Aunque, repentinamente, es una porción casi negligible de nuestra sociedad, existen grupos minoritarios, pero llamativos, que claman en contra de vacunarse, apelando a su libertad.

Buscan argumentos éticos, morales e incluso jurídicos, que la jurisprudencia errática de algunos tribunales superiores españoles -por ahora, los catalanes, impecables- les suministran. Estos anarquistas de derechas, algunos se llaman liberales, llegando a autocalificarse de libertarios, con el concurso de algunas personas de izquierdas desorientadas predican la soberanía de su libertad, claro está, superior a la de los otros, y blanden el derecho a no vacunarse contra la Covid-19.

Hacen falta, para no tratar el tema de forma demasiado general, algunas precisiones. Nadie con poder para hacerlo ha hablado de vacunación obligatoria. No entraré, pues, en esta trampa dialéctica. Otra precisión: lo que es malo y puede aniquilar la libertad y todos los otros derechos es la muerte derivada de una covid desenfrenada. Más de 82.000 conciudadanos ya no pueden ejercer su derecho a no vacunarse. En el cementerio no les hace falta.

Dejando de lado que en los sistemas jurídicos occidentales el derecho a la libertad, como tal, no existe, sino que existen tantos derechos a tantas libertades como libertades existen o se creen (se nota, una vez más, que son constitucionalistas de pega), el pretendido derecho a no vacunarse no existe ni puede existir.

El derecho a no vacunarse supone el derecho a hacer daño o el derecho a generar riesgo mortal contra el resto de ciudadanos y este derecho no se puede reconocer en un ordenamiento que sea mínimamente decente. Sería tanto como predicar el egoísmo como centro de nuestro sistema de convivencia. Tanto la ética como el derecho rehúyen este planteamiento y sitúan el deber de no comportarse con nocividad gratuita hacia el prójimo en el paradigma de una convivencia mínimamente pacífica y razonablemente ordenada.

Ejemplos de esta radical insolidaridad nos la dio uno de los factótums actuales de la derecha desenfrenada, el expresidente Aznar, en una de sus más famosas y terribles manifestaciones sobre quién le tenía que decir cuándo y cuánto vino tenía que beber. Al contrario, a él y a cualquiera se le puede prohibir beber vino cuando se siente al volante de un vehículo o máquina (o encontrarse bajo el efecto de drogas o fatiga extrema): la seguridad vial o industrial lo impone. Se impone como garantía de la integridad física y moral de los otros miembros de la sociedad.

El derecho a no vacunarse supone el derecho a hacer daño o el derecho a generar riesgo mortal contra el resto de ciudadanos y este derecho no se puede reconocer en un ordenamiento que sea mínimamente decente

¿Estos ácratas qué dirían si su hijo muriera en un accidente de tráfico en el bus de la escuela porque el conductor hubiera bebido o les cayera una viga de 10 toneladas encima en la obra que inspeccionan y acabara con su movilidad para siempre? ¿Dónde estaría la libertad del conductor o del maquinista?

Se puede decir que es una muestra de individualismo radical esta forma de pensar. Nada menos acertado. El individualismo nace como espacio de libertad propio cuando se vive en sociedad, como espacio para el desarrollo de la personalidad. Dado que precisamente vivimos en sociedad nuestros espacios chocan y hay que encontrar puntos de equilibrio equitativo entre los diferentes individualismos. Uno de ellos es no hacer daño gratuitamente a los otros. Y es un daño gratuito infligir a los otros el riesgo de una enfermedad muy grave no accediendo a vacunarse. Volvamos: se proclama así el derecho a hacer daño a los otros. Lisa y llanamente.

Más insólito y más grave todavía es que personal sanitario y sociosanitario se niegue a vacunarse y sustituya su inmunidad por la detección de la infección mediante regulares pruebas diagnósticas. Otro punto no menor radica en por qué los otros tenemos que correr con estos gastos y los de un eventual tratamiento de un estado de salud donde uno ha caído voluntariamente. Pero este es otro cantar.

En fin, no es jurídica ni éticamente aceptable que personal de un jardín de infancia se niegue a vacunarse. Como sí, por el contrario, es legítimo que la empresa, pública o privada, someta la contratación de personal a esta condición. No afecta a ningún derecho del contratado: ni es desigual, ni discrimina ni afecta a la intimidad. O dicho de otra manera: ¿qué padres y madres llevarán al jardín de infancia o a la escuela a sus hijos sabiendo que educadores y cuidadores de todo tipo se niegan a vacunarse?

Para acabar: cuando se blande un derecho, hace falta que el derecho sea real y no sea perjudicial de forma gratuita y egoísta para otros. Proclamar el derecho a no vacunarse, sabiendo que el no vacunado es un peligro para el resto de personas no es ningún derecho ni tiene ninguna cobertura legal. Es más, puede ser constitutivo de un acto ilegal por el que se pueden exigir responsabilidades. Por descontado.