Estamos asistiendo por enésima vez a una huelga de trabajadores de Renfe que colapsan el sistema de transporte de personas, por tren y, de rebote, por los otros medios que se ven afectados. Es una canción que se repite y que se sitúa en un marco ferroviario del Estado en Catalunya que es de pena, como he tratado en otros artículos. Ahora el actor principal ha sido el sindicato de maquinistas (Semaf), al cual se acaba de añadir otro sindicato (el SF). A pesar de estar establecidos servicios mínimos que hubieran hecho poco traumática la huelga en cuestión, a base de argucias y excusas que no entraré a valorar, estos han quedado reducidos en la práctica a la mínima expresión. El resultado: caos, desinformación, millones de horas perdidas de los usuarios, molestias, indignación, impotencia y un largo etcétera.

Lo que es grave y abusivo de Renfe, que presta un servicio esencial concedido por gracia del Estado, es que la compañía pueda incumplir el contrato prácticamente sin coste. Seguro que los huelguistas tienen justificadas la mayoría de sus reivindicaciones, pero incumplir los servicios mínimos es una desobediencia. En otros ámbitos, ya sabemos qué coste tiene eso. En Renfe, cero.

Uno de los motivos de la huelga de los maquinistas es de carácter político: no quieren que el servicio se traspase a la Generalitat, lo cual podría incluir personal y trenes de la operadora, entre otros. Se trataría de un traspaso un poco más serio que el del 2010, cuando se reconocía la titularidad del servicio de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, pero sin dinero, ni competencias sustanciales.

Uno de los motivos de la huelga de los maquinistas es de carácter político: no quieren que el servicio se traspase a la Generalitat, lo cual podría incluir personal y trenes de la operadora

Es un misterio cómo acabará la negociación sobre el tema entre el Govern y el Ministerio de Transportes. Si hacemos caso al poder que tienen los sindicatos de Renfe (como pasa con los altos funcionarios del Ministerio de Foment o con la policía), uno debería ser pesimista. ¡Menos mal que es un medio de transporte crítico para millones de personas y que tendría que jugar un papel clave en el futuro de la movilidad! Pero eso a Renfe o bien le importa poco (no lo creo) o se ve impotente ante el poder real de los grupos de interés que tiene dentro de la compañía. Resultado ilustrativo: en los servicios mínimos manda todo el mundo menos la Generalitat, que es quien los establece.

Veremos si el traspaso a la Generalitat se produce y en qué términos. Sobre todo en un punto de las demandas del Semaf, que apuesta por continuar el contrato programa actual y por firmar uno nuevo entre la Generalitat y Renfe, que hace años que se espera. Hace bien la Generalitat en no tener prisa. Si consigue las competencias y el dinero asociado, antes tendría que sopesar esmeradamente qué servicio de cercanías se quiere prestar a los usuarios, que debería ser el norte de todo. Después, quién tiene que ser el operador. En contra de la candidatura de Renfe hay una larga trayectoria de mal servicio, con un prestigio bajo mínimos que huelgas como la actual no hacen más que afianzarlo. Tomar decisiones sobre inversiones, estrategias, problemas, necesidades, aspectos operativos a 600 km de distancia da como resultado la infraestructura y los servicios que tenemos. Si añadimos que los huelguistas recurrentes de Renfe no piensan en el usuario, sino en ellos, y que lo hacen desde una posición de fuerza imbatible (equiparable a la posición de debilidad de la dirección), estamos ante una organización nada modélica, para decirlo suave y respetuosamente.

Si se da el caso, yo, de la Generalitat, me lo pensaría dos veces antes de conceder a Renfe ser el operador de Rodalies. El mercado está abierto a la competencia, y del mismo modo que a Renfe le interesa el mercado catalán, otras compañías (o alianzas) no necesariamente españolas, también lo pueden encontrar atractivo. Imaginemos que la Generalitat decide que a partir del 2023 el operador del servicio de cercanías será otro. Los empleados de Renfe seguirían en Renfe (quizás en otros destinos) o tratarían de entrar en la plantilla del nuevo operador, aunque fuera perdiendo algún privilegio. El parque móvil podría ser objeto de un mantenimiento inadecuado y desvalorizarse, entonces el nuevo operador adquiriría uno nuevo, lo que no estaría mal. Seguramente que habría nuevas huelgas de protesta y un pésimo servicio al ciudadano durante la transición. Todo eso podría ser, y no sería tan diferente de lo que pasa ahora sin traspaso a la Generalitat.

Sin duda, lo mejor para el Estado y la Generalitat, que son los que tendrían que mandar, es sentarse a negociar pensando exclusivamente en cómo prestar un buen servicio al usuario (competencias y dinero). Renfe, y sus poderosos sindicatos, han demostrado más de una vez que eso no les preocupa demasiado... o nada.