Hay imágenes que condensan una época. Un teléfono móvil cuidadosamente guardado en una caja fuerte, custodiado junto a un cúmulo de joyas cuya proporción excede lo que cabría esperar del patrimonio declarable de un expresidente del Gobierno, es una de ellas. No por anecdótica, sino porque escenifica la naturaleza de un poder que ha pretendido ser invisible durante demasiado tiempo. Cuando un hombre acumula los objetos suntuarios en una caja fuerte y, junto a ellos, guarda el instrumento por el que circula la palabra confidencial, lo que esconde no es ya un objeto, es una forma de operar.
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, declarará como investigado en el marco de las Diligencias Previas 77/2024. La instrucción describe, con quirúrgica economía argumental, una red organizada de tráfico de influencias liderada por él, articulada formalmente a través de una “boutique financiera” —expresión que los propios investigados utilizan en sus comunicaciones— y diseñada para monetizar el capital simbólico acumulado en la Moncloa. No es una hipótesis policial caprichosa: son conversaciones, contratos, transferencias, facturas confeccionadas a posteriori a conveniencia del concepto y reconocimientos explícitos de que pagar a quien “mueve el hilo” forma parte del coste del negocio.
Zapatero era arquitecto, no ejecutor. La singularidad de la posición de Zapatero en la represión sufrida por el independentismo catalán consiste precisamente en que él no firmó autos, no dictó querellas, no instruyó causas. Lo que hizo, según se desprende del análisis sosegado de los hechos, fue diseñar la arquitectura institucional sobre la que el aparato represivo se apoyó: el Tribunal Constitucional con Cándido Conde-Pumpido al frente, la Fiscalía General del Estado con Dolores Delgado primero y Álvaro García Ortiz después, el juez de enlace en Eurojust con José de la Mata, el Fiscal Europeo con Ignacio de Lucas y el soft power exterior canalizado mediante la FIIAPP. Sostener que se trata de coincidencias requiere una credulidad que el orden cronológico de las designaciones no autoriza. Su papel estratégico fue precisamente ese: definir las líneas de actuación, no firmarlas.
El bombero pirómano. Sobre esa misma arquitectura, ya con el incendio en plena combustión, Zapatero se erige a partir de 2023 como el negociador clave de la Ley de Amnistía. La paradoja es transparente: quien contribuyó decisivamente a articular el mecanismo represivo se presenta después como su desactivador, hombre de Estado al servicio del diálogo. Lo que su biografía describe es una concepción patrimonial de la política pública, en la que quien tiende el nudo es también quien cobra por deshacerlo. No es lealtad institucional, sino ingeniería de la propia indispensabilidad.
La estructura opaca. Respetando como debemos la presunción de inocencia, los datos económicos obrantes en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dibujan un mapa de muy difícil conciliación con el único concepto de los ingresos por conferencias. La sociedad Análisis Relevante, instrumentada por Julio Martínez Martínez, habría canalizado en torno a 490.000 euros al propio Zapatero entre 2020 y 2025; Whathefav S.L., titulada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha recibido cerca de un millón de euros del conjunto del entramado; el Gate Center, presidido por el propio expresidente, le ha transferido casi 353.000 euros y otros 172.000 a la sociedad familiar; Thinking Heads Group, en torno a 700.000 euros. Una vivienda en la calle Ramón Crespo de Madrid, hipoteca de 500.000 euros cancelada anticipadamente con 498.000 euros, procedentes de cuentas alimentadas por Whathefav. La aritmética es, en sí misma, un relato. Y lo que conocemos hoy es, casi con seguridad, una mínima parte: la naturaleza de la “finance boutique”, las menciones expresas en las conversaciones a sociedades en Dubái y la lógica de los pagos canalizados a través de fundaciones y vehículos pantalla apuntan a estructuras patrimoniales que con notable probabilidad nos conducirán a diversos paraísos fiscales y jurisdicciones opacas desde Oriente lejano al Occidente más cercano.
