Hay veces en las que un país se delata solo. Sin discurso solemne. Sin declaración institucional. Basta mirar cómo reacciona ante el mismo hecho cuando cambia el nombre de la persona señalada. Qué se perdona. Qué se exagera. Qué se archiva. Qué se persigue. Y qué se convierte, de repente, en una ofensa intolerable.

Llevamos tiempo asistiendo a escenas muy parecidas. Un muñeco que representa a un dirigente. Una plaza. Una hoguera. Unos golpes. Una soga. Unos disparos simbólicos. Una manera brutal, primaria y muy gráfica de expresar rechazo. No es edificante. No ennoblece a nadie. Pero sí retrata muy bien el clima político y moral en el que vivimos. Y, sobre todo, retrata algo más incómodo: cómo ese clima cambia según a quién se esté atacando.

En Coripe, Sevilla, en 2019, ardió un muñeco de Puigdemont en la Quema de Judas bajo el mandato de un ayuntamiento del PSOE. Lo tirotearon con escopetas de la policía local, lo pasearon entre insultos y lo quemaron. La Generalitat y JxCat denunciaron por delito de odio. La Fiscalía de Sevilla archivó el asunto. No vio delito. Aquella representación de violencia simbólica no fue considerada penalmente relevante. Se pasó página. Y eso, por mucho que se quiera envolver en tecnicismos, es un mensaje.

En Castellón, en 2020, apareció colgado de un árbol un muñeco con la cara de Santiago Abascal y manchas rojas simulando impactos de bala. Ahí sí hubo condena: ocho meses de prisión por amenazas no condicionales, con agravante de discriminación y una indemnización de 500 euros. Lo que en otros casos se trató como exceso simbólico o escenificación política, aquí se consideró una amenaza penalmente relevante. Vox había pedido tres años de cárcel. El tribunal descartó el delito de odio, pero sí apreció las amenazas. Es el único de todos estos casos que terminó con una condena firme.

En la Nochevieja de 2023, frente a la sede del PSOE en Ferraz, se colgó y apaleó un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Hubo denuncia y hubo archivo inicial. Pero la Audiencia Provincial de Madrid reabrió la causa: consideró que no se podía despachar tan rápido el asunto y que las imágenes, los gritos (“colgadlo de los pies”, “hay que quemar Ferraz”) configuraban un cuadro intimidatorio de suficiente intensidad. La justicia pasó de una lectura ligera a otra mucho más seria. Hoy hay seis imputados por presuntas amenazas graves y el caso sigue en instrucción.

Y ahora llega Netanyahu. Un muñeco suyo de siete metros, cargado con casi catorce kilos de pólvora, quemado en las fiestas de El Burgo, Málaga (bajo gobierno del PSOE en el Ayuntamiento), también en la Quema de Judas, en abril de 2026. El foco se desplaza de golpe hacia otro terreno: no el judicial, sino el diplomático y el propagandístico. Israel convocó a la encargada de negocios española en Tel Aviv. El gobierno israelí difundió un comunicado acusando al Ejecutivo de Sánchez de “incitación sistemática” y de fomentar un “odio antisemita atroz”. Netanyahu, que ya había acusado a España de librar “una guerra diplomática” contra Israel, aprovechó el episodio para expulsar a los representantes españoles del organismo que supervisaba el alto el fuego en Gaza. En España de momento no ha habido interposición de denuncia por la vía judicial y el Gobierno ha guardado silencio hasta ahora. 

En este asunto de Netanyahu me parece importante hacer una parada, y una precisión necesaria, porque hay una trampa que conviene abordar con claridad. Una cosa es rechazar políticamente a Netanyahu por su actuación en Gaza o Líbano. Otra, radicalmente distinta, es odiar a los judíos por ser judíos. Confundir las dos no es un error inocente. Es una maniobra deliberada. La propia definición de trabajo de la IHRA (la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, invocada constantemente cuando conviene) establece con claridad que la crítica a Israel comparable a la que se formula contra cualquier otro Estado no constituye, por sí sola, antisemitismo. Criticar a Netanyahu no es atacar a los judíos. Denunciar lo que ocurre en Gaza no es antisemitismo. Señalar la responsabilidad política de un gobierno no es odio étnico ni religioso. Y presentar todo eso como si fuera lo mismo es, además de falso, una falta de respeto hacia quienes sí han sufrido antisemitismo real. Y el propio autor principal de la definición de la IHRA, Kenneth Stern, ha reconocido públicamente que se está utilizando “como arma” para deslegitimar críticas legítimas a las políticas israelíes.

El problema empieza cuando la palabra odio deja de servir para nombrar conductas objetivamente graves y empieza a convertirse en una etiqueta útil para señalar a quien molesta

Mientras se alimenta esa confusión, la realidad sigue golpeando. La ONU ha seguido documentando muertos en Gaza. Muertos de verdad. Cuerpos de verdad. Familias arrasadas de verdad. Y, sin embargo, el debate se desplaza otra vez hacia el muñeco. El símbolo ocupa el centro. La tragedia queda al margen. Parece más grave la quema de una efigie que los muertos que se acumulan bajo el mando de quien esa efigie representa. Esa inversión del foco dice mucho de este tiempo. Y también de nuestra política. Porque mientras todo esto ocurre, el Gobierno de Sánchez presentó en marzo de 2026 la herramienta HODIO (Huella del Odio y la Polarización) para medir la presencia del discurso de odio en redes sociales, generar informes periódicos e incluso elaborar rankings públicos de plataformas según su nivel de amplificación de mensajes negativos. Sobre el papel, nadie en su sano juicio se opone a combatir el odio real, la violencia verbal organizada o las dinámicas de deshumanización. El problema empieza cuando la palabra odio deja de servir para nombrar conductas objetivamente graves y empieza a convertirse en una etiqueta útil para señalar a quien molesta.

