a entregarse a la justicia española para ser detenido y... poder ser autorizado a participar presencialmente en su propia investidura, como lo fue el preso de ETA Juan Karlos Ioldi en 1987. La diferencia, aparte de la condición personal y política de cada uno, que es abismal, radica en el hecho de que Puigdemont sí que puede ser (re)investido presidente mientras que Ioldi, candidato de HB, en ningún caso podía ser elegido lehendakari por una simple razón de matemática parlamentaria: su grupo estaba en franca minoría.

La maquinaria del Estado ya está a punto para que Puigdemont, el candidato que guste o no tiene la mayoría de la Cámara, no pueda ser investido ni telemáticamente ni de ninguna otra manera

La (re)investidura de Puigdemont remacharía el clavo del desastre electoral del unionismo en el 21-D y la muy contundente impugnación del 155 en las urnas por parte de los votantes de los partidos independentistas y de los comunes (54,96% de los votos y 78 de los 135 diputados). Rajoy, Soraya, el Rey y todo el aparato politico-mediático-judicial del unionismo no se lo puede permitir y he ahí por qué todas las baterías apuntan a Bruselas.

El problema no es telemático: es de voluntad política. Es de respeto a las propias reglas del juego, incluso cuando las has puesto tú (convocatoria de elecciones con el155). Pero resulta que ni el gobierno Puigdemont fue capaz de desbordar la legalidad existente con la no declaración de independencia y la no implementación de la República ni tampoco el uso y abuso de los aparatos coercitivos del Estado que ha hecho el gobierno de Rajoy ha podido doblar la voluntad de la mitad de los catalanes (con aviso de recibo a la otra mitad) de llegar a ser un país libre.

En las condiciones descritas, con la relación de fuerzas que se ha evidenciado, es una falacia pensar tanto por parte del unionismo como del independentismo -y los comunes- que sea posible abrir un nuevo tiempo que, por lo menos, permita jugar a la pelota de vez en cuando fuera de las trincheras. Para el independentismo, el problema tampoco es que Puigdemont quiera presidir y gobernar desde Bruselas (como ha dicho alguien en Twitter, Madrid está bastante más lejos de Canarias que la capital comunitaria de Barcelona) sino saber qué se tiene que presidir y gobernar: una república virtual, una autonomía vigilada, una nueva Manocmunitat...; y para hacer qué: aplicar el mandato del 1-0, negociar el levantamiento del 155 o irse por el agujero de la historia. 

 

 

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