"La unidad de la nación española es un mandato directo para los jueces", declaró el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para justificar el encarcelamiento de los líderes independentistas antes de ser juzgados. Una vez estos fueron condenados a cien años de prisión, es decir, con penas más elevadas que las aplicadas a asesinos y violadores, los miembros del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia, liderados por el magistrado Manuel Marchena, han sido galardonados esta semana "por su independencia". El anterior galardonado fue el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa, que fue escandalosamente desautorizado por el Tribunal de Schleswig-Holstein. Y cuando murió el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, artífice de la judicialización del procés, lo condecoró a título póstumo nada menos que la Guardia Civil. El presidente del CGPJ, cuando agonizaba, le agradeció por escrito haber "cambiado el rumbo de la historia".

El Tribunal Constitucional acaba de avalar el encarcelamiento durante dos años y antes de juicio del vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien se presentó voluntariamente ante la justicia. Por primera vez no ha habido unanimidad y por esta razón el presidente del Tribunal Constitucional retrasó la comunicación de la sentencia que estaba dictada antes para no "perjudicar" la credibilidad del Tribunal Supremo durante el juicio del procés.

También el presidente del Tribunal Constitucional ha postergado una sentencia sobre los hechos ante el Parlament de 2015, porque el ponente Cándido Conde-Pumpido tumbaba la sentencia del Supremo elaborada por el magistrado Marchena y cuestionaba los criterios represivos mantenidos por el presidente de la sala segunda y otros magistrados también involucrados en el juicio del procés.

Y también esta semana el Tribunal Constitucional ha tumbado un parte de los preceptos establecidos en la compilación del derecho civil catalán, que fue impugnada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Constan las enormes ganas que hay en un amplio sector del independentismo de facilitar la investidura de Pedro Sánchez para resituar el conflicto catalán en el terreno de la política, pero el Estado lo pone tan y tan difícil que en cualquier momento, por voluntad española, explotará todo

Suma y sigue. En un hecho que no tiene precedentes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a instancias del Gobierno en funciones que preside el socialista Pedro Sánchez, ha suspendido cautelarmente los decretos del Govern de la Generalitat de creación de las delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez. El conseller de Acció Exterior, Alfred Bosch, considera que ha sido el peor ataque al autogobierno catalán desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía.

El Tribunal de Cuentas ha citado al president Puigdemont y a todo su Govern por los gastos que se le atribuyen en la organización del referéndum del 1 de octubre. El Govern de Artur Mas ya fue condenado a pagar cinco millones de euros por la consulta del 9-N. No consta que el Tribunal de Cuentas haya citado todavía a ningún miembro de la Junta de Andalucía ahora condenados a años de prisión e inhabilitación por prevaricación y malversación de 680 millones de euros, delitos cometidos entre 2002 y 2009.

Y el Congreso de los Diputados ha aprobado, a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención vergonzante de Unidas Podemos, convalidar el decreto que da poder al Ejecutivo a imponer la censura en internet tal como hacen los gobiernos de países tan democráticos como Turquía, Irán, China o Arabia Saudí...

Una cincuentena de diputados que lo fueron de las Cortes Constituyentes se han apresurado a firmar un manifiesto reclamando tácitamente un pacto del PSOE con el PP y Ciudadanos para imponer su ley en Catalunya y se posicionan de manera beligerante contra cualquier pacto que incluya grupos independentistas catalanes.

Constan las enormes ganas que hay en un amplio sector del independentismo de facilitar la investidura de Pedro Sánchez como lo pone de manifiesto el comunicado de ERC posterior a la primera reunión negociadora con la delegación del PSOE. La voluntad no es sólo de ERC. Son muchos más los dispuestos a intentar reubicar la gestión del conflicto catalán en el terreno de la política, pero visto todo lo que está pasando, como se mueven las instituciones del Estado, lo están poniendo tan y tan difícil que en cualquier momento, por voluntad española, explotará todo.

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