Y eso es exactamente lo que estamos viendo. No solo desde el poder institucional, sino desde todo el ecosistema político, mediático y activista que gravita alrededor del actual Gobierno, especialmente en ese espacio que va desde el PSOE al universo de Sumar y Podemos. Ahí se ha consolidado una costumbre tóxica: llamar odio a casi cualquier discrepancia que incomoda. Tratar la diferencia como una amenaza moral. Convertir al disidente en alguien a neutralizar, ridiculizar o expulsar simbólicamente del espacio respetable.

El caso más reciente y revelador es el de mi querido Santiago Segura. No hace falta coincidir con él en todo. Ni en casi nada. Como no hace falta hacerlo con ninguna persona, ni siquiera con uno mismo. Pero lo que ha pasado estos días merece nombrarse. Segura, que se ha definido públicamente como una persona de izquierdas, fue arrasado en redes por parte de esa izquierda después de acudir a La Revuelta para presentar Torrente, presidente. No se discrepó con él. Se le atacó para castigarle. Su respuesta fue contundente: “Cuánto sectarismo, intolerancia y agresividad veo en la mayoría de respuestas. Gente que habla del daño que hace el odio siendo los que más odian”. Y añadió algo que resume bien el problema: “Yo soy de izquierdas, pero no de esta izquierda divisora, censora e intransigente, amiga del boicot, que insulta e intenta denigrar al que se sale un milímetro de vuestra doctrina”. Lo dicho con palabras exactas, no parafraseado.

Lo preocupante es que esta intolerancia suele presentarse con buenos modales. Con lenguaje pedagógico. Con supuesta superioridad moral. No siempre llega envuelta en gritos. A veces llega en nombre de los cuidados, del respeto, de la sensibilidad democrática. Pero el mecanismo es el mismo: marcar al que se sale del carril, negar legitimidad al que no repite el credo, reducir la libertad de expresión a una libertad vigilada. Puedes hablar, sí, pero solo si dices lo que debes. Los que me conocéis sabéis que llevo años sufriendo ese intento de censura, bajo un foco donde se me lanzan acusaciones falsas, con el único objetivo de intentar que no se me escuche cuando hablo del soberanismo, de las industrias farmacéuticas, de la manipulación mediática interesada, del sionismo. 

Por eso importa detenerse en los muñecos. No porque sean lo más importante. Sino porque revelan algo estructural. Con Puigdemont, se miró hacia otro lado: la Fiscalía archivó sin más. Con Abascal, hubo condena penal. Con Sánchez, la Audiencia reabrió una causa que el juzgado había cerrado y hay imputados. Con Netanyahu, se intenta transformar la crítica política en antisemitismo. El hecho material es prácticamente idéntico en los cuatro casos: una representación pública de una persona atacada simbólicamente. Lo que cambia es el marco. La conveniencia. La utilidad política de la indignación.

Aquí no hay una defensa coherente de la dignidad, ni una doctrina estable sobre los límites de la libertad de expresión, ni una sensibilidad uniforme frente a la violencia simbólica. Hay otra cosa: una forma distinta de enfocar el mismo hecho dependiendo de quién sea el afectado y quién el organizador. Cuando había que contemporizar con el contexto catalán, se hizo la vista gorda con Puigdemont (y el organizador era un ayuntamiento socialista). Cuando el presidente es Sánchez, la escena se interpreta en clave de amenaza. Cuando se protesta contra Netanyahu, se intenta desactivar la crítica con el comodín del antisemitismo (y el organizador vuelve a ser un ayuntamiento socialista). Y mientras tanto se nos dice que el problema central de nuestra época es el odio del otro. Nunca el propio. Nunca el sectarismo de los nuestros. Nunca la pulsión censora de quienes se autoproclaman guardianes de la democracia.

Al final, uno tiene la sensación de que el verdadero problema no es el muñeco. El problema es quién tiene el poder para decidir qué significa ese muñeco en cada momento. Cuándo es una tradición. Cuándo es una amenaza. Cuándo es expresión política. Cuándo es un delito. Cuándo es odio. Y cuándo no.

Y el problema mayor es que hemos instalado una forma de hacer política que vive de agrandar lo superficial mientras deja intactos los conflictos reales. Nos pasamos días discutiendo sobre una efigie, sobre una hoguera, sobre un gesto grotesco, y mientras tanto los problemas de verdad siguen ahí, intactos, pudriéndose delante de todos. Los muertos de Gaza y de Líbano siguen ahí. La crispación organizada sigue ahí. La censura social del discrepante sigue ahí. La degradación del debate público sigue ahí. La instrumentalización del odio sigue ahí. Y quizá esa sea la conclusión más amarga: que hemos llegado a un punto en el que se pone más pasión en defender el cartón piedra que en proteger la verdad, la libertad o la vida humana.