La instrucción describe, con quirúrgica economía argumental, una red organizada de tráfico de influencias liderada por él
Esto no es lawfare. Conviene distinguir, porque el término se ha banalizado hasta perder utilidad técnica. Hablamos de lawfare cuando el aparato del Estado fabrica una investigación inexistente, prefabrica pruebas, instrumentaliza el proceso para finalidades extrajudiciales y persigue a un disidente por su ideología. El caso de Zapatero no encaja en esa definición por una razón elemental: los hechos no han sido fabricados, estaban ahí. Eran vox populi extraprocesalmente —las conexiones con Caracas, los pagos a través de fundaciones, la opacidad de las consultoras, los viajes en avión privado a la República Bolivariana, la contratación de las hijas por Huawei en pleno conflicto regulatorio— y lo único que ha cambiado es el momento elegido por los mecanismos institucionales para poner negro sobre blanco lo conocido. Que el momento llegue, precisamente ahora, cuando Zapatero se convierte en obstáculo para ciertos equilibrios internos del propio aparato del Estado, es una observación políticamente legítima; presentarla como prueba de lawfare es ingenuidad notable o, más probablemente, una forma deliberada de blanquear el comportamiento. La diferencia entre una causa instrumentalizada y una causa simplemente intempestiva es jurídicamente decisiva: en la primera los hechos no existen, en la segunda existían desde hace años.
La encrucijada procesal. Su recorrido procesal será largo y complejo, y exigirá una decisión estratégica precoz. Caben, esencialmente, dos líneas. La primera, procesalista, cuestionando la legalidad y regularidad de la investigación, la cadena de custodia, la admisibilidad de las evidencias procedentes del Homeland Security Investigations estadounidense, los plazos, las competencias, la conexidad de las piezas. Esta vía persigue anular los indicios —y, en su caso, las pruebas— y exige, ante todo, silencio operativo y disciplina técnica. La segunda, fáctica, para explicar, justificar contratos, defender la materialidad de los servicios prestados, sostener la regularidad de los flujos. A la luz de la documentación conocida, la vía fáctica encara una tarea hercúlea: explicar lo inexplicable, defender una inocencia en la que cuesta creer. La elección entre defenderse como expresidente del Gobierno o defenderse como investigado no es menor: es la diferencia entre cuidar la imagen pública y cuidar el resultado del procedimiento. Y rara vez ambos objetivos coinciden.
El silencio en su próxima declaración. De cuanto antecede se sigue, en términos puramente técnicos y desprovistos de juicio moral, una recomendación elemental: acogerse al derecho a no declarar. Los artículos 24.2 de la Constitución y 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal amparan esa decisión sin penalización procesal alguna; el silencio del investigado, en nuestro sistema, no constituye indicio en su contra. Y, como complemento natural, sería razonable suspender las entrevistas con medios en las que se trata de explicar lo que, a la luz de la documentación incorporada al sumario, no admite explicación pacífica. Cada palabra fuera de sede judicial es un dato que la acusación, pública o particular, sabrá explotar. Quien elige la vía procesalista no puede simultáneamente disputar el relato en los platós: o se administra el caso jurídicamente o se administra mediáticamente, pero no las dos cosas a la vez.
La trama que arrastra. La caída no será solitaria. La trama de Zapatero se entrecruza con otra, menos visible y probablemente más inquietante, en la que confluyen empresarios afines, operadores políticos y un puñado de periodistas y juristas dedicados, durante años, a controlar procedimientos mediante la presión sobre fiscales, el cortejo a determinados jueces y la búsqueda sistemática de trapos sucios para uso mediático de conveniencia. De esa segunda trama —cuyos dispositivos móviles y soportes informáticos fueron en su día incautados y permanecen pendientes de análisis o, ya analizados, de explotación procesal— volveremos a saber en breve. Y será entonces cuando comprenderemos que el ocaso del arquitecto en la sombra no es el final de una historia, sino apenas el comienzo de un capítulo más extenso sobre cómo el poder informal, a lo largo de dos décadas, ha pretendido colonizar las instituciones de un Estado democrático sin asumir, hasta ahora, ninguno de sus costes.
Quizá la caja fuerte de la calle Ferraz fuera, además de un mueble, una metáfora involuntaria. Lo guardado vuelve a la luz; lo escondido se hace visible. La historia, por fortuna, nunca se queda sin metáforas. Y los teléfonos móviles, contra lo que algunos parecen haber confiado, tampoco se quedan sin memoria.