El 14 de julio es fiesta nacional en Francia porque fue en esa fecha de 1789 cuando el pueblo de París tozudamente alzado tomó la siniestra Bastilla, símbolo de la opresión y los abusos del Ancien Régime. Arrancaba así la Revolución Francesa, faro de todas las que vinieron después, y que acabaría con las reales cabezas de Luis XVI y María Antonieta en la cesta de la guillotina. En España, en cambio, y pese a la vecindad con Francia, nunca se realizó una revolución como tal, básicamente porque siempre triunfaron los contrarrevolucionarios: Fernando VII asfixió el intento liberal de las Cortes de Cádiz en 1812, las oligarquías restablecieron la monarquía tras la caída de Isabel II en 1868 con la Gloriosa y el breve experimento del Sexenio Democrático, Franco se cargó la II República mediante una sangrienta guerra civil y la monarquía de Felipe VI ahogó el procés independentista catalán, la llamada Revolució dels somriures, al grito del “A por ellos” en otoño del 2017. El prólogo, del procés y de la reacción, se vivió en el 2010, ahora hace quince años, con el golpe del Tribunal Constitucional al Estatut d’Autonomia de Catalunya aprobado por el Parlament, las Cortes españolas, y el pueblo catalán en referéndum. La sentencia anuló 14 artículos del texto estatutario, cercenó aspectos esenciales sobre el catalán, la justicia o la financiación y reinterpretó muchos más, como el carácter de "nación" de Catalunya. Lo que produjo la paradoja de que los catalanes tengan ahora mismo un Estatut que no han votado.

El próximo 14 de julio, fecha de inequívoca resonancia revolucionaria y republicana, además de que será fiesta nacional en Francia, es también el día señalado, con retraso, para la celebración de la comisión bilateral Estado-Generalitat que debe dar a luz al  nuevo sistema de financiación   según el acuerdo de investidura del president Salvador Illa entre el PSC y ERC. Aunque era este lunes cuando expiraba el plazo para dar a conocer el texto de la llamada financiación singular que se está negociando a tres bandas —Govern, ERC y ministerio de Hacienda— la tormenta de fuego que cae sobre el gobierno Sánchez ha aconsejado a Oriol Junqueras aceptar un aplazamiento de quince días aduciendo que “las fechas son importantes, pero también lo es el contenido”. Por lo que a la financiación autonómica se refiere, el modelo vigente data de 2009 y está caducado desde el 2014, cuando debería haberse llevado a cabo su renovación quinquenal. Aunque Catalunya forma parte de las comunidades de régimen común (distintas de las forales, en las que rige el sistema de conciertos económicos, Euskadi y Navarra) la propuesta que se negocia intenta sortear la estrechez de ese marco con un modelo especial, mediante el cual la Hacienda catalana recaudaría, gestionaría e inspeccionaría todos los impuestos que se generan en Catalunya y posteriormente realizaría dos pagos al Estado: una cantidad por los servicios que recibe de éste y una segunda en concepto de “solidaridad” con el resto de territorios. No se trata, pues, de un concierto económico, sino de un inédito sistema de doble cupo. Lo que no deja de ser todo un sarcasmo, habida cuenta de los 21.000 millones de persistente déficit fiscal  (diferencia entre lo que aportan y reciben del Estado los catalanes). Sea como sea, el Govern y ERC quieren que, el año que viene, la Agència Tributaria de Catalunya pueda empezar a recaudar ya todo el IRPF.

¿Es imprescindible el acuerdo del resto de autonomías para que Catalunya saque adelante la nueva propuesta? No stricto sensu, puesto que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el Gobierno tiene finalmente la acción de oro. Y, si bien, está por ver hasta qué punto cederá el gobierno Sánchez a través de sus negociadora, la ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no son las próximas elecciones autonómicas el principal problema. El principal problema de la financiación singular y de todo lo demás es que Santos Cerdán está citado a declarar este lunes ante el juez del Tribunal Supremo como investigado en la trama corrupta de José Luís Ábalos y Koldo García. El veritable problema de la financiación singular se llama Santos Cerdán y el escándalo de corrupción que amenaza a Sánchez. El problema no serán los Gaercía-Page y los Lambán de turno, que tocarán a rebato contra los chupasangres catalanes que nunca tienen bastante, sino la musculatura política de Sánchez para abrir ahora ese melón con la que está cayendo. El Felipe González que cedió el 15% del IRPF a Jordi Pujol en 1993 también estaba en su final político, y también fue la corrupción lo que se lo llevó por delante.

El problema de la financiación singular no serán los García-Page o los Lambán de turno sino la musculatura de Sánchez para abrir el melón con la que está cayendo

La propuesta de financiación debe ser aprobada por el Congreso, lo que, con un Sánchez en fase políticamente terminal, como ya han empezado a detectar las encuestas, es, cuanto menos, un escenario dudoso. Eso, si el ritmo de los acontecimientos permite que este debate llegue a la Cámara en esta legislatura. Se puede aducir que de ello dependerá que los socialistas continúen gobernando Catalunya quizás como último refugio político y de poder ante un previsible largo invierno con el PP en la Moncloa apoyado por Vox. E, incluso, que puedan sacar adelante los presupuestos del Estado con el apoyo de ERC, y de Junts, lo que podría servir, por lo menos, para aplazar la inevitable salida electoral de la crisis de Sánchez.

En realidad, y contra lo que vociferarán los barones del PSOE y del PP, no se va a romper nada, sino, seguramente todo lo contrario. Si el acuerdo llega, y prospera, se podrá decir que el independentismo políticamente operativo habrá pasado definitivamente del espíritu del 1 de Octubre, día del referéndum de independencia, a un renovado peix al cove autonómico del 14 de julio. Miel para los socialistas, que podrían reivindicar en Catalunya el legado "normalizador" de Sánchez frente a los reaccionarios de la derecha española. En todo caso, y en un clima de fin de ciclo en que hasta la Conferencia Episcopal y los jueces piden elecciones o, directamente, la cabeza del presidente del Gobierno, hay que tener mucha fe para soñar con que la caída de la Bastilla será posible de nuevo, un 14 de julio, ahora en forma de financiación singular para Catalunya. Y,  además, con ayudas y complicidad desde dentro de sus altos muros.