Deben ser cosas del azar -por no utilizar otro calificativo más subido de tono- pero una segunda Mesa del Parlament, después del via crucis judicial de la que presidió Carmé Forcadell entre 2015 y 2017, ha sido citada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) unos días antes de que los gobiernos de España y Catalunya se vean las caras en la llamada mesa de diálogo. Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado han sido citados a declarar en calidad de investigados por un supuesto delito de desobediencia al haber permitido dos debates en la Cámara legislativa catalana sobre la monarquía y la autodeterminación el noviembre de 2019.

Seguro que en Madrid debe haber quien piense que no hay mejor manera de armar una relación estrecha y estable -lo de franca no encaja mucho en el guion- que enseñar a unos cuantos dirigentes independentistas lo que el Estado español está dispuesto a hacer unos días antes de hablar del conflicto entre Catalunya y España. ¡Menos mal que hay un acuerdo para desjudicializar la política catalana, porque si no uno no sabe lo que podría llegar a pasar! En el caso de que el TSJC viera razones para sostener el delito de desobediencia, lo menos que acabaría sucediendo sería la inhabilitación de Torrent (actual conseller d'Empresa) y de los diputados Campdepadrós y Delgado. El caso de Costa será diferente ya que optó al inicio de la actual legislatura por abandonar el escaño y retornar a la actividad privada.

Este paso del TSJC ha coincidido con un cierto repunte de críticas de Junts y la CUP al calendario político que enmarca el inicio del diálogo entre los dos gobiernos y que ha quedado establecido por un acuerdo de legislatura entre estas dos formaciones y Esquerra en dos años. Los dos primeros partidos han expresado algo más que dudas sobre los 24 meses después del cambio de gobierno de Pedro Sánchez y de algunas declaraciones de los ministros que parecen cerrar el terreno de juego para avanzar en una solución al conflicto catalán.

Los escépticos parecen ganar terreno a los pragmáticos en medio de una realidad cada vez más tozuda: el PSOE no está dispuesto a hablar de nada fuera del marco autonómico. Y los jueces harán el resto.