Esta semana se ha celebrado sin pena ni gloria la segunda reunión de la llamada mesa de diálogo. La primera la lideraron los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, se tenía que reunir cada mes y lo ha hecho 18 meses después. No hacerla operativa durante tanto tiempo con la excusa de que en Catalunya no había gobierno es eso, una excusa, que pone de relieve falta de voluntad de fondo o bien impotencia, como si no se pudiera avanzar en la solución del conflicto político más allá del postureo.

En la mesa de diálogo hay dos partes completamente asimétricas: la catalana, que tiene las de perder y que, además, no se pone de acuerdo en la estrategia política que hay que seguir después del gran embate que significó para el Estado el "delito" de preguntar a la población sobre la futura relación catalano-española; y la española, que siempre tiene las de ganar, porque es la que tiene un estado detrás y dispone de fuerzas de todo tipo para imponerse.

Como que la parte española no cesa en su vía represiva, y como ya ha dicho de todas las maneras posibles que de las dos prioridades políticas catalanas (amnistía y ejercicio del derecho a la autodeterminación) ni hablar, si en algo hay que poner énfasis es en hablar de aspectos económicos y sociales. Aprovechando la ocasión que le brinda Pedro Sánchez, y como la parte catalana no tiene ninguna capacidad para meter las prioridades políticas, la mesa de diálogo tendría que poder servir para corregir el menosprecio económico crónico que recibe Catalunya, manden las derechas, manden las izquierdas, manden los del medio.

Vistas las posiciones que toma cada parte en la mesa de diálogo, ¿no sería el momento por parte catalana de recuperar la propuesta de un pacto fiscal que permitiera un concierto como el del País Vasco y Navarra?

A mi entender, hay tres temas que son cruciales y que se deberían plantear desde el primer momento:

  • Un sistema de financiación justo, que pusiera fin a la enorme detracción de recursos que representa el déficit fiscal, del cual no hablamos lo suficiente y que nos empobrece de manera sostenida cada año, cada mes, cada día. Por mantener las estructuras de estado y por la solidaridad interterritorial, no ha habido voluntad política de resolver este problema, a pesar de que se trata de un sistema caducado. El Gobierno de progreso tiene una ocasión de enmendar el error. Vistas las posiciones que toma cada parte en la mesa de diálogo, ¿no sería el momento por parte catalana de recuperar la propuesta de un pacto fiscal que permitiera un concierto como el del País Vasco y Navarra? Generalizable a todo el Estado y que lo adoptaran las comunidades que lo quisieran. Como afirma el profesor experto en hacienda pública Guillem López Casasnovas, la Constitución lo ampararía.
  • El traspaso de la gestión de las infraestructuras de titularidad pública: autopistas, autovías, aeropuertos de El Prat, de Reus y de Girona, y puertos de Barcelona y de Tarragona.
  • Una inversión pública ecuánime: el déficit que se lleva acumulado es de vergüenza, tal y como lo ponen de relieve múltiples instituciones, entre las cuales la nada sospechosa patronal Foment del Treball. Y un apéndice también de vergüenza: cumplir los compromisos de inversión. El prestigio del Estado a la hora de ejecutar en Catalunya presupuestos de inversión, aprobados por el Congreso de Diputados, está bajo cero.

Los tres ámbitos indicados han sido denunciados infinitas veces por parte catalana, sin más respuesta que los oídos sordos, un recurrente "vaya, vaya, desde luego", "ya iremos hablando de ello" o "en la próxima legislatura". Si la mesa de diálogo no avanza en estos temas de manera firme, con plazos razonables y con voluntad española política decidida, la mesa no servirá para nada más que para marear la perdiz. Y para eso no hay que perder el tiempo. Y seguramente que tampoco hay que regalar el poder real que disponen los catalanes a Madrid. Sánchez ha obtenido gracias a ellos dos cosas imprescindibles para mandar en política: la presidencia (y el gobierno, claro) y los presupuestos. Como en toda transacción, se esperaría una correspondencia a la altura.

En definitiva, si la mesa de diálogo, puesto que del conflicto político no se quiere hablar, no tiene que servir para avanzar de manera tangible y firme en la resolución del conflicto económico crónico entre Catalunya y el Estado, ¿de qué sirve?