A veces el calendario juega malas o buenas pasadas y seguramente el lunes ha sido uno de estos días. Desde hacía meses estaba convocada en Barcelona la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados, con representantes llegados de todo el mundo y la cúpula judicial española en pleno. Lo que nadie pensaba, cuando se convocó, es que esta cumbre judicial internacional tendría lugar a los pocos días de la imputación del president de la Generalitat por la votación del 9-N y unas fechas antes de que acuda a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Cuando la política se retira suceden estas cosas, que los jueces tienen que solucionar entuertos que son propios de los políticos. Pero hace tiempo que, en lo que concierne al debate que primero fue sobre la celebración de un referéndum en Catalunya y hoy ya es abiertamente sobre el independentismo, la política ha declinado su responsabilidad y esta ha sido transferida a los jueces.

Bien que lo saben, ellos, que de una u otra manera no dejan de ser los perjudicados del bloqueo de la situación actual. Situación que ayer se tradujo en un encuentro gélido del president de la Generalitat con el ministro de Justicia, el presidente del Consejo del Poder Judicial y la fiscal general del Estado. Veremos qué acaba decidiendo el TSJC sobre la imputación de Artur Mas, pero algunas cosas ya sabemos: que los fiscales catalanes que por unanimidad no veían la imputación del president tuvieron que cambiar su criterio por órdenes de la fiscalía general del Estado; que el entonces máximo responsable de la fiscalía española, Eduardo Torres-Dulce, dimitió días después de que se presentara la querella alegando lacónicas "razones personales"; que el ministro de Justicia señaló la semana pasada de manera imprudente y chusca que la querella contra Mas no se había presentado antes por razones electorales; y que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha repudiado la candidatura a la reelección del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, y así se lo ha comunicado por la supuesta lentitud del organismo en todos los trámites judiciales del 9-N. Finalmente, que le había ofrecido a la conservadora Maria Eugènia Alegret el cargo de Gimeno. Lesmes parece que no lo tendrá fácil, ya que después de enmendar la continuidad de Gimeno, ahora Alegret le ha dicho que no quiere el cargo de presidente del TSJC.

Eso sí, nadie quiere hablar de politización de la justicia.