En esencia, esta semana han proseguido miembros de la Guardia Civil sus declaraciones y han entrado en juego varios mossos que los auxiliaron en el mantenimiento del orden público con ocasión de los registros judiciales. Además, declararon guardias civiles que relataron escraches y dos de los considerados observadores internacionales. A pesar de las palabras de gran calibre, poco efecto tendrían que tener en la sentencia de un tribunal de justicia de un estado de derecho.

La razón es simple. Con respecto a los registros, todos los guardias integrantes de los equipos judiciales manifestaron que las diligencias las pudieron realizar sin ningún impedimento. Únicamente, en algunos casos, tuvieron dificultades para salir del lugar o domicilio registrado. Estas dificultades consistieron en bloqueos, mediante sentadas ―las cebes, que algunos confundían con bolets― y abroncadas lanzando contra los agentes epítetos sonoros, incluso, en lugar de palabras, un yogur en un caso, y/o profiriendo proclamas sobre la democracia, las votaciones y cosas por el estilo. En la mayor parte de casos, los Mossos dieron una buena protección, teniendo en cuenta que nunca habían sido prevenidos de los registros, hecho que dificultó enormemente un despliegue correcto.

En algún caso, la salida efectiva se demoró un buen rato, pero, a pesar del dramatismo de algún testigo sobre las masas, otra vez llenas de odio, ni personas ni cosas se hicieron daño, cuando menos, no se denunció nada ni ningún arresto se produjo. Peor resultado tuvo un mosso, incapacitado para el trabajo durante de 3 semanas, según declaró.

Después vinieron los dichos escraches. Primero en la Seu d'Urgell, una manifestación sonora que dio lugar a una denuncia individual de un agente, que parece archivada y propició el traslado de los contingentes alojados en dos hoteles de la población al Parador, que está a dos manzanas, unos 400 metros. La masa ―otra vez la palabra― variaba, según los declarantes, entre mil y ciento cuarenta integrantes acompañados por un coche de bomberos que se dio un baño de masas, dijo un testigo. Como mucho, las protestas duraron media hora. Otro incidente: en Lleida tres guardias, de paisano, fueron identificados por un peatón y tuvieron unas palabras, cosa que no pasó de aquí. En la central de la Guardia Civil, en Travessera de Gràcia de Barcelona, unos cuantos días al final de septiembre se concentraban personas, entre doscientas y poco más de mil ―sin acreditarlo―, con gritos y nuevamente sentadas, que dificultaban la entrada y salida de los agentes y de sus familias, durante unos pocos minutos.

En Gandesa se bloqueó brevemente la entrada al cuartel (casa-cuartel, ¡todavía!) con masas indeterminadas, tractores y tanquetas con orugas. Palabra esta, la de tanqueta, inoportunamente ―o no― introducida en el debate procesal, que parece referirse a unas desbrozadoras agrícolas todoterreno, por eso orugas en lugar de ruedas.

El incidente más grave lo representó el lanzamiento, en palabras de los fiscales, de un artefacto incendiario. El autor del lanzamiento no está identificado. Pero tampoco hemos visto qué tipo de artefacto era, ni donde cayó. Ni lo vio quien lo relataba ante el tribunal. A pesar de las divergencias terminológicas, parece, por lo que se ha oído en otras sesiones, que era un objeto textil ―una pelotita hecha de calcetines, puede― tirada por encima de la valla y que cayó sobre un petate del ejército. No parece posible, ni siquiera por un ironman o por una ironwoman, lanzar por encima de una valla de seguridad un petate. Quien hizo la mili bien que lo sabe: ni por volumen ni por peso.

A pesar de las palabras de gran calibre, poco efecto tendrían que tener en la sentencia de un tribunal de justicia de un estado de derecho

Bueno, los testigos tienen que disfrutar de su minuto de gloria, algunos con una fresca espontaneidad en algunos pasajes de sus, a veces, recitales. Sin embargo, más allá de esbozar el trazo de mínima violencia, intranquilidad más bien, dentro del clima del momento, tuvieron el mismo dominador común: ni daños personales ni materiales ni arrestados.

Y lo que es más importante: ninguno de los hechos relatados, más o menos organizado ―se tendría que definir organización―, fue imputado a ninguno de los acusados. Ni siquiera se intentó esta imputación por parte de las acusaciones. Y nuevamente, la fidelidad de Mossos con la ejecución de las órdenes judiciales y con el mantenimiento del orden público quedó patente. Tanto que, incluso, algunos declarantes de los dos cuerpos se referían a los otros como compañeros.

Ante esta insignificante gravedad faltaba la guinda del pastel: la declaración del nada tácito jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Catalunya, el teniente coronel Baena. A pesar de sus 6 horas de declaración, toda una jornada, bien poca cosa se sacó en claro. Dejando de lado su estilo, no siempre el más adecuado para ser ejercido ante un tribunal y algunas incoherencias en sus expresiones, expresiones que, en algún caso, se han hecho virales, tuvo su punto de gloria cuando dijo que en septiembre-octubre del 2017 se vivía un clima insurreccional en Catalunya y que era un polvorín, al cual hizo referencia varias veces.

Cuando la defensa protestó por el término insurreccional, Marchena dudó, pero finalmente reiteró lo que ya es uno de los leitmotivs del juicio: las valoraciones de los testigos no influirían en ningún caso en el tribunal. Bien curiosa letanía que se complementa con otra, cuando, en cada sesión, las defensas reiteran su derecho a confrontar lo que dicen algunos testigos con lo que se puede ver en algunos vídeos u otros documentos: que los testigos lo son por lo que han percibido por los sentidos, que no interesan sus valoraciones, valoraciones que, en definitiva, son legalmente impertinentes.

