Desde la noche misma de las últimas elecciones españolas del 23 de julio que JxCat y ERC suspiran por pactar con Pedro Sánchez, pero es una vez superado el trámite de la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se les ve especialmente el plumero. Más a los de Carles Puigdemont, de retórica más beligerante que los de Oriol Junqueras, pero de praxis tan pactista o más, aunque lo único que pretenden unos y otros es obtener cuatro concesiones como sea para, a pesar de los avisos de los malos resultados de las urnas, mantenerse en el poder y continuar viviendo del cuento autonomista que tan bien les ha funcionado hasta ahora. En este escenario, las demandas para facilitar un nuevo mandato del líder del PSOE en la Moncloa —una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación— no son las exigencias de unos partidos que solo han hecho ver que eran independentistas cuando convenía a sus intereses, sino puramente los medios que les deben permitir alcanzar el fin que persiguen.
La mejor muestra de cómo se las arreglan para hacer pasar gato por liebre es el caso del ejercicio del derecho de autodeterminación. Reclamar hoy otro referéndum significa renunciar definitivamente al Primer d’Octubre, a pesar de los que se llenan la boca diciendo que lo defienden, pero además es mentira. Aunque hagan creer que sí que lo piden, obviamente para tener contenta y entretenida a la parroquia, la realidad es bien distinta. Lo único que ERC y JxCat han hecho es ponerse de acuerdo para no investir a Pedro Sánchez si este no se compromete "a trabajar para hacer efectivas las condiciones del referéndum", que no tiene nada que ver con hacer efectivo el referéndum. Esto, cuando menos, es lo que pactaron, con la inestimable colaboración de la CUP, como conclusión del debate de política general sustanciado en el Parlament a finales de septiembre y lo que hacen pasar como si la celebración del referéndum fuera condición imprescindible para la reelección del líder del PSOE. La verdad, sin embargo, es que se trata tan solo de una cuestión para hablarla a lo largo de la nueva legislatura, que todo el mundo sabe que solo servirá para seguir mareando la perdiz.
El PSOE —incluyendo un PSC que había defendido el derecho de autodeterminación cuando no había ninguna posibilidad de ejercerlo— se opone por defecto a un referéndum sobre la independencia y así hace tiempo que lo ha dejado más que claro. Cualquier diálogo en torno a este asunto se sabe, por tanto, que no lleva a ninguna parte y hacer ver lo contrario es tan engañoso como irresponsable. JxCat y ERC son conscientes de que España no se avendrá a concederlo mientras sepa que lo pierde, pero alimentando este falso, debate permitirán a Pedro Sánchez, además de mantenerse cuatro años más en el poder, blanquear de cara al exterior su política hacia Catalunya. Del mismo modo que podrá exhibir ante Europa y el mundo el acuerdo sobre la amnistía como el punto de inflexión que habrá servido, según él, para resolver de una vez el conflicto político entre Catalunya y España denunciado por el independentismo. Si durante los últimos años ya se ha vanagloriado de haber reconducido la situación a la vía de la política gracias a una mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español que en realidad no ha existido nunca, ¿qué no hará pudiendo mostrar una ley de amnistía —o como se acabe llamando— que no se cansará de repetir que es lo que permitirá cerrar definitivamente la carpeta catalana?
La amnistía deberá beneficiar, entre otros, a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero también a los miembros del Comité de Defensa de la República (CDR) y a todos los encausados judicialmente sin excepción. Si no es así, será un fraude
La amnistía es precisamente la otra condición de ERC y JxCat para hacer posible la investidura del líder del PSOE. Es una salida personal para el conjunto de los imputados por la causa catalana —desde el 9-N y el 1-O hasta hoy—, y desde este punto de vista es una medida humanamente comprensible, sobre todo para los políticos que están en el exilio y para los ciudadanos anónimos que durante todos estos años se han visto involucrados en una auténtica pesadilla debido al comportamiento de los propios dirigentes catalanes. La amnistía, pues, deberá beneficiar, entre otros, a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero también a los miembros del Comité de Defensa de la República (CDR) y a todos los encausados judicialmente sin excepción. Si no es así, será un fraude. La lectura política, sin embargo, es otra. Aceptarla es admitir que todo lo que ha hecho el movimiento independentista desde la primera gran manifestación del Onze de Setembre del 2012 es delito, pero a pesar de ello los políticos profesionales la esperan con impaciencia porque les permitirá volverse a presentar a las elecciones, que parece que sea lo único que les importa. Y aceptarla es también dar alas a Pedro Sánchez para hacer creer que así se resuelve el conflicto político.
La aprobación de una ley de amnistía debía ser, en todo caso, el requisito previo para facilitar un nuevo mandato del líder del PSOE. La realidad, sin embargo, es que JxCat y ERC tendrán que tragarse el sapo de tener que investirlo sin que esté aprobada, solo con la promesa de que tendrá vía libre y entrará en vigor tan pronto como sea posible. Y con la incógnita de no saber qué sucederá cuando llegue a los tribunales de la mano de la feroz campaña en contra impulsada por la caverna española —en la que conviven Vox y PP, pero también, como mínimo, una parte del PSOE—, que ha conseguido devolver el clima guerracivilista a la escena política de una España que, paradójicamente gracias a la amnistía de la transición, no ha dejado nunca de ser franquista y que está dispuesta a hacer lo que haga falta —el espíritu del ¡a por ellos! se mantiene muy vivo como se ha visto en la manifestación del domingo en Barcelona— si de lo que se trata es de parar los pies en Catalunya. Pero incluso en este caso ERC y JxCat harán todas las cabriolas que sean necesarias para hacer ver que tampoco pasa nada. De manera que no se preocupe Pedro Sánchez si no verbalizan que a cambio renuncian a la unilateralidad, que de hecho ya renunciaron a ella la noche misma del Primer d’Octubre, si es que no lo habían hecho antes.
Las mismas piruetas las están haciendo en la cuestión de la oficialidad de la lengua catalana en Europa, que no tiene nada que ver con el uso del catalán en el Congreso, que ha quedado sujeto a la discrecionalidad del presidente de turno y, en consecuencia, de la misma manera que ahora se puede utilizar, pasado mañana puede ser que no se pueda. Todo ello para evitar que el acuerdo con el PSOE se tambalee. Un acuerdo que tiene y tendrá otras derivadas, como la entrada de JxCat en el equipo de, por lo menos, dos gobiernos municipales encabezados por el PSC, que solo se explica por la voluntad y la necesidad de tocar poder: el de Sabadell, en el que la mayoría absoluta de Marta Farrés lo haría innecesario, pero que aun así ya está formalizado, y el de Barcelona, en el que Xavier Trias hará buena la sociovergencia junto a Jaume Collboni. El objetivo, en especial por parte de JxCat, es buscar una fórmula convincente que le permita vender el apoyo al líder del PSOE con una amnistía que no se llamará amnistía y sin un referéndum que, teniendo que ser condición sine qua non, ha pasado a mejor vida antes de empezar.
Y es que los de Carles Puigdemont han descartado abstenerse no para decir que no a la investidura de Pedro Sánchez, sino para encontrar la manera de justificar el sí. Porque de lo que se trata es de que nada ni nadie estropee el pacto.