Con este grito, más cuartelero que judicial, se ha puesto final a la entrega de despachos judiciales hoy en Barcelona, sin la presencia del Rey. El acto, bajo la presidencia del presidente en funciones del CGPJ —casi dos años de bonus track—, acompañado del ministro de Justicia —hemos oído, o no, su disconformidad con los aguerridos chillones— y una minoría de vocales del CGPJ, ha tenido como notoria ausencia la del Rey. También, notificada ya el miércoles, se contaba con la ausencia del presidente del TC. Y la del gobierno catalán. Esta era previsible, pues no había sido invitado.

Sin embargo, la ausencia del Rey ha presidido el acto. Primero, hizo saber que La Moncloa —de forma comunicativamente poco brillante— le dijo que no fuera, aunque la seguridad —Mossos incluidos— estaba lista, así como los aspectos protocolarios. Además, el presidente en funciones del CGPJ ha hecho saber públicamente que el Rey le había comunicado que le habría apetecido estar.

El Rey con estas dos intervenciones se ha afiliado al partido judicial anti-Moncloa, es decir, se une a los afanes de echar a quien la derecha más atrabiliaria —tan extensa como de poca calidad democrática— considera un okupa gubernamental. Para hacer eso el Rey ha tenido que abonar sus funciones constitucionales y tomar partido por una opción política, cosa que constitucionalmente no puede hacer. Pero sabemos bastante bien cómo son algunos constitucionalistas.

Cuando el Rey se salta la Constitución no hay sanción legal. Es cierto. Pero está la sanción popular que se manifiesta en la calle o las urnas. El Rey tendría que recordar —o alguien tendría que hacerle memoria— que desde la Restauración borbónica en el siglo XIX sólo dos reyes, Fernando VII y Alfonso XII, murieron como reyes en su cama. Aparte de interregnos republicanos y dictatoriales, el primero dejó como herencia la Primera Guerra Carlista. El segundo, el Pacto del Pardo, vía para la Restauración, que el caciquismo con su corrupción fue carcomiendo, hasta la llegada de la II República, que recibió un país estropeado, empobrecido y atrasado.

Más recientemente y más familiarmente, tendría que recordar el Rey —o que alguien le hiciera memoria— como tuvo que huir por piernas su bisabuelo por Cartagena o su tío de Grecia. Seguir el ejemplo de su lejana parienta, la reina Isabel II del Reino Unido, sería más sensato.

El gobierno Sánchez no quería que la estancia del Rey coincidiera con la publicación de la sentencia del TS que, según un consenso generalizado, confirmará la inhabilitación del president Torra

De todos modos, reflexiones de comportamiento monárquico antimonárquico al margen, hay que preguntarse por qué La Moncloa desaconsejó el viaje del Rey a la Escuela Judicial —y, de paso, por qué no se ha invitado a la Generalitat—.

Es lícito conjeturar que el gobierno Sánchez no quería que la estancia del Rey en la ciudad condal, ni que fuera unas horas, coincidiera con la publicación de la sentencia del TS que, según un consenso generalizado, confirmará la inhabilitación del president Torra y ahorcará las instituciones catalanas otra vez.

Podría decirse que esta coincidencia, ahora inoportuna políticamente para el gobierno monclovita, se habría podido evitar pidiendo al TS la fecha de publicación de la sentencia —no su contenido, claro—. Parece que la gestión, por las vías adecuadas, se hizo, pero todo da a entender que Sánchez/Campo no las tenían todas. El pronóstico que la sentencia se conocería el día 24 se desvaneció el martes. El miércoles el presidente del TC, como he dicho, anunció que no asistiría al acto barcelonés y no ha sido hasta el jueves que se ha dado a entender que la sentencia se hará pública el lunes. Incluso, ha circulado por las redacciones que el mismo viernes la sentencia se podía notificar.

Remacha las sospechas el insólito hecho de dictar una sentencia tan rápidamente, en el país de la justicia eternamente retardada. Cuando además no es una causa con preso, es decir, con una persona privada provisionalmente de libertad, procedimiento este que tiene absoluta preferencia sobre el resto. La pregunta, al fin y al cabo, resulta obvia: ¿a qué responde tanta prisa?

Rumores o certezas, alimentadas por la milicia judicial, daban pie a avistar una estancia regia caliente. El miedo —o la prudencia— guarda la viña y el gobierno central optó por dejar al Rey en cocheras.

Se dirá que los jueces no hacen política y no escogen el día para publicar sus sentencias. La historia del TS lo contradice una y otra vez. Pero no hay que olvidar que el deep state, ahora togado, ha asumido la defensa de la unidad de España al precio que haya que pagar, como declaró el 2017 Pérez Rubalcaba. Todavía les queda el tercer aniversario del 1-O.

Me temo que se desperdiciará la segunda ocasión. Ojalá me equivoque y todo esto haya sido agua de borrajas tan gratuita como inecesaria. En todo caso, aprovecho esta ventana para pedir templanza a tutti quanti. Ahora más que nunca, estrictamente no hay que caer en provocaciones por más que las injusticias escuezan.