Una pequeña digresión: ¿cómo resulta plausible que la Guardia Civil abandonara armas largas, cortas, defensas y otros menajes y uniformidades en los vehículos logotipados delante de la Conselleria d'Economia el 20-S, si el clima era insurreccional, si era un polvorín? ¡Ah! ¿Y con alarma terrorista 4? Plausible no resulta.

Bueno, sin embargo, los testigos de la acusación, a preguntas de las acusaciones, pueden desahogarse mucho más con las acusaciones, que se ven limitadas en la profundización del contenido de las declaraciones testificales. También se ven restringidas a la hora de intentar cuestionar la credibilidad de algunos de los declarantes. Porque, si es verdad que el testigo no puede declarar más de lo que ha percibido por los sentidos (normalmente la vista y el oído), ¿qué ha visto el jefe de la policía judicial que, según sus reiteradas manifestaciones, no ha salido a la calle y no ha visto nada y que, en consecuencia, sus atestados sobre el procés ―per cierto, para, como mínimo, una fiscalía y tres órganos judiciales― son el fruto de la depuración de los informes que le entregaban sus equipos? Lisa y llanamente: ¿de qué hechos percibidos sensorialmente podía declarar? Permitir este desequilibrio entre las partes, seguramente porque, como si fuera el soldado Ryan, había que salvarlo, será un tema a discutir cerca del Rin, en Estrasburgo.

Además, descubrieron que el teniente coronel Baena es la independencia personificada. Como policía judicial no depende más que de jueces o fiscales y en ningún caso de sus mandos orgánicos a los que no da cuenta de nada. Lástima que no recordara la circular, que fecha de la época del ínclito Fernández Díaz en Interior, que hacía falta que los jefes de la Guardia Civil previnieran al ministerio con una semana de antelación de sus actuaciones en auxilio judicial, actuaciones normalmente secretas.

¿Cómo resulta plausible que la Guardia Civil abandonara armas largas en los vehículos logotipados delante de la Conselleria d'Economia, si el clima era insurreccional, si era un polvorín?

Al fin y al cabo, no salió ninguna confirmación de acciones de levantamiento violento ni de violencia imputables a ninguno de los acusados. ¡Ah! Me olvidaba: se habló mucho del Enfocats y menos de la moleskine, donde se relata la hoja de ruta y varios encuentros y acciones. Lástima que el Enfocats sea anónimo, no fechado (pero confeccionado no más allá del 2016) y no describe ni un solo acto de violencia o de toma violenta de las instituciones. Y la moleskine es una agenda particular sobre la cual, a medida que avanza el juicio, se va perdiendo el interés.

Las aportaciones de los llamados, por las acusaciones, observadores internacionales, parece que no observaron tanto como se hizo creer en un principio, teniendo en cuenta que observar es jurídicamente irrelevante. Por un lado, el exdiputado alemán Bernhard von Grünberg vino solo, no formó parte de ningún comité y se lo pagó todo él. Nadie lo pudo contradecir.

Precisamente, por no poder contradecirlo, la fiscal Madrigal se lanzó sobre él espetándole por qué no se encarga de la independencia de Baviera. Es más, lo quería desacreditar, como si eso fuera una declaración judicial. Aquí Marchena estuvo acertado, le dijo que por este camino, nada. De todos modos, para información general hace falta recordar que la famosa prohibición del referéndum en Baviera que por las asesorías opinadorías guantanameras se presenta como el rien ne va plus de las sentencias constitucionales antisecesionistas no es más que una modesta providencia de inadmisión, de 16-12-2016, a un recurso de amparo de un ciudadano que había visto denegada su petición al gobierno bávaro de hacer un referéndum con tal propósito.

Por su parte, la neozelandesa Helena Catt, invitada, entre otros expertos, desde julio del 2017 para hacer una serie de informes sobre la situación de Catalunya, sí que cobró 8.000 €. La gente honrada paga lo que encarga. Pero es más, cuando se pagó esta suma y los importes de los otros dictaminadores invitados por el Diplocat, la Generalitat ya estaba intervenida económicamente con el famoso método de Montoro. Un método formal, como es formal toda la intervención de las cuentas públicas y privadas, cuentas que sólo en caso de sospecha o por razones de muestreo se analizan con más profundidad, en concreto sobre la calidad y utilidad del servicio prestado o de la cosa o bien contratados. Sin embargo, recuerdo una vez más, una contabilidad de una institución pública ―y de una privada mediana― no tiene sólo dos columnas, un deber y un haber. La pública va desde la partida presupuestaria hasta la entrega del ocaso o prestaciones de los servicios y su pago, pasando por las fases de contratación ―tan complejas en ocasiones que pueden durar meses― recepción u otros elementos. Cada obra o servicio es un fajo grueso de papeles y, además, desde hace tiempo, como declaró la jefa de los servicios de presidencia de la época, la Sra. Prohías, muy formalizados informáticamente. Nadie, por ejemplo, ha dicho que el servicio no se prestara ni fuera sobrero.

Por lo tanto, control formal, por supuesto. Que se pudiera haber engañado a la Hacienda española, podría ser. Dónde reside la prueba de la defraudación es el quid de la cuestión. Sin prueba no hay delito. Y muchas veces no hay prueba porque... no hay delito.

Este vacío probatorio asola, hasta ahora, toda la causa por los delitos de rebelión/sedición, malversación y, si me apuran, desobediencia. Aspecto este último que nada tiene que ver con lo que entendemos en el lenguaje común por desobediencia. Habrá tiempo, lo he dicho alguna otra vez, más adelante. ¡Ojalá, no!