La relación del estado español con la economía catalana ha sido ampliamente estudiada por multitud de expertos y de instituciones a lo largo de la historia moderna. Los resultados son coincidentes en señalar que pertenecer a España es un mal negocio para la población de Catalunya, tal como nos recuerdan las recurrentes cuantificaciones de un déficit fiscal que no disminuye o la histórica política de inversiones estatales claramente discriminatoria.

Algunos hablan de espolio fiscal, otros lo califican como "España nos frena"; llámenlo como quieran, pero la evidencia es que Catalunya es la mejor vaca de un rebaño que el propietario ordeña permanentemente y que alimenta lo justo para seguir ordeñándola. Y como las vacas raramente se rebelan, y si lo hacen recibirán jarabe de palo, el Estado se puede permitir hacer, literalmente, lo que quiera: generar un déficit fiscal que anualmente empobrece la economía catalana en 16.000 millones (equivalente al 8% del PIB) según un sistema de cálculo o de 12.000 millones según otro. En cualquier caso, un disparate. Eso sin especificar que en un ámbito económicamente tan sensible como la inversión en infraestructuras públicas, de acuerdo con la Cambra de Comerç, el trato ha sido también históricamente tan deficitario que harían falta más de 45.000 millones de inversión bruta para compensarlo.

Las quejas de instituciones y expertos con respecto al maltrato que recibe económicamente el país, guiadas por el sentido común y procedentes de orígenes políticamente distanciados, son estériles. El Estado no modifica ni piensa modificar su trato a la vaca. Hacen gracia, en este contexto, aquellos que tildan los argumentos de victimistas; y todavía más gracioso es que los que lo dicen son catalanes que figuran entre los perjudicados, empobrecidos, frenados.

Al crónico menosprecio económico se le ha añadido en los últimos 3 años el menosprecio político y la represión judicial contra personas que han cometido el delito de ser independentistas y preguntar a la población qué piensan de su relación con España. Una cúpula judicial politizada se ha ensañado contra demócratas pacíficos que han cometido delitos que no encuentran castigo fuera de las fronteras españolas. La asimetría de trato que se da con otros casos judiciales es escandalosa, un reflejo de hasta dónde llega la sed de venganza y de escarmiento. Y un reflejo de la voluntad política que hay detrás. Personalmente, creo que en el debate político, hacer presidente al Sr. Sánchez, la mesa de diálogo, el intento de indultar presos y la presión para aprobar presupuestos no sirven para resolver un problema para el que no hay auténtica voluntad de resolver, sino de ganar por 10 a 0.

El Estado se puede permitir hacer, literalmente, lo que quiera: generar un déficit fiscal que anualmente empobrece la economía catalana en 16.000 millones (equivalente al 8% del PIB) según un sistema de cálculo o de 12.000 millones según otro

El último episodio, la decapitación de la presidencia de la Generalitat por una pancarta, es un paso más. La represión no tiene límites y tiene un futuro repleto de casos pendientes en una causa general. Al menosprecio político no se le avista solución; al menosprecio judicial sólo le queda la esperanza de que de aquí bastantes años la justicia europea lo anule todo. Será, en todo caso, cuando ya no servirá de nada, porque la venganza no se ha servido fría, sino bien caliente, independientemente de las consecuencias. A los Marchena, a los Llarena, a los Zaragoza y compañía les cogerá bien jubilados y convencidos de que castigaron como debían a los rebeldes del bien superior que es la unidad de España. El prestigio no es ninguna salvaguardia en un sistema judicial corrupto.

A una víctima económicamente sujeta como la catalana, políticamente y judicialmente perseguida de manera obsesiva, aparte de la queja, ¿qué le queda para resolver el problema de encaje? ¿Tirarse por la ventana? Aunque gustaría a más cuatro unionistas y simpatizantes de derecha e izquierda, no es la solución. La inversión de hacerse el simpático con España es inútil. Colaborar en la gobernabilidad muy probablemente también. Por otra parte, desobedeciendo, como se hizo con el 1-O y con las pancartas, deriva en represión pura y dura. No hay más solución que persistir. Los políticos tienen trabajo.

En cualquier caso, a cada salto cualitativo del menosprecio, la jaula cada vez es más asfixiante y coge más fuerza el argumento independentista, por lejos y difícil que quede su consecución. La próxima estación, las elecciones de febrero y seguramente más cosas. Y no parar de denunciar ante la justicia europea cómo las gasta un Estado caradura que defiende que su justicia es igual para todo el mundo. ¿Hace falta repasar algunos ejemplos? China y Turquía están más cerca de lo que parecía.

 

Modest Guinjoan, economista.

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