La causa de los catalanes es la causa de los derechos humanos y de la dignidad. Es una causa noble que se sitúa en el bando correcto de la historia, una causa noble que, defendiendo el derecho a ser de Catalunya, a la vez defiende el derecho a ser de los demás. ¿Se puede ser independentista sin ser ecologista, partidario de la cultura o de los derechos humanos? La de los catalanes es exactamente la estrategia contraria, inversa, de los asesinos de ETA y de los asesinos de Lasa y Zabala, la estrategia contraria al crimen de estado y al crimen de Terra Lliure. Lo digo porque, precisamente, la sociedad catalana podría haber apoyado la violencia, el terrorismo, para conseguir la libertad de Catalunya y decidió rechazarlo ampliamente. Algunos se han atrevido a decir que esto es porque los catalanes somos poco hombres, poco valientes. Estos provocadores olvidan que la causa legal iniciada por Carles Puigdemont en Europa ha hecho más daño al Estado español que todas las bombas y todos los cadáveres del terrorismo juntos. Sin matar a nadie. Por eso, internacionalmente, la causa de los catalanes, suscita admiración, porque somos como Quebec o como Escocia, no como el Estado islámico.

Somos los primeros pueblos de la historia que reclaman la libertad nacional de acuerdo con el pacifismo y con un nítido rechazo a la violencia. Precisamente por este motivo nunca extraditaron ni extraditarán a Carles Puigdemont por el delito de sedición. Porque sin violencia no hay sedición. Esto lo tiene claro cualquier juez mínimamente competente. De la misma forma que nadie te puede acusar de asesinato si no hay ningún muerto. Los jueces de Alemania, Bélgica, Escocia, Italia, que han podido encarcelar y entregar a los exiliados a las autoridades españolas no lo han hecho. Todos los han puesto en libertad. Todos han acabado apoyando la causa de los catalanes, aunque lo que se esperaba es que apoyaran a España. Precisamente porque Catalunya se ha situado en el lado correcto de la historia. Porque la situación de España es insostenible en el tiempo.

Contra todo pronóstico, Jean Richard de la Tour, abogado generalísimo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha posicionado hace pocos días a favor de España. Ha defendido en la última vista que Carles Puigdemont y el resto de exiliados deben ser entregados a las autoridades españolas para que los masacren. Porque entre estados miembros de la Unión, entre socios y amigos, como son Bélgica y España, debe haber confianza mutua. Como si el reglamento vigente no estipulara, perfectamente, que los jueces, antes de proceder a la extradición, primero deben verificar si los delitos imputados son auténticamente delitos. Lo dice el reglamento. Como si los jueces tuvieran que confiar siempre en los estados y nunca confiar en los ciudadanos. Como si las humillaciones, insultos y privación de libertad que han tenido que sufrir los presos políticos, de Oriol Junqueras a Jordi Cuixart tuvieran alguna justificación más allá de la venganza política y la violencia españolista. Como si la justicia fuera aquello, sí, aquello, aquella comedia grotesca que vimos en el Tribunal Supremo de España. A Antonio García Ferreras le gustó mucho la actuación de Manuel Marchena. Llegó a decirle a Salvador Sostres en una entrevista que Marchena había sido Bach. Johann Sebastian Bach. Lo recuerdo porque cada uno tiene la credibilidad que tiene. Y no conozco a ningún especialista en música de órgano que sea confidente y agente de la policía patriótica.

La justicia es justa cuando es desconfiada. Cuando presupone de entrada que el acusado es inocente y la acusación es falsa. Cuando determina que los delitos deben probarse primero y no deben darse por hechos. La justicia de la Unión Europea no puede defender que les basta con la música de Marchena, porque esa música es música militar. Y porque la casación, el principio del juez natural, los distintos niveles de la justicia, las revisiones de casos jurídicos, se fundamentan precisamente en el principio garantista, de desconfianza de un juez sobre otro juez. En el principio de que el acusado debe tener siempre el beneficio de la duda y el fiscal debe demostrar la culpabilidad. Fíjese cómo el caso de los exiliados catalanes es un caso de derechos humanos y no hemos dicho ni una palabra sobre independentismo ni Catalunya. Nuestra causa es legítima, noble, porque se ubica en el lado correcto de la historia.