La corrupción y PP es un binomio que no cesa. Integra una constante histórica de la derecha española que trata el Estado, la res publica, como si fuera de su exclusiva propiedad, donde puede hacer y deshacer a placer. Culturalmente, estamos ante gente premoderna, preburguesa, preliberal. Lo explica muy bien el magistrado Joaquim Bosch en su última obra La patria en la cartera, libro altamente recomendable. Estos herederos de la derecha cleptócrata desconocen el dogma de la administración posrevolucionaria: la separación entre el hogar y la oficina. O lo que es lo mismo: una cosa es la gestión de lo público y otra la gestión de lo particular. Dicho sea de paso, una de las causas de la ineficiencia administrativa española, a pesar de todas las tecnificaciones, es su defectuoso diseño cultural: no se ha superado la separación entre lo personal y lo público, porque lo público se ve como objeto de captura a engrosar al personal. Ejemplos, y no solo del PP, tristísimamente, sobran.

Dicho esto, el PP arrastra desde su primer tesorero, desde Ángel Sánchez (1982-1987) al más famoso, Luis Bárcenas (1996-2009, entre gerente y tesorero), previo a la recuperación para la tesorería del partido de uno histórico como Roman Becaria, una tara: todos, todos, han sido procesados. Uno de ellos condenado, Bárcenas, y otro, Lapuerta, ya traspasado, vio el caso archivado por sufrir demencia. Con Naseiro finalmente absuelto por un cambio obligado en la interpretación de la regulación de la observación de las comunicaciones, quedó patente un panorama terrorífico.

Esta tesorería corrupta ciertamente no podía actuar sola y por iniciativa propia. Actuaba, como demostraron los papeles de Bárcenas, para el partido, es decir, para alimentar ilegalmente sus finanzas y generar sobresueldos en la cúpula de la organización. Tanto, que en la sentencia, primero de la Audiencia Nacional, ratificada después por el Tribunal Supremo, se estableció que el PP había creado "un auténtico y eficaz sistema de corrupción". Sin embargo, no hay cargos de la organización del PP condenados que fueran miembros ni del Comité Ejecutivo ni de la Junta Directiva Nacional, las más altas instancias del partido, incluso miembros del Gobierno. No es una casualidad, sino más bien una acción concertada de muchos factores, fuera y dentro de los palacios de justicia, que liberaron este auténtico milagro.

Gracias al País, conocemos las nuevas revelaciones de conversaciones entre la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el ubicuo comisario Villarejo. Eso nos permite derivar con razonabilidad próxima a la certeza de que se jugó mucho y muy fuerte con la finalidad que con Bárcenas acabara todo. Así, de Cospedal pide a Villarejo que pare el tema de la libretita y, de paso, se queja de que eso tape el tema de los catalanes, en plena campaña de la policía patriótica. Incluso de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, quien consta también en el sumario hablando de cuestiones del partido con Villarejo, fueron apartados de la causa, sin ningún tipo de sentido, constando lo que constaba en las conversaciones y teniendo el cargo que la ex ministra de Defensa tenía en el partido: la segunda máxima autoridad de la formación.

Resulta al fin y al cabo una combinación del deep state, con algunos jueces, algunos fiscales, algunos policías y otro tipo de sujetos, que, en feroz coalición, levantaron un muro que no dejó que los buenos jueces, los buenos fiscales y los buenos policías pudieran hacer, como manda la Constitución y la ley, su trabajo

Lo que denotan estas nuevas conversaciones es precisamente el hecho de, si no hacer desaparecer la libreta, que obra en la causa, sí hacerla inútil, desincentivando que sacara jugo. Es la famosa contabilidad extracontable en la que constan pagos, irregulares y judicialmente reconocidos por Bárcenas, entre otros, a MpuntoRajoy. Resulta al fin y al cabo una combinación del deep state, con algunos jueces, algunos fiscales, algunos policías y otro tipo de sujetos, que, en feroz coalición, levantaron un muro que no dejó que los buenos jueces, los buenos fiscales y los buenos policías pudieran hacer, como manda la Constitución y la ley, su trabajo. Solo pudieron obtener integrantes de segunda o de tercera y los golfos de rigor, necesarios, pero insuficientes integrantes del festín de la gran organización recaudatoria que fue el PP. No olvidemos quién dominaba —y todavía anticonstitucionalmente lo hace— el Consejo General del Poder Judicial: en buena medida es coadyuvante a la generación de impunidad, ciertamente no siempre obtenida. Otra vez, constitucionalistas soltados.

Organización que le pudo permitir, con dopaje y, por lo tanto, ilegalmente, ganar elecciones de todo tipo durante una buena temporada y que, a pesar de las diligencias de la Gürtel ya abiertas en el 2009, siguió parasitando otros organismos y empresas (Aquamed, Lezo o Rato, entre muchos otros) para alimentar sus arcas. Esta desvergüenza sin límite —sin contar casos individuales como los de Caja Madrid o Jaume Matas, por ejemplo— fue posible gracias a la impunidad que el deep state suministró al PP, en tanto que partido del régimen y, es decir, sistémico. La Constitución, sin embargo, no habla partidos sistémicos ni de protegerlos a cualquier precio.

De todos modos, lejos de pedir perdón o regenerarse, el actual cabecilla del PP, Feijóo, manifestó el mismo lunes que ni conocía los audios ni le preocupaban. Posteriormente, el coordinador del PP, Elías Bendodo, remachó el clavo añadiendo, que era un tema antiguo, que aparecía y desaparecía en función del interés de quien lo mueva. Ninguna disculpa o excusa. Es más, vino a denunciar, igual que de Cospedal lo hizo en su día, una conspiración contra el PP, por la sospechosa fecha de la publicación de las viejas conversaciones. Respuestas como estas, claramente insoportables en una democracia, aunque no sea avanzada, tienen lugar cuando se ha sido educado en la cultura de ser un master del universo. La impunidad es la cosa más normal del mundo y el resto de humanos forman parte de un decorado al servicio de los reyes de la barra.

Acabo con otra recomendación. Recuperen —está en varias plataformas— una película semiclandestina por culpa de los distribuidores y exhibidores afines en el PP, B, la película (2015), de David Ilundain. Se les hará corta.