En el artículo de ayer, relativo a la conferencia que el lunes pasado dieron Jordi Angusto y Josep Reyner en el Colegio de Economistas de Catalunya, traté su conclusión de que el estado autonómico no ha servido para hacer convergir el producto por habitante y sí ha servido, en cambio, para potenciar económica y demográficamente Madrid.
El otro gran eje del análisis de los autores, hecho en respuesta al informe de la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas al cual ayer me refería como el Informe45, es la financiación de las comunidades autónomas desde que existen como tal hasta la actualidad. Dos dimensiones de esta financiación definen la trayectoria que se ha seguido: qué grado de justicia o equidad, y con cuál de eficiencia.
Sobre el grado de justicia, los autores ponen de relieve como primer punto que el Informe45 prescinde de considerar el País Vasco y Navarra, dado que se rigen por el régimen foral. A pesar de ser muy ricas, estas comunidades quedan al margen de la solidaridad interterritorial y disponen de una dotación de recursos por habitante manifiestamente superior al resto. Los autores se remiten a un estudio dirigido por A. de la Fuente de 2017 que indica que la financiación por habitante en las comunidades forales es un 220% superior al de la media del resto de territorios.
Un segundo punto es que el Informe45, cuando trata la financiación de las autonomías, prescinde de la inversión del Estado, lo cual es una carencia importante, por dos motivos: 1) el Madrid aparentemente perjudicado por el sistema de financiación no lo está tanto porque recibe sobreinversión del Estado y no para de aumentar su cuota de capital público estatal; y 2) este aumento tiene, al mismo tiempo, un efecto arrastre de capital privado. Al fin y al cabo va en favor de que Madrid gane peso económico en el conjunto estatal.
En las comunidades donde más ha crecido la población, la financiación por habitante ha crecido menos. Así, se da la paradoja que, además de recibir menos dinero, en estas comunidades ha aumentado la necesidad de prestación de servicios
Un tercer punto hace referencia a que si la voluntad subyacente del Estado con el sistema de financiación era igualar lo que reciben las comunidades para financiar servicios públicos iguales por todo (sanidad, educación, guardes sociales, etc.), el mecanismo ha fracasado. [Aclaramos que el Informe45 considera sólo el periodo 2012-18, es decir, 17 años, no los 45 que sirven de título para el trabajo]. Decíamos que ha fracasado, y no sólo por la discriminación positiva del País Vasco y Navarra, sino porque, a igual fiscalidad y competencias homogéneas, las diferencias entre comunidades son grandes: en 2018, hasta un 37% de diferencia entre la comunidad mejor y peor financiada.
El cuarto punto es que en las comunidades donde más ha crecido la población, la financiación por habitante ha crecido menos. Así, según Angusto y Reyner, se da la paradoja que, además de recibir menos dinero, en estas comunidades ha aumentado la necesidad de prestación de servicios. Si se añade a este panorama el hecho de que el coste de la vida es más alto en las comunidades con más presión demográfica, el resultado es de una gran inequidad. Y su traducción en efectos directos negativos la ilustran los autores con el desequilibrio PIB/h e índice de progreso social (por ejemplo Catalunya y las Islas Baleares son la cuarta y quinta comunidades en PIB/h, pero saltan a las posiciones 12 y 13, respectivamente, en el índice de progreso social). Y también lo ilustran con el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas: con las excepciones de Madrid y Canarias, el porcentaje más alto de deuda/PIB corresponde a las comunidades con mayor crecimiento demográfico.
El otro gran eje que tratan Angusto y Reyner en su trabajo es el de la eficiencia de las transferencias entre comunidades a través del sistema de financiación común que recoge el Informe45. Las diferencias de financiación (como porcentaje del PIB) no se reflejan en niveles de empleo más altos (las mejor financiadas tienen menor % de ocupados/población). Los autores se preguntan hasta qué punto dichas transferencias sirven, no para atenuar, sino para congelar o tal vez ampliar las diferencias de ocupación. Lo ilustran con una gráfica que muestra la estabilidad de las tasas de empleo a lo largo del periodo 1975-2019 en las comunidades menos desarrolladas, recordando que en Europa consideran España e Italia "estados fallidos" a la hora de corregir los desequilibrios regionales, por muchos recursos públicos que se entreguen.
Bien, el Informe45 que destacaba las virtudes del estado autonómico como herramienta de éxito económico, en la práctica, con datos y análisis, parece que no lo ha sido.