En diferentes ámbitos de la administración estatal en Catalunya se percibe una frecuencia creciente de actitudes que, si no son directamente hostiles, son más propias del trato que solían emplear las metrópolis con las colonias, donde los derechos e intereses de las personas y del territorio son sistemáticamente ignorados, cuando no vulnerados.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado el cumplimiento de la sentencia que anulaba el decreto con el que se pretendió salvaguardar el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Quien inició el proceso contra el modelo de escuela catalana fue un ministro del Partido Popular, José Ignacio Wert, que en un ataque de sinceridad dijo que “nuestro interés es españolizar a los niños catalanes”. Sería erróneo pensar que lo que pretenden es que los alumnos aprendan bien la lengua castellana. El objetivo no es más castellano, sino menos catalán. Se trata de erradicar la lengua catalana. Erradicar la lengua para negar la nación.

No existen colectivos ni organizaciones de padres catalanes que no quieran que sus hijos aprendan el castellano, pero sí los hay de padres que se niegan a que sus hijos aprendan catalán, con una actitud de clara mentalidad invasora, es decir, colonial. Bien organizados, instruidos y financiados, realizan el trabajo necesario para que, a continuación, los tribunales ejerzan su poder con criterio colonial. La diferencia con tiempos pasados es que el Conde-Duque de Olivares ordenó “conseguir el efecto, sin que se note el cuidado”, y ahora, después del procés, parece que lo que quieren es que se note la fortaleza de su poder, como inherente a un implícito derecho de conquista.

Clama al cielo que el actual Govern de la Generalitat niegue la ofensiva judicial contra el catalán. Quizá ya le está bien, lo cual marca una inflexión respecto a la actitud en defensa de la lengua de todos los gobiernos anteriores. Es un cambio de paradigma histórico. Y todo tiene una explicación. El partido de Salvador Illa ha sustituido aquello que se llamaba el sector catalanista del partido por tantos y tantos militantes de Ciudadanos promocionados a ámbitos de decisión del PSC y de las instituciones.

Una iniciativa inequívocamente españolizadora es organizar un partido de la selección española de fútbol en Cornellà e inundar el estadio de banderas españolas. La idea es un acuerdo de los socialistas con la Federación Española, que dirige un hombre del PP y que ha sido aprovechada por Vox para organizar una movilización. Cabe recordar que PSC, PP y Vox suman mayoría en el Parlament de Catalunya y la utilizan cuando se plantean asuntos importantes. Sin ir más lejos, se han puesto de acuerdo para rechazar el distrito universitario catalán.

Clama al cielo que el actual Govern de la Generalitat niegue la ofensiva judicial contra el catalán y marca una inflexión respecto a la defensa de la lengua que hicieron todos los gobiernos anteriores

La Plataforma per la Llengua ha denunciado diversos casos en los que personas catalanas que pretenden corregir ortográficamente su apellido se ven obligadas a realizar un trámite engorroso y se encuentran con la actitud beligerante de funcionarios que rechazan la solicitud, que solo se puede hacer en castellano y siempre procurando que prevalezca la versión castellana. No hay mentalidad más colonial que pretender decidir el nombre de una persona en contra de su voluntad. Y conviene no engañarse: esto no es cosa de unos pocos funcionarios que abusan de su poder, sino que responde a un ambiente propiciado desde más arriba.

Que se trata de erradicar las referencias catalanas lo han puesto de manifiesto tanto el PSOE como el PP, que de mutuo acuerdo y en contra de los ciudadanos y de las instituciones de la isla de Eivissa han impuesto en la reforma constitucional que conste el nombre castellano "Ibiza", en lugar de Eivissa. ¿Más colonial que esto?

El colonialismo se manifiesta, sin embargo, de diversas maneras, y una de ellas es ocupar el territorio pero desentenderse de sus necesidades y de las de sus habitantes. El ejemplo paradigmático es el desastre de Rodalies. No puedo dejar de denunciar un escándalo que pone en evidencia la incapacidad de Adif y Renfe para resolver los problemas y su capacidad de crear nuevos problemas y complicar la vida de las personas hasta ponerlas en peligro.

No existen colectivos ni organizaciones de padres catalanes que no quieran que sus hijos aprendan el castellano, pero sí los hay de padres que se niegan a que sus hijos aprendan catalán, con una actitud colonizadora que los tribunales avalan

Con décadas de retraso, tenemos las obras de la R3 para desdoblar la línea entre Parets y La Garriga. Bajo la estación de La Garriga, un túnel de un solo carril conectaba los dos lados del municipio separados por la vía del tren. Era obvio que aquel puente debía ensancharse y así se ha hecho. Ahora es un puente más ancho, pero desgraciadamente más bajo, ¡tan bajo que no pasan las ambulancias! Hace poco un vecino que perdía mucha sangre se salvó de milagro esperando la ambulancia, que tuvo que dar una larga y estúpida vuelta por la carretera de Samalús antes de socorrerlo. No pasan las ambulancias, tampoco los camiones… ¡y tampoco los camiones de los bomberos! Ya ha ocurrido que varios camiones se han empotrado contra el techo del puente y los bomberos también lo tenían complicado para acceder.

El drama no termina aquí, porque la alternativa al primer túnel es otro que hace pasar coches y camiones que vienen de Samalús por delante de dos escuelas y donde Adif construyó un muro de hormigón que hace dos semanas se desplomó. Por suerte no hubo heridos, pero habría sido una tragedia en hora de entrada o salida de las escuelas.

Adif invita a sospechar que decide los túneles sobre plano. Alguien escribió que pasear en primavera o en otoño por el paseo modernista de La Garriga es todo un placer sensorial y espiritual. Eso fue hace tiempo, porque mientras todos los municipios procuran pacificar el tráfico, en La Garriga el paseo se ha convertido en la calle más concurrida de camiones y automóviles. Y lo que es más grave: la tercera opción prevista es un nuevo túnel por debajo de la vía y el paseo para que los camiones enlacen con la C-17 atravesando otra zona escolar.

Solo la desidia de quienes toman las decisiones a 600 kilómetros de distancia y con absoluta indiferencia por las vidas de los ciudadanos afectados puede explicar este desastre. Catalunya quizá no sea una colonia en el sentido estricto, pero el trato que reciben sus ciudadanos lo hace pensar a menudo.