La primera reacción llegada desde las Españas al conocerse que con la reforma del sistema de financiación autonómica Catalunya recibiría unos 4.700 millones de euros más fue preguntar, con la proverbial catalanofobia que caracteriza a los españoles sean del color político que sean, quien recibiría 4.700 millones menos. No importa que el resto de autonomías del llamado régimen común –todas menos Euskadi y Navarra, que son las únicas que disfrutan del concierto económico– se repartan los 16.300 millones que quedan hasta llegar a los casi 21.000 millones más que el gobierno español ha anunciado que tendrá el nuevo modelo. La cuestión es meterse con Catalunya, que es lo que les da rédito en los feudos electorales respectivos y que es lo único que les interesa.
Y eso que el contenido del acuerdo entre el PSOE y ERC adelantado por la ministra de Hacienda y vicepresidenta de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, es una mera actualización del sistema creado durante la transición, cuando se generalizó el proceso autonómico para que todo el mundo estuviera contento, y no corrige ninguna de las causas que provocan el ingente y secular déficit fiscal que sufre Catalunya. Es decir, si no ganando nada especial, más allá de unos miles de millones que siempre son bienvenidos, los barones del PP y el inefable díscolo del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page —que también tocarán unos cuantos de esos miles de millones—, y el heterogéneo mundo postcomunista español que no falla nunca a la hora de lloriquear, ya se suben por las paredes y advierten de que recurrirán en contra al Tribunal Constitucional, ¿qué harían si realmente Catalunya hubiera obtenido algún beneficio específico de la negociación? Es la demagogia de siempre, que no molestaría si como mínimo fuera verdad que Catalunya saliera beneficiada, pero, como no lo es, cansa.
Lo contrario de singular es plural y, por tanto, hablar de financiación singular para todos es un oxímoron
Lo que queda claro, visto con ojos catalanes, es que la reforma acordada es una simple puesta al día del modelo que se tenía que haber revisado en 2014, cuando en la Moncloa estaba Mariano Rajoy, y que desde entonces está caducado. Nada más. No es una nueva financiación singular para Catalunya, a pesar de haber sido esta la condición que ERC había puesto al PSC para investir a Salvador Illa 133º presidente de la Generalitat, ni nada que se le parezca, aunque la propia María Jesús Montero u Oriol Junqueras hagan equilibrios para ponerle el adjetivo pactado. Lo contrario de singular es plural y, por tanto, hablar de financiación singular para todos es un oxímoron. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Una constatación que no quita que el PSOE siempre haya dicho, desde el momento mismo en que ERC puso la demanda encima de la mesa, que lo que haría sería precisamente generalizar la singularidad, y eso se sabía que sería así desde el principio, de manera que no hay motivo para que ahora alguien se lleve las manos a la cabeza.
Más allá de la terminología, lo que hay es más café para todos, y encima descafeinado, y basta. El nuevo sistema, a expensas de los cambios que pudiera haber durante la tramitación parlamentaria en el Congreso, es claramente insuficiente para las aspiraciones de Catalunya, y quien diga lo contrario sabe que miente. A partir de aquí, lo que se produce es la pugna cíclica entre ERC y JxCat por ver no quién lo hace mejor en beneficio del país, sino quién hace más daño al otro. ERC lo tiene muy complicado para hacer creer que se trata de una financiación singular, ni que se desgañite asegurando que, por primera vez, se respetará supuestamente —no todos los expertos en la materia lo ven así— el principio de ordinalidad —aquel según el cual la autonomía, a la hora de recibir recursos, no queda en ningún caso por debajo de la posición que ocupa a la hora de aportarlos—, y fuera de la militancia más obcecada es difícil que alguien se lo trague. JxCat, en cambio, lo tiene más fácil para poner el dedo en el ojo a la formación de Oriol Junqueras y acusarla, con razón, de todas las claudicaciones que le venga en gana.
Ahora bien, a los de Carles Puigdemont les servirá de poco gallear haciendo ver que lo que ahora quieren en realidad es el concierto económico. Le guste más o le guste menos, todo el mundo sabe que JxCat es el heredero de CiU, con todas las consecuencias, para lo bueno y para lo malo. Y desde 1980 hasta 2006 fue CiU quien negoció todos los sistemas de financiación de que ha dispuesto Catalunya, desde Ramon Trias Fargas a Artur Mas, pasando por Josep Maria Cullell y Macià Alavedra, en tanto que consellers de Economía responsables de las finanzas de la Generalitat, y todos avalaron las revisiones sucesivas incluidas siempre dentro del régimen común. Los intentos de acceder al concierto económico, primero con motivo del restablecimiento del autogobierno una vez acabada la dictadura franquista, después con motivo de la reforma del Estatut que el Parlament aprobó en 2005 y finalmente ahora, han fracasado uno tras otro.
En la segunda tentativa, además, fue el propio Artur Mas, entonces jefe de la oposición durante la presidencia de Pasqual Maragall, quien lo diluyó con la rebaja que pactó con el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que es la que se incluyó en el Estatut aprobado por las Cortes españolas en 2006 y la que sirvió, pero aún más rebajada incluso, para acordar el nuevo modelo de financiación autonómica en 2009, que es el vigente y que lo seguirá siendo si no se aprueba la nueva revisión. Dicho de otra manera, que nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra. Y que vaya con cuidado JxCat de que no se le alborote el gallinero si, por malo que sea el nuevo sistema, impide que Catalunya disponga de los exactamente 4.686 millones más anunciados, como ya ha avisado el presidente del partido en el Maresme, Carles Bosch, con el argumento de que "Catalunya no puede renunciar a ello".
Lo que, en todo caso, pretende JxCat es sacudirse la presión y tratar de trasladarla a ERC. Aunque solo sea para cubrir las apariencias. CiU jugó durante mucho tiempo con el concepto de pacto fiscal para no emplear el término concierto económico, que políticamente despertaba más reticencias en España, pero que a la hora de la verdad generó el mismo rechazo. Y ahora JxCat sigue haciendo la trampa de la terminología, porque de hecho habla de "transitar" hacia el concierto económico, que no significa tenerlo, sino simplemente ir hacia él. Es obvio que el nuevo modelo no satisface ninguna de las expectativas de Catalunya en este sentido. Pero es la consecuencia de permanecer en un espacio autonómico que, por mucho que critiquen, a ellos ya les va bien para mantener su statu quo. Dijeron que querían hacer la independencia y ahora resulta que se pelean por si la financiación es singular o no.
