La decisión del Tribunal Supremo de aplicar la ley de amnistía a Josep Costa ha provocado una durísima reacción del exvicepresidente del Parlament, que ha dejado claro que no reconoce la legitimidad del alto tribunal. "Me importa un rábano lo que diga el Tribunal Supremo, la puta Constitución o la monarquía delincuente en nombre de la cual dictan sentencias", ha escrito, antes de añadir que, si bien felicita "a quien haya luchado por la amnistía", él no reconoce a los jueces "ninguna autoridad" ni para juzgarlo ni tampoco "para absolverme ni amnistiarme".
Las declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo haya acordado aplicar la ley de amnistía en la causa contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y el mismo Josep Costa, todos ellos encausados por un delito de desobediencia. La misma decisión también beneficia al exalcalde de Sabadell Maties Serracant y a tres activistas encausados por desórdenes públicos.
En las diferentes resoluciones dictadas este jueves, el Tribunal Supremo sostiene que "quedan amnistiados los actos protagonizados" por todos los afectados, en aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, Costa ha querido desmarcarse de cualquier validación de la decisión judicial y ha insistido en que no reconoce la legitimidad del tribunal ni de las instituciones en nombre de las cuales actúa.
M’importa un rave el que diga el Tribunal Suprem, la puta Constitució o la monarquia delinqüent en nom de la qual dicten sentències.
— Josep Costa (@josepcosta) July 24, 2026
Qui hagi lluitat per l’amnistia, enhorabona.
Si jo no els reconec cap autoritat per jutjar-me tampoc els la reconec per absoldre’m ni amnistiar-me. pic.twitter.com/OO35VSEiJk
Tanto Costa como el resto de integrantes de la Mesa del Parlament fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pero la Fiscalía y Vox presentaron recurso de casación ante el Supremo. La Fiscalía solicitaba que Torrent, Costa y Campdepadrós fueran castigados a 20 meses de inhabilitación a cargo público y multa y para Delgado, 16 meses de inhabilitación. La acusación popular pedía el mismo castigo.
La decisión del Tribunal Supremo se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que la ley de amnistía cumple con el Derecho comunitario, al considerar que no afecta a los intereses financieros de la UE ni contraviene la legislación europea sobre terrorismo, teniendo en cuenta que "facilita la reconciliación". Tras el anuncio de la absolución de los miembros de la Mesa del Parlament, la mayoría de los diputados del pleno de la cámara catalana celebró la decisión.