La sección segunda de la Audiencia Nacional (AN) dictó ayer una sentencia de casi 1.700 folios sobre una parte de la gigantesca trama Gürtel, conocida como Gürtel Época I (1999-2005). Hay que situarla en su contexto.

Ya se han juzgado tres piezas: los trajes de Camps, en la que el expresidente valenciano fue absuelto por un jurado popular —un detalle no menor—; el caso Fitur, ya cerrado y con los condenados entrando en prisión (otros como Correa no salen más que para declarar en los juicios) y el caso de la financiación electoral del PP valenciano, pendiente de sentencia en primera instancia.

Ya enfilando el juicio oral o todavía en instrucción quedan: los papeles de Bárcenