En los últimos días se han aclarado algunas dudas sustanciales que se cernían sobre los escenarios políticos de futuro de nuestro entorno: en Catalunya, con gobierno pero sin presupuestos desde el 2018, parece que para el 2020 están encauzados; y en España finalmente hay gobierno, y previsiblemente también habrá presupuestos para el 2020.

Más allá del grado de estabilidad de uno y otro gobierno, está claro que los presupuestos tendrán un perfil más social que antes. El de la Generalitat, con el acuerdo de JuntsxCat y ERC con En Comú Podem (y con la curiosa ausencia de los socialistas), está bastante definido, al menos con respecto a los ingresos. El del Estado, sin concretar, pero que se puede perfilar a partir del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. En uno y otro caso, con calendarios diferentes, se notará el peso de quien condiciona la aprobación presupuestaria, que es el bloque "Podem/Podemos". El giro entra dentro de la más pura lógica democrática que se expresa en las sumas de diputados en los respectivos parlamentos.

Los presupuestos catalán (en discusión) y español (que se abordará seguramente de manera inminente) comparten planteamientos, pero también presentan alguna diferencia sustancial. Veámoslo centrándonos en los trazos más gruesos de los esbozos presupuestarios respectivos y de los acuerdos que los determinan.

Empezando por los ingresos, tanto en Catalunya como en España, se aumentará la presión fiscal vía IRPF sobre las rentas más altas, cada territorio en su tramo competencial, de manera que los que ganan más dinero pagarán más que antes. En Catalunya, el aumento se acompaña de una rebaja de la carga fiscal de las rentas más bajas, pero en conjunto el ingreso por IRPF aumentará.

Queda garantizado un aumento el gasto social y más redistribución de renta en beneficio de los menos favorecidos

Adicionalmente, la necesidad de más ingresos ha llevado al gobierno a aumentar también la presión fiscal en el caso de sucesiones. En España también se prevé aumentar la presión por IRPF a las rentas más altas, pero también se prevén aumentos en el impuesto de sociedades (sobre el que Catalunya no tiene nada que decir ni hacer) de las grandes corporaciones, a la vez que se prevé rebajar lo que pagan las pymes que facturan menos de 1 millón de euros. Los ingresos, por lo tanto, se refuerzan con una fiscalidad de carácter progresivo, como era de esperar interviniendo como interviene un partido que es claramente de izquierdas.

Los gastos van en la misma línea, aunque se pueden concretar menos cosas porque o están en proceso de negociación (Catalunya: reducción de tasas universitarias, impulso de jardines de infancia, etc.) o sólo se pueden entrever de los acuerdos generales de gobierno en el caso español. Sea finalmente cuál sea, queda garantizado un aumento el gasto social y más redistribución de renta en beneficio de los menos favorecidos.

Aparte de lo anterior, en España se anuncian medidas normativas, algunas de las cuales comportarán más gasto, como la actualización de algunas pensiones, y otros con impacto sobre el mundo empresarial, como previsibles modificaciones de la reforma laboral o el aumento del salario mínimo interprofesional. Por cierto, el Gobierno tiene prevista una ley que es imperiosamente necesaria, la del cambio climático, que también podría originar gastos importantes. La Generalitat esta ley ya la tiene desde el 2017, pero su incidencia normativa y presupuestaria ha sido escasa. Esperamos que unos y otros se pongan manos a la obra, que la cuestión es de una urgencia extrema.

Situados en este punto, con coincidencias y diferencias de prioridades y posibilidades presupuestarias, vale la pena recordar algunos rasgos de carácter estructural que se ciernen sobre las decisiones que se pueden tomar en Catalunya en relación a las del Estado: 1) Catalunya cumple (por favor, a la fuerza) escrupulosamente los límites de déficit del sector público (en 2020, 0% del PIB), cosa que no hace el gobierno estatal, el cual no para de engrosar su deuda; 2) Catalunya equilibra presupuestos con el condicionante del déficit fiscal con el Estado (un crónico 8% del PIB), sin el cual ingresos y gastos (sociales y de otro tipo) aumentarían algunos millares de millones de euros; 3) Catalunya sufre la competencia fiscal de la capital del Estado, que se permite prescindir del impuesto de sucesiones y prácticamente no pagar por patrimonio, mientras la Generalitat tiene que buscar dinero debajo las piedras, si el Estado se lo deja buscar.