El movimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional activando a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional para que informen de cualquier acto que pueda ser entendido como un presunto delito de sedición, una vez el Tribunal Constitucional suspenda automáticamente la resolución del Parlament de Catalunya, cosa que sucederá en las próximas horas, supone, en la práctica, la primera acción efectiva de una instancia del Estado para actuar contra cualquier ciudadano no aforado que vulnere la decisión del Alto Tribunal. El escrito del fiscal jefe, Javier Zaragoza, comunica además a los cuerpos de seguridad cuál es la instancia judicial que entenderá de una hipotética vulneración de la resolución que acabe aprobando el TC, y que no es otra que la Audiencia Nacional. El motivo no es otro que el hecho de que cualquier delito que se cometa contra la forma de gobierno depende de ella.
El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha conocido casi al mismo tiempo que el Consejo de Estado daba luz verde por unanimidad al dictamen solicitado por el Gobierno para recurrir la resolución aprobada por el Parlament, y en una tarde repleta de focos de atención informativa en Madrid: reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para poner en común la respuesta jurídica a la Cámara catalana y despacho del presidente del Gobierno con el Rey. También horas después de que el presidente señalara que el Ejecutivo español iba a utilizar todos los recursos del Estado contra la declaración del Parlament, toda la ley y todo el Estado de derecho.
Mientras eso sucedía y en los aledaños del Parc de la Ciutadella cundía un cierto nerviosismo en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, en el interior del hemiciclo, el líder parlamentario de la CUP, Antonio Baños, daba casi por finiquitada la primera sesión del debate de investidura con una advertencia a Artur Mas: "president, vuelva el jueves". Amén.