Son tiempos movidos en Catalunya y en el estado español. Y de tristeza para los que hemos luchado por los valores democráticos y que tenemos la manía de interpretar la realidad social y política con una cierta perspectiva económica.

En el 2011, un insigne economista, al presentar un libro relativo a los efectos esperables de un boicot comercial por parte del mercado español a los productos catalanes, me dijo que era un trabajo desacomplejado. Me pareció un calificativo adecuado, porque expresaba lo que había detrás de aquel estudio hecho con Xavier Cuadras con el máximo rigor técnico que fuimos capaces. No hacíamos más que poner sobre la mesa una posible reacción económica específica a la hipotética independencia catalana. Creo que no me equivoco si digo que hoy haríamos el mismo trabajo, pero añadiendo algunos aspectos que no imaginábamos que se pudieran dar, como el boicot económico del Estado: el que se produjo sacando depósitos de los bancos catalanes, el decreto facilitando cambios de sedes sociales, etcétera. En cualquier caso, si en aquellos momentos la sociedad catalana entraba en una oleada de desacomplejamiento, esta actitud social con respecto al estado español no ha hecho más que aumentar. Y la sentencia a los presos y la represión que se pueda aplicar a partir de ahora, no hará más que alimentar todavía más el desacomplejamiento. Porque estamos en el siglo XXI y miramos adelante y no hacia atrás.

Precisamente sobre la sentencia del Tribunal Supremo, otro economista, de quien escucho siempre sus afinadas percepciones sobre la problemática económica y política de la independencia, me decía hace pocos días que estamos indefensos.

El montaje que ha hecho quien ostenta el poder coactivo con mayúsculas para acabar condenando a una suma de 100 años a cargos electos, a demócratas, buenas personas y pacíficos, es indicativo de la calidad del Estado que lo aplica. ¿Y en manos de quién está, este estado? No está en manos de los políticos electos, que son los que tendrían que haber encauzado la solución del "problema" catalán hacia la política. No, son las estructuras del Estado, unas estructuras asentadas en Madrid con cultura de someter, no de hablar.

No hay que ser muy desconfiado para ver que detrás de la operación que ha acabado en la condena hay una retahíla de acciones de provocación para ver si se cae en la trampa de la violencia

Estos son los que mandan en la relación política y económica entre Catalunya y España. Incluso en caso de que los políticos (que están de paso) hubieran querido resolver la situación, se hubieran encontrado acondicionados por los que realmente mandan, por los poderes fácticos del Estado (que son permanentes). ¿Cuáles son estos poderes?

En primer lugar, las fuerzas de seguridad, que tienen el monopolio de la fuerza. Que un dirigente de la Guardia Civil diga ante miembros del Gobierno y de diputados socialistas como el Sr. Zaragoza, después de abrazos con el fiscal azote de demócratas Sr. Zaragoza, que volverán a zurrar a la población catalana si hace falta, ejemplariza quién tiene el poder "ejecutivo". Eso es la fuerza.

En segundo lugar, traspasado el problema catalán a la esfera judicial, los relatos del Supremo, del juez Llarena, de la jueza Lamela, del fiscal Zaragoza, de la abogada del Estado, de la secretaria judicial que salta tejados, son de ciencia-ficción. Estos actores necesarios de la sentencia no han ido nunca a ninguna concentración independentista, no puede ser que sepan de qué hablan. Y sin embargo, tienen el poder de interpretar en clave unionista (no neutral, como tocaría), de disponer de la vida de otros y de interpretar las leyes como les conviene.

No hay que ser muy desconfiado para ver que detrás de la operación que ha acabado en la condena hay una retahíla de acciones de provocación para ver si se cae en la trampa de la violencia: desde el registro del 20 de septiembre dejando armas en los coches, al cerco de la sede de la CUP, pasando por la opción de violencia policial del 1-O, hasta la detención de CDR el mes pasado. Todo este montaje ha servido para la representación judicial de una sentencia que hace años que estaba dictada. Eso es el amparo judicial, que vende bien en el resto del mundo, aunque sea manipulado e injusto.

En tercer lugar, hace falta la cobertura de la máxima representación del Estado, el Rey. Este bendijo la persecución policial y judicial. Pasó de ser un "florero", que es lo que tendría que ser, dicho con todas las simpatías, a un actor de reserva necesario, quien da el visto bueno a la persecución.

Quedaban lejos los cantos de La Trinca cuando el dictador agonizaba, pero vuelven a ser de actualidad. En su famoso tema "Califa" los de Canet decían que cuando conviene se aplica el artículo 26. ¿Que qué dice? "Diu l’article vint-i-sis, diu l’article vint-i-sis, que en un cas de compromís, que en un cas de compromís, el califa pot si cal, refregar-se l’engonal i passar-se pels dallonses totes les lleis del país". El califa actual no es el Rey, es el triunvirato Guardia Civil, cúpula judicial y Rey.

¿Y la política? ¿Y los representantes democráticos? ¿Dónde están? Realmente, malos tiempos para la democracia. Habíamos invertido en este valor, pensando que iba al alza, pero va peor que las acciones de la banca española (y sobre todo excatalana).