El revuelo se armó cuando Pedro Sánchez citó por su nombre en el discurso de balance del Gobierno a banqueros y dueños de las eléctricas: "Si protestan la señora Botín y el señor Galán es que vamos en la buena dirección". Algo así como el “We want our money back” de Barack Obama dirigido a los bancos durante la crisis financiera. Ahora la versión es “Que arrimen el hombro” de una vez los que duplican beneficios millonarios por las particularidades de la pandemia, la sobrevenida escasez energética y el aumento de precios de los carburantes.

Cierto que Pedro Sánchez eligió la semana de presentación de beneficios para concretar el impuesto a la banca y las eléctricas. Pero los resultados no defraudaron a pesar de las turbulencias macroeconómicas. Un 33% más de beneficios el banco Santander, 59% el BBVA, Bankinter un 10%, un 17% Caixabank, o un 78% más el Sabadell en el primer semestre del año. Lo mismo en las eléctricas: Un 36% más para Iberdrola, Repsol y TotalEnergies duplicaron ganancias y así una por una.

Las eléctricas, las petroleras y los bancos han batido récords. Y la reacción al impuesto específico ha sido similar a cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se dirigió a sus clientes: “Solamente los tontos que siguen en la tarifa regulada fijada por el Gobierno pagan ese precio. La falta de empatía, como criticó la vicepresidenta primera de Economía, Nadia Calviño, al insultar a los miles de usuarios con dificultades para pagar la factura de la luz se repite ahora acusando al gobierno de populista y querer criminalizarles.

Cuando la inflación hace un 10% más pobres a familias y Pymes, el patrón en el que todas se hacen de oro en plena crisis se debe claramente a un desajuste que numerosos países europeos junto a los organismos financieros internacionales están intentando corregir. El debate del impuesto a los bancos, aunque lo parezca, no es ideológico sino recaudatorio. Y aunque fuera político, el Ejecutivo tiene derecho a desplegar su acción de gobierno para compensar los estragos de la guerra de Ucrania.

Lo malo de los bancos no es que intenten evitar pagar un poco más —que también—, sino los argumentos. El impuesto, según el portavoz de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano, es “injusto” porque la banca en España no es tan rentable. “Los beneficios son muy bajos y la rentabilidad sigue siendo muy baja, incluso la rentabilidad total incluyendo la internacional”, dijo esta semana en la Cadena SER. Sin embargo, la banca española es la que mejor paga a sus directivos. O mejor dicho, el país donde mejor se retribuyen a sí mismos. Ganan un 20% más que en Francia y un 22% más que en Alemania. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha cuestionado el sueldo medio de los directivos españoles porque supera con creces la media de la UE, 2,2 millones anuales, solo superado por Malta, el pseudoparaíso fiscal europeo.

El portavoz de la banca niega también la evidencia constatada por el Banco de España. “No se rescató al sector financiero”, dice textualmente. Cuando el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos cifró en 59.000 millones de euros el paquete sin recuperar, 1.260 euros por cabeza.

El patrón en el que todas se hacen de oro en plena crisis se debe claramente a un desajuste que numerosos países europeos junto a los organismos financieros internacionales están intentando corregir. El debate del impuesto a los bancos, aunque lo parezca, no es ideológico sino recaudatorio

El portavoz de la banca asegura también que pagan muchos impuestos y niega la petición de la UE para que aporten más, en consonancia con sus socios comunitarios. La realidad es que el Observatorio Fiscal de la UE ha solicitado que se aumente la presión fiscal a la banca española y ha cifrado en 1.855 millones de euros lo que abonan los bancos españoles. Según estos cálculos, el BBVA tendría que pagar 117 millones extra y el Santander 1.264 millones de euros más en impuestos, una cantidad cercana a los 1.500 millones de recaudación hasta 2023.

Y no faltan las amenazas a los clientes. La banca vincula este gravamen testimonial a que los clientes se queden sin crédito. Lo dice el portavoz y el banco Santander, que ha fijado en unos 50.000 millones de euros el cálculo que podrían dejar de dar. Los cinco grandes bancos han obtenido 10.000 millones de beneficios en seis meses y multiplican por 33 el agujero al crédito que quieren hacer a las familias y Pymes para evitar los 1.500 millones. Se quejan de inseguridad jurídica, cuando la medida está tasada en lo económico y en lo temporal, pero amedrentan a los clientes con cambiarles las condiciones por un impuesto ajeno a la concesión del crédito. Por no hablar del historial de abusos de la última década: cláusulas abusivas, preferentes, cierre de cientos de sucursales con el consecuente daño a pensionistas.

Para concluir, no les gusta el impuesto del Gobierno, pero tampoco proponen ninguna otra fórmula. Alegan que en Europa los impuestos a la banca y grandes eléctricas son distintos, pero no especifican cuál querrían pagar, si el decretado por el liberal Boris Johnson en Gran Bretaña o el del tecnócrata Mario Draghi en Italia. 1.500 millones de euros no sirven para frenar la inflación. Pero son 1.500 millones de euros para revertir en estado de bienestar y en los futuros paquetes de medidas anticrisis. Si no quieren pagar ese 4,8% de lo que ingresan al año gracias a las comisiones e intereses a los clientes ¿Qué proponen? ¿Quedarse cómo están, multiplicando beneficios al margen de todo contexto social?

Esta pelea no la empezó Pedro Sánchez. La empezaron los grandes bancos y presidentes como Ignacio Sánchez-Galán. Su guerra también es política: no toquéis nuestros beneficios y no ahogaremos a los clientes ni os haremos la pinza con Feijóo. En tiempos europeos, las reglas y los privilegios de 2008 no parece que vayan a repetirse. Es momento de impuestos por arriba, lo dice el Ejecutivo de Sánchez junto a la OCDE, el FMI, la administración de Joe Biden, el Banco Central Europeo y los principales think tank. El liberalismo ahora es esto y no la actitud de la banca española y las eléctricas. Han anunciado una batalla legal en los tribunales para evitar esos 1.500 millones de aquí a 2023, habrá que verlo. Su reputación no está en el mejor momento, su posición no es de fuerza y sus propuestas inmovilistas no tienen encaje en la nueva reconfiguración geopolítica y económica europea.