La absolución de Sandro Rosell por presuntos delitos que lo llevaron a una prisión preventiva de casi 2 años, está siendo objeto de todo tipo de análisis por parte de los medios de comunicación. Bien, no todos, porque como el caso tiene indicios de llevar una mochila de connotaciones políticas, los medios impulsores y afines a la causa que hay detrás pasan de puntillas o simplemente callan.
La utilización de la justicia como brazo ejecutor de venganza política es una pésima noticia para España y para la justicia. Y el caso de Rosell sólo es un botón de muestra, la persecución a independentistas, también sometidos a prisión preventiva, es otro. Es una mala noticia para España porque homologa la democracia del país con las democracias incipientes herederas de las dictaduras, en las que los viejos mandamases o sus hijos gobiernan las estructuras de poder. Con la diferencia que lo que antes eran castigos corporales o capitales, ahora toman otras formas. Para la justicia también es una pésima noticia, porque se convierte en actora de la venganza, demuestra animosidad y de juez y parte, que es lo contrario de la imparcialidad que se esperaría de ella. Los ejemplos de politización judicial, de connivencia con el poder, de tolerancia con los condenados son demasiado abundantes y suficientemente conocidos (aquel que va armado hasta los dientes, que manifiesta que quiere matar al presidente del gobierno y no le pasa nada, el caso de Altsasu, La Manada, Urdangarin, el enriquecimiento del rey emérito, los tratos de favor en la banca, a exministros, etc.).
Volviendo a Sandro Rosell y a los presos políticos, los jueces implicados en la prisión preventiva supongo que deben saber que esta medida tiene costes, y no sólo para el preso que todavía no ha sido declarado culpable. O quizás sí que lo saben y por eso la practican, como si se tratara de una entrega a cuenta de la condena que esperan. Podemos distinguir cuatro bloques de costes en función de los actores afectados por la decisión de privar de libertad personas no condenadas.
Los principales afectados son los presos, que sufren dos tipos de costes. El primero es el coste económico, mesurable en dinero con la pérdida de ingresos que se produce por actividad cesante, dado que mientras están en prisión no pueden trabajar; por ejemplo, si Lamela, Llarena o Marchena sufrieran prisión provisional, dejarían de cobrar los más de 110.000 euros que les paga el sector público y no saben si alguna cosa más. El segundo coste del prisionero provisional es el psicológico personal, de verse perseguido sin juicio, e incurrir en los mismos costes que los condenados: ruptura del espacio vital de relaciones (pareja, hijos, padres, amigos, etcétera), ruptura de carreras profesionales, ruptura de hábitos y, en general, ruptura del proyecto vital personal. Eso, si no se añaden episodios de procedimientos vejatorios, como parece que recibieron los presos políticos en su primer traslado a prisión y el traslado como si fueran ganado desde Catalunya a Madrid antes de empezar el juicio al procés.
La utilización de la justicia como brazo ejecutor de venganza política es una pésima noticia para España y para la justicia
Los segundos que soportan costes directos son las personas más próximas a los presos preventivos, sobre todo los familiares. Sufren un cambio de escenario en su espacio vital, dominado por la ausencia del preso, que es sustituida por visitas de minutos cada tanto en tanto con un cristal por en medio. Este es un coste enorme que no se puede cuantificar en euros. Sí que puede hacerse con otros costes derivados como son los traslados para visitar a los presos (costes directos de transporte y costes indirectos de tiempo), que no son poca cosa. Cuanto más lejos peor, y eso puede formar parte del castigo.
El tercero que aguanta costes de prisión preventiva es la sociedad misma, que se siente víctima del abuso. Ve con desengaño que la justicia se convierte en instrumento y tal vez actor de venganza anticipada, con todo el amparo legal que uno quiera, pero venganza en definitiva. Este coste toca la médula del sistema democrático, hace dudar de la calidad democrática y de la justicia. También en este ámbito de coste para la sociedad habría que situar un coste minúsculo con respecto a los anteriores pero real: la prisión preventiva cuesta dinero de nuestros impuestos.
¿Y qué pasa con el juez que decreta (y los jueces que mantienen) la prisión preventiva dictada por inspiración política? ¿Asumen costes por su actuación? Pues económicos directos no, porque por dictar órdenes de este tipo no reciben un aumento de sueldo. Sin embargo, en cambio, pueden obtener premios, en forma de promoción profesional si quien evalúa es de la misma cuerda ideológica. Sí que el juez puede incurrir en costes indirectos si la prisión preventiva se demuestra que era abusiva o arbitraria: el desprestigio profesional, pero eso siempre es opinable en un cuerpo que se cree que tiene el poder en su máxima expresión, que se considera una élite intelectual y que es tan corporativo como la justicia, más si hablamos de la justicia suprema.
Al final, hacer pagar todos estos costes para no conseguir nada más que el castigo de algunos representantes de 2,3 millones de desobedientes pacíficos, sin otro éxito más, porque los condenados no dejarán de pensar como piensan. Personalmente no dudo de que algún día en vez de castigo tendrán premio, a pesar del mientras tanto.