Coherente con el discurso de macho alfa respecto a Catalunya que ha elaborado Pedro Sánchez de cara a la campaña del 10-N para no ser menos que sus competidores de la derecha, el Partido Socialista borró de su programa las referencias al federalismo, hasta el punto que Cayetana Álvarez de Toledo, que se sitúa en el extremo derecho del PP, abrió la puerta a pactar con el PSOE tras las elecciones siempre y cuando se confirme el giro anticatalanista de los socialistas españoles. Esto pasaba el día antes del acto electoral de Pedro Sánchez en Viladecans, así que el presidente-candidato ha tenido que darse prisa de buena mañana para rectificar la rectificación, valga la redundancia, antes de tomar el avión hacia el aeropuerto que bautizó como Josep Tarradellas.
Hasta ahora todas las intervenciones de Pedro Sánchez y de sus ministros han hecho sufrir seriamente al PSC y han obligado a Miquel Iceta a matizar o reinterpretar todas las declaraciones de sus correligionarios de Madrid. Así que la rectificación del miércoles tiene un objetivo balsámico para tener la fiesta de Viladecans mediáticamente en paz, pero hay algo más profundo.
La cruda realidad es que Pedro Sánchez necesita más que nadie, repito, más que nadie, el voto de los catalanes para asegurarse la victoria, y las voces seductoras del PP y de los poderes fácticos a favor de la gran coalición no hacen más que anunciar el abrazo del oso. Por ello, tras las declaraciones de la marquesa de Casafuerte abriendo la puerta al pacto del PP con los socialistas ―no es la primera ni será la última―, Pedro Sánchez necesita desmarcarse urgentemente, porque cuanto más cerca han estado los socialistas del PP, ha sido en Catalunya donde han pagado la factura más cara, con fugas inmediatas de voto del PSC hacia los comunes y hacia ERC. Sánchez debe ser muy consciente de ello, porque cuando se negó a apoyar la investidura de Mariano Rajoy ―¡qué tiempos aquellos del no es no!― los diputados del PSC fueron prácticamente los únicos que le apoyaron. Lo hicieron por puro instinto de supervivencia. En toda Europa los socialdemócratas cayeron prácticamente de todos los gobiernos tras asumir las políticas conservadoras dictadas desde Berlín. Que le pregunten, si no, a Andrea Nahles, la reciente dimitida líder del SPD alemán. O a François Hollande, a Manuel Valls... o a José Luis Rodríguez Zapatero.
La cruda realidad es que Pedro Sánchez necesita más que nadie el voto de los catalanes para asegurarse la victoria, y las voces seductoras del PP y de los poderes fácticos a favor de la gran coalición no hacen más que anunciar el abrazo del oso
Resulta muy difícil convencer a un electorado de izquierdas de la connivencia con la derecha y más cuando adopta las actitudes radicales o más cercanas a la extrema derecha como es el caso del PP. Por alguna razón la gran coalición PSOE-PP no escandaliza más a la derecha ni a los portavoces del mundo empresarial o financiero y avergüenza en cambio los dirigentes socialistas, que la niegan tres veces o las que sean necesarias antes de claudicar. Tras el rechazo de Pedro Sánchez a pactar con Unidas Podemos, todo apunta a que esta cuestión de la gran coalición marcará la evolución de la campaña electoral por más que los medios del establishment intenten silenciar los gritos de alarma de Pablo Iglesias.
De ahí la rectificación táctica de Pedro Sánchez y la incorporación en su programa de la reforma constitucional en clave federalista, que, tampoco hay que engañarse, sigue siendo un brindis al sol. Como es sabido, cualquier cambio constitucional requiere el apoyo del PP y quizás incluso de Ciudadanos para alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios o tres quintos del Congreso y del Senado, así que ya puede el PSOE prometer la luna, que siempre tendrá el pretexto de no llevar a cabo la reforma por falta de consenso.
Sin embargo, sí podría pasar que un eventual acuerdo PSOE-PP incorpore cambios legislativos importantes, sin ir más lejos, en la propia ley electoral para neutralizar el papel de las minorías o para delimitar el poder de los parlamentos autonómicos. Es una obviedad, dada la correlación de fuerzas y la evolución política de los partidos españoles, que cualquier cambio legislativo o constitucional sería, desde el punto de vista catalán y progresista, inevitablemente más centralista y más conservador. De hecho, es lo que ya pasó con el Estatut.