“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces”.
Winston Churchill
Hace ya, vayan ustedes a saber cuántos años, conocí a un tipo entrañable, un buscavidas, un hombre sin estudios pero con mucho mundo, que desempeñaba el cargo de bedel de un ayuntamiento de la costa andaluza. Bueno, ese era su ganapán fijo, porque además de eso era sabueso de un diario, regaba el césped de un comisario, arreglaba entuertos varios… y retransmitía partidos de fútbol en la radio local. A esto iba. El personaje, Antonio se llamaba; sin tener conocimientos de comunicación, tenía clarísimo de qué iba la audiencia de su emisora. Tanto que era un espectáculo su forma de dar los resultados… ¡El Roquetas, 1 y el otro, cero! Me acuerdo muchas veces de él, más ahora que vivo en un país en el que políticos, expertos, periodistas y fauna varia le han copiado la fórmula. Aquí lo que importa es el equipo de uno; lo demás son gaitas.
Tras el de la nostalgia, voy a hacer un ejercicio melancólico solamente para ustedes. Hoy día, intentar explicar las cosas, buscar las claves, carece de sentido. Todo es mucho más sencillo: los nuestros y… los de Mazón o bien los patriotas y… los catalanes, o Marlaska y los otros. Cada uno con su marcador. Da igual en qué tema piensen. Antonio, el de Roquetas, creó escuela. Por eso voy a hacer el ejercicio estéril de intentar explicar por qué era altamente improbable que Mazón resultara imputado por las muertes de la DANA. Tanto lo era que no me habrán visto nunca escribir o decir cosa diferente a: la responsabilidad política es clara, pero la penal, muy difícil. Tan difícil que el pleno de la Sala del TSJPV, por unanimidad, ha resuelto no imputarlo. Y no crean eso de que es de momento… y que puede que la juez todavía encuentre datos para hacerlo, porque tampoco es así. La razón técnico-jurídica que prolijamente explican los jueces no va a cambiar por muchas vueltas que dé Tobarra, sola o en compañía.
La razón no es que los jueces del TSJPV sean conservadores o peperos. No. Lo hacen por la misma razón por la que ayer mismo los jueces de la Sala II del Tribunal Supremo —fachas, según las últimas tendencias— inadmitieron una querella contra el ministro Marlaska por las muertes de los guardias civiles de Barbate. "No existe responsabilidad penal por el desempeño de un cargo público", concluye el Supremo. Es un resumen corto para acabar con esa tendencia simplona y manipuladora que pretende que Sánchez mató a los de la pandemia, Ayuso a los de las residencias, Mazón a los de la Dana y Marlaska a los guardias de Barbate. Ese es un uso torticero que pretende transformar la responsabilidad política ante el electorado, que actualmente ya nunca se pide ni se ejecuta, en responsabilidad penal. La buena o la mala gestión no la deciden los jueces penales, sino los votantes en las urnas. Los jueces lo van repitiendo, resolución a resolución, y como resultas son insultados o loados por los del Roquetas o por los del otro, sin más reflexión.
"No existe responsabilidad penal por el desempeño de un cargo público", concluye el Supremo
En la resolución que se niega a imputar a Mazón, se le recuerda a la instructora —y puede que a su esposo— que en toda su exposición razonada y precipitada se le ha olvidado argumentar sobre el artículo 11 del Código Penal. Artículo clave, por otra parte. Ese que regula los delitos omisivos, es decir, los delitos que se producen por no hacer lo que debes, mientras que los delitos, digamos, normales lo son por hacer lo que no debes. Esos requisitos son: que el delito sea de resultado y, sobre todo, que tú tengas el deber jurídico de actuar para evitarlo. Deber jurídico, deber jurídico, deber jurídico. No se trata de un deber moral o jerárquico, sino de un deber jurídico. Para que ese deber exista, tiene que estar marcado en alguna parte que tú eres responsable de hacer eso y luego hay que probar que sea tu inacción lo que haya directamente acarreado resultados nefastos, por ejemplo, muertes.
Ese deber jurídico de actuar es lo que se llama "posición de garante" y, claro, se define así porque tu postura es la de garantizar con tu actuación que esa acción delictiva no suceda. Por eso, claro, si no actúas, delinques. Es la ley la que te coloca en esa posición, y lo que dice el TSJPV es que ninguna norma autonómica o nacional coloca al presidente de una comunidad en esa posición en una emergencia, ya que está predeterminado quién la tiene en cada caso. Ese escollo jurídico-penal para la imputación es insalvable. Ni ahora ni después ni nunca. Mazón de lo penal ha librado; que no les engañen. De lo político, está muerto. Tampoco hay duda. Y respecto a las personas que sí podían tener esa posición de garantes, como la consellera, quedará aún por demostrar que, si hubieran actuado, el resultado no se hubiera producido.
Todo este panorama de supuestas batallas judiciales, que lo son de poder, es un síntoma claro de la degradación institucional y política a la que está sometida la democracia española y su Estado de derecho. Cada uno tiene su papel, y el de los jueces no es dar la razón a unos u otros disputantes en la refriega electoral que día a día sostienen. Los desastres naturales, las pandemias, los volcanes, las guerras son eso, desastres, y cuando suceden esperamos que nuestros representantes ejerzan su buen criterio y pongan la mayor diligencia para paliar sus resultados y atemperar tras su paso las nefastas consecuencias. Por eso los votantes tenemos la responsabilidad de elegir a los que sepan y quieran y vayan a hacerlo como si fueran diligentes padres de familia con sus administrados y también la de mandar al limbo de la historia a los que no. Esas son las reglas del juego. Y si el Roquetas, nuestro querido equipo, fuera perdiendo, tirarles pedradas a los árbitros no es ni lícito ni ejemplar ni inteligente, porque necesitamos árbitros, y que sean imparciales. Solo los populistas y los totalitarios quieren invalidar a los árbitros del sistema. No lo olviden.