Cuando el Partido Socialista asumió el poder político en España se abrió un resquicio de esperanza. El cambio de interlocutores en el Estado hacía vislumbrar que el conflicto entre España y Catalunya entraría en una nueva fase que, cuando menos, permitiría despenalizar la situación, recuperar el diálogo y reanudar el funcionamiento convencional de la política entre grupos diferentes. Sin embargo, desde la moción de censura hasta ahora, la actitud de los socialistas ha evolucionado al revés de las previsiones más optimistas y habría que averiguar por qué el cambio reclamado por la ciudadanía catalana y española no se materializa.

En cuanto a la cuestión catalana, no parece que el gobierno español haya cambiado de manos, sino que el nuevo ejecutivo ha asumido la herencia estratégica de su antecesor. El PP optó por la represión y la erradicación del soberanismo catalán de las instituciones y, hoy por hoy, los socialistas van por el mismo camino. El Gobierno del PP destituyó a un president y un Govern legítimamente constituidos. Después de unas elecciones donde volvieron a ser elegidos, los suspendieron. Y se ha vuelto a hacer ahora, bajo Gobierno socialista, en unos nuevos comicios a las Cortes españolas. Es otra prueba de que no hay voluntad gubernamental de rectificar. Ha sido la mayoría socialista quien ha decantado la suspensión de los diputados y el senador electos, que altera la correlación de fuerzas surgida de las urnas. Y todo apunta a que, en las próximas semanas, todos los esfuerzos gubernamentales irán dirigidos a impedir que tampoco puedan ejercer su representación los eurodiputados elegidos en listas soberanistas. Se mire como se mire, este no es el funcionamiento normal de una democracia. Parece como si la negación del derecho a decidir de los catalanes incluya el derecho a suprimir sistemáticamente de las instituciones los representantes elegidos por los catalanes que no son del agrado de Su Majestad.

Un hecho que prueba que la ofensiva represiva continúa inalterable ha sido la presentación de las conclusiones definitivas de la fiscalía y la abogacía del Estado sobre el juicio del procés. Se reafirman con todo detalle en las acusaciones y los argumentos que formularon antes del juicio. Ha sido significativo y escandaloso que los cuatro fiscales no hayan tenido ni la decencia de esperar a que terminara la fase documental ―los vídeos― para redactar su escrito. Han mantenido el inconsistente relato de una insurrección con lanzamiento de algunas botellas de agua y una malversación calculada según el precio que habría costado alquilar las escuelas donde la gente votó el 1 de octubre. Es probable que los fiscales se hayan apresurado a presentar las conclusiones definitivas sabedores del dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que se les venía encima y que podría ser utilizado para instar cambios respecto a los acusados. Efectivamente, el gobierno español tenía una oportunidad de modificar el curso de los acontecimientos tras las elecciones y a partir del informe de la ONU, pero, al contrario, ha contraatacado con la suspensión de los electos y ha pedido la inhabilitación de los autores del informe suscrito por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias.

Al PSOE le conviene electoralmente apaciguar el conflicto catalán pero hace lo contrario porque obedece directrices de un centro de poder ilegítimo que está por encima del Gobierno y que pervierte la democracia y el estado de derecho

En todo caso, ante un comportamiento que incumple objetivamente el principio de imparcialidad previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Gobierno tenía competencias para intervenir e instar a la fiscalía a revisar su actuación y no lo ha hecho, lo que hace prever que vendrá lo peor. El Tribunal Supremo no pasará de la rebelión a la absolución, así que los encarcelamientos y el exilio continuarán determinando en el peor sentido imaginable la política española de los próximos años.

Paradójicamente, las elecciones municipales en Catalunya han registrado un resultado que es todo un mensaje a la dirección del PSC para apaciguar el conflicto. Los socialistas que no tuvieron escrúpulos para pactar con Ciudadanos y PP en Tarragona y Lleida están a punto de perder la alcaldía. En cambio, han mejorado considerablemente sus resultados los alcaldes de PSC que se mostraron más críticos con el 155 y más solidarios con los presos: Núria Parlon, Josep Majoral, Antonio Balmón... lo más emblemático es lo ocurrido en Terrassa, donde Jordi Ballart, que dimitió como alcalde socialista alegando objeción de conciencia por la aplicación del 155, ha recibido ahora el apoyo de sus conciudadanos.

Paradójicamente, el mensaje principal de la dirección del PSC desde el domingo es lo contrario de lo que le han hecho llegar los votantes. En vez de intentar llevar ERC a su terreno, que parece que es a lo que estaban bien dispuestos los republicanos más hartos de procés, se ha empeñado en impedir a cualquier precio la elección de alcaldes independentistas, lo que convierte el PSC en algo que no era: el líder en Catalunya del 155.

Llegados a este punto, la conclusión de que el PP y el PSOE son lo mismo es fácil pero inexacta. El problema es más profundo. Todo el mundo recuerda que el Partido Socialista, después del 1 de octubre, quiso proponer la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por la violencia ejercida por la policía y la entonces portavoz socialista Margarita Robles declaró que los socialistas nunca apoyarían la aplicación del 155 para suprimir el autogobierno catalán. Pero habló el Rey el 3 de octubre y los socialistas inmediatamente rebobinaron y asumieron las directrices del Monarca. Y luego ha venido lo que ha venido.

Si la sociedad expresa a través de las urnas su voluntad de cambio, los nuevos interlocutores tienen el encargo de satisfacerla. Si no lo hacen, puede ser por dos motivos: porque no quieren o porque no pueden. Es una obviedad que a los socialistas, catalanes y españoles, aunque sea sólo por intereses electorales, les conviene apaciguar el conflicto catalán. Y saben que con presos y exiliados esto no se acabará. Si no hacen lo que les pide la gente y además les conviene, será porque no pueden, o no se atreven. Y si el gobierno español no puede o no se atreve a hacer lo que considera o le conviene, es porque tiene miedo de tomar iniciativas que le puedan costar el poder. El miedo debe ser a una estructura de poder, necesariamente ilegítimo si está por encima del Gobierno,  y que, por lo tanto, pervierte la democracia y el estado de derecho. Es eso que en Estados Unidos llaman el deep state y Pablo Iglesias tradujo por "la casta". La misma casta que antes prefiere a Ada Colau que a Ernest Maragall a la alcaldía de Barcelona. Conste que no es un reproche a la alcaldesa. Desgraciadamente, los tiempos no están cambiando: "España, antes roja que rota".