Impartir justicia no es una ciencia exacta. Ni mucho menos. El papel de los jueces es delicado porque tienen en sus manos la última palabra en la resolución de conflictos o en la decisión sobre la culpa y el castigo que merecen a unos imputados, a partir de pruebas. Un juez, por definición, tiene que tratar de manera imparcial personas y casos, y por eso se los exige gran conocimiento de las leyes y de la jurisprudencia, objetividad y, fundamental, independencia.

No obstante lo anterior, los jueces no dejan de ser humanos y pueden cometer errores, llevados por convicciones personales, influidos por el entorno social, por presiones, etcétera. A veces, raramente, dictan sentencias intencionadas, prevarican, condenan sabiendo que es injusto. En casos como estos se tiene que poder recurrir, y de hecho las sentencias son revisables por parte de los estamentos judiciales superiores, que pueden confirmarlas, pero también pueden modificarlas o incluso revocarlas. No hace falta decir que la existencia de esta autoridad superior es una salvaguardia fundamental del funcionamiento del sistema.

¿Qué pasa cuando no hay autoridad superior que vigile que efectivamente se imparte justicia, como es el caso del Tribunal Supremo?

En términos económicos, que a un juez normal y corriente le modifiquen o revoquen una sentencia hecha con buena fe, le representa costes, al menos de dos tipos: 1) su prestigio pierde valor, y 2) pierde puntos en su carrera profesional de cara al futuro, sobre todo si se trata de un juez joven. Otros costes que tendría en el sector privado, como el despido, rarisimamente se dan. No hay que decir que en caso de prevaricación, un juez es un delincuente más, y está sujeto a responsabilidades civiles y penales, pero eso pasa muy poco en un cuerpo de personas "selectas" y muy corporativizado.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay autoridad superior que vigile que efectivamente se imparte justicia, como es el caso del Tribunal Supremo? (Ese tribunal que nos encontramos hasta la sopa debido al papel que ha asumido en la decapitación del movimiento independentista). Después del Supremo no hay nada con cara y ojos. La instancia superior con poder real es la europea, pero su actuación queda lejos en el tiempo y está desconectada de la realidad en la que se da el conflicto, de manera que raramente entra en cuestiones de fondo (sí que es sensible a las cuestiones de forma). Cuando esta instancia superior sentencia, el mal ya está hecho como muestran muchas experiencias con España.

Imaginamos que en la causa general contra el independentismo se haya prevaricado encarcelando durante años a personas sin juicio e interfiriendo indebidamente en los procedimientos de elecciones democráticas. De aquí a unos años se sabrá, pero mientras tanto los jueces del Supremo actúan con toda libertad, castigando demócratas pacifistas y provocando el exilio en otros a personas que han sido declarados inocentes en juzgados de diferentes países europeos. Eso tiene todo el pinta de venganza preventiva y de injusticia flagrante.

Hace poco que un miembro de este tan alto tribunal, Antonio de Moral, ha afirmado que la sentencia tardará por "la complejidad de lo que se está jugando". No puedo estar más desacuerdo. Lo que se juega es muy simple, es si Catalunya puede votar ser un país normal, como Austria o Dinamarca. Otra cosa es que las estructuras de estado hayan mareado la perdiz a base de provocaciones a la sociedad catalana partidaria de votar y que a partir de aquí se haya montado un show judicial para justificar el escarmiento de los líderes de los "insurrectos".

Entonces, ¿tendría algún coste para estos jueces si se demuestra que han prevaricado en las sentencias de condena (las tomadas de facto y las que puedan venir)? La respuesta es que no, porque 1) nadie de fuera osaría castigar severamente a un juez de la más alta cúpula judicial de un país, a la cual solo llegan (teóricamente) los mejor preparados?; 2) si los castigaran, cuando llegue la sentencia estos jueces estarán todos jubilados, y es que al Supremo los jueces llegan a edad madura; 3) por lo anterior, una condena de los jueces no influiría en su carrera profesional y 4) su prestigio profesional quedaría intacto por las convicciones a las que me he referido más arriba.

Según todos los indicios y la percepción de bastantes millones de catalanes, los miembros del Tribunal Supremo (y las estructuras del estado que hay detrás de la persecución del independentismo), están convencidos de ser depositarios de preservar la unidad de España. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga, aunque esté haciendo el ridículo en el ámbito internacional. La verdad es que con esta justicia de última instancia, a la que le sale gratis aplicar la injusticia, con el añadido de considerarse los elegidos para abanderar una cruzada de valor nacional superior, ¿cómo quieren que no queramos largarnos?