El Estado nos tiene atrapados en una cárcel pero con nuestro encarcelamiento el Estado queda también atrapado. No es un juego de palabras, es la convicción que los poderes del Estado español se encuentran inmersos en la gestión de un error de dimensiones históricas contra los derechos civiles y las libertades políticas pero también por sus intereses como Estado democrático y de derecho.

La prisión es uno de los recursos que el Estado dispone en exclusiva para imponer su autoridad ante lo que considera una amenaza. Nadie más que el Estado tiene la potestad de privar a personas de libertad pero en democracia todo el mundo acepta que la orden de prisión es una decisión extrema y se da por descontado que es una medida de último recurso, es decir, que solo se tiene que usar cuando el Estado no dispone de ninguna otra posibilidad de actuación.

El Estado español, sin embargo, ha hecho uso de la prisión como un recurso alternativo al diálogo. El poder judicial, animado por el ministerio fiscal, bendecido y amparado por el jefe de Estado y con la complicidad del Gobierno ha convertido una decisión extrema en un instrumento para reforzar sus posiciones políticas. Un crimen contra la esencia de la democracia.

El Estado español ha hecho uso de la prisión como un recurso alternativo al diálogo

Ellos nos pusieron en prisión desde el convencimiento de que nos debilitaba, desde la certeza que la represión debilitaría al independentismo. No niego el daño personal que nos ha hecho y el desconcierto político que nos ha comportado. Pero el Estado español está muy lejos de salir reforzado en su confrontación después de casi un año de habernos decretado prisión. Y nosotros estamos todavía más lejos de sentirnos debilitados. El 21-D y las movilizaciones ciudadanas, como la inmensa manifestación de la Diada, lo corroboran.

Las críticas en la apertura del curso judicial del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, contra la justicia europea es una evidencia más, la última a fecha de hoy, del estado de ánimo con la que la cúpula del poder judicial encara el juicio. La exaltación patriótica prevalece a la exaltación del derecho y ya no digo a la pretensión de hacer justicia. Europa y la ley les sirven hasta que les quitan la razón en sus construcciones metajurídicas. No buscan la justicia a pesar de que lo revistan con todas las togas del país.

Sorprende que nadie quiera evitar la colisión que el Estado español tendrá contra la Europa de valores y principios liberales y democráticos con este juicio. Si la proa de esta causa judicial sigue la misma dirección que hasta ahora, anticipo las muchas críticas y desprestigio que España y su justicia recibirá de Europa. De la Europa ciudadana, de la política, de la Europa que se expresa en los medios de comunicación y también de la Europa de los tribunales.

Las prisas no son nunca buenas consejeras. Incluso la venganza, dicen, se tiene que servir en un plato frío. Ellos no lo hacen. En este procesamiento todo han sido prisas y la evidente ansiedad que los tribunales tienen para juzgarnos rápido, muy rápido, pone al descubierto ganas de revancha a través de los que estamos encarcelados o exiliados.

En este procesamiento todo han sido prisas por la evidente ansiedad que los tribunales tienen para juzgarnos rápido

El juicio más importante de la democracia española después del 23 de febrero juega, en estos momentos, en su contra. Tengamos paciencia, sigamos denunciando la ausencia obligada de democracia, justicia y libertad. Expliquemos a todo el mundo que lo quiera escuchar que no hay delito porque en el Código Penal ni el referéndum ni siquiera aquello que llaman la secesión, están recogidos como delito. No nos cansemos de proclamar que solo la absolución o el archivo de la causa será interpretado como un juicio justo.

Vinieron con los Tribunales para hacernos daño y será la acción de los tribunales la causa mayor de desprestigio de esta España que queremos fraternal desde el ejercicio pleno de la soberanía. Nada está escrito todavía.

Jordi Sànchez

Lledoners, 12 de septiembre de 2018

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