La política española y también la catalana están instaladas en una incertidumbre crónica que trasmite la sensación de que en cualquier momento explotará todo. Pese al efecto ansiolítico que tuvo el cambio de gobierno en España, la inestabilidad se mantiene en unos registros tan elevados que hacen imposible prever las consecuencias del próximo estruendo. Y la única certidumbre es que la crispación irá inexorablemente en aumento.

Ya expliqué que hace solo una semana todo estuvo a punto de estallar en Catalunya —ruptura de la coalición del Govern, disolución del Parlament y convocatoria de elecciones— por el desacuerdo en cómo gestionar la suspensión de los diputados presos y exiliados. Solo el vértigo ante el precipicio favoreció el acercamiento, que ya veremos cuánto dura. Y veremos qué consecuencias políticas tendrán las movilizaciones masivas del fin de semana, el aniversario del 1 de Octubre y la efeméride de la declaración de la República, que demostrarán por enésima vez que el conflicto catalán continúa en fase creciente. Después de lo sucedido el sábado, queda claro que una chispa puede provocar un incendio.

Mientras en España, el gobierno de Pedro Sánchez, que se las prometía muy felices, tan dispuesto como estaba a llegar sano y salvo al 2020, se ve obligado a hacer frente a una campaña de "acoso y derribo", que no permite asegurar que los socialistas lleguen vivos a Navidad. Sufrieron mucho por asuntos de poca monta que se resolvieron sacrificando dos ministros y ahora que les estalla un nuevo escándalo más grave, precisamente con la ministra de Justicia, no tienen más remedio que enrocarse a la defensiva.

El debate dentro del PSOE se centra ahora en la posibilidad de convocar elecciones en España antes de que las cosas empeoren aún más

Y todo esto pasa antes de que el Ejecutivo español haga frente a los principales obstáculos que tenía previstos antes de comenzar y que presentan dificultades enormes. El primer escollo son los presupuestos del Estado que, hoy por hoy, no se ve cómo los podrá aprobar. A estas alturas, sin ningún cambio a la vista en la situación de los presos políticos catalanes, es imposible que los grupos soberanistas en el Congreso de los Diputados den su apoyo a las cuentas del Estado, y, en la medida que el gobierno de Sánchez se trague en buena parte los números que hizo el de Rajoy y Montoro, el apoyo de Podemos tampoco estará garantizado. Así que, cuando Sánchez se vea obligado a prorrogar las cuentas, el clamor para ir a elecciones que existe ahora subirá mucho de tono.

Si Pedro Sánchez aguanta, después llegarán los juicios contra los presos catalanes, que durarán meses y que supondrán otro elemento de crispación y de inestabilidad, que vendrá acentuada por la batalla electoral de las municipales. Y antes o después tendremos las sentencias a los líderes soberanistas, que se prevén máximas y que inexorablemente desencadenarán el estallido definitivo de la crisis de Estado en la que estamos inmersos.

Con esta perspectiva no es de extrañar que el debate dentro del PSOE se centre ahora en la posibilidad de convocar elecciones en España antes de que las cosas empeoren. El último barómetro del CIS prevé una ventaja del PSOE sobre el PP de diez puntos. Los partidarios de adelantar los comicios sostienen que ahora mismo, con los datos del CIS en la mano, el PSOE estaría en condiciones de volver a formar gobierno sin el concurso de los independentistas. Es decir, solo con el apoyo de Podemos y el PNV, y añaden que todo lo que vendrá solo puede causar un desgaste continuo del ejecutivo de Pedro Sánchez, que finalmente se vería abocado a avanzar igualmente las elecciones, pero en situación agónica.

Que este criterio está ganando terreno en el PSOE lo confirman las recientes declaraciones del presidente español en Nueva York, cuando dice que "si los independentistas no cooperan iremos a elecciones". Es una forma de curarse en salud. Catalunya volverá a ser el pretexto para justificar las estrategias políticas españolas y, sin lugar a duda, Sánchez querrá afrontar los comicios peleadísimo con los independentistas, para contrarrestar la ofensiva del PP y Ciudadanos, que lo acusan de connivencia con el separatismo.