Mi percepción de la justicia española en Catalunya ha pasado en los últimos años de ser mala a muy mala por diferentes motivos, entre los cuales destacan los de carácter operativo y los de carácter ideológico. La justicia es desesperadamente lenta por falta de medios y también por prácticas organizativas que no superarían ningún filtro de funcionamiento de cualquier empresa privada. ¡Son organizaciones del siglo XX, no del siglo XXI, del que ya llevamos 20 años! A la lentitud operativa se tiene que añadir un atributo que caracteriza al menos la cúpula judicial española, que es su sesgo ideológico, ampliamente demostrado en juicios y sentencias de los últimos años y también en muchos procesos en curso.

Mi percepción negativa de la justicia viene generada por lo que pasa en el resto del Estado, en particular en Madrid, y por lo que pasa en Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, presidido por Jesús Maria Barrientos, un magistrado lo bastante significado del sesgo ideológico que indicaba antes, acaba de convencerme de que la gestión de la cúpula judicial no es muy mala, sino pésima. No por un motivo ideológico más, sino por una razón operativa.

Resulta que los juzgados de Catalunya acumulan un colapso histórico y crónico. La Covid-19 lo ha acentuado todavía más debido al confinamiento general, al aplazamiento de juicios y al casi parón administrativo. Ahora mismo, si al colapso previo de los juzgados y a la inactividad, añadimos la masiva entrada de nuevos casos que no se habían podido entrar y de muchos casos nuevos generados en el marco del mismo estado de alarma, el panorama judicial es decepcionante. ¡Menos mal que el problema afecta a algo tan importante para un sistema social y económico como es repartir justicia! Bien, parece que los juicios rápidos, que en teoría se tendrían que celebrar como mucho en 15 días, ya se programan (con un cambio de unidad de medida que resulta dramático) a 15 meses vista.

Durante el estado de alarma, se puede decir que jueces y otros empleados no han trabajado. Sin embargo han seguido cobrando las retribuciones correspondientes, hasta aquí nada de nuevo en el mundo de los empleados públicos. Con el fin de descongestionar un poco el colapso, el Consejo General del Poder Judicial (español) ha sugerido, entre otras cosas, que el agosto sea un mes hábil a todos los efectos. Que los jueces y todo el aparato administrativo que los asiste trabajen durante un mes en el cual inicialmente se paraba la actividad judicial. Pues resulta que el TSJC que encabeza el Sr. Barrientos "no cuenta con que los magistrados dejen de hacer vacaciones este agosto, porque podría ser contraproducente para reprogramar las actuaciones del resto del año," según recoge el diario Ara (4/6/20).

A ver. Que una organización que está en su casa sin trabajar durante más de dos meses, cobrando el 100% de su sueldo, no sea capaz de hacer trabajar a su personal del 11 al 31 de agosto, cuando inicialmente quedaba todo cerrado, demuestra que algo no marcha bien. Será tan legal como digan los juristas, nadie lo pone en duda, pero no es lógico, a mí me parece de sentido común. Más todavía en un servicio crítico como repartir justicia, con los problemas que ya lleva acumulados.

Sabiendo eso, lo más lógico hubiera sido aplicar un ERTE a los jueces. Había una alternativa parcial más respetuosa con sus derechos laborales, que era aplicarlos y el Real Decreto-ley 10/2020 por el cual se regulaba durante unos días (entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos incluidos) un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio. Eran pocos días, pero habría permitido obligarles a trabajar todo el agosto. Habría sido justo, necesario y habría mejorado la ya bastante deteriorada imagen de la justicia en Catalunya. Pero el Sr. Barrientos, tan valiente y desinhibido por otras cosas, no se atrevió. ¡Una pena!

Modest Guinjoan, economista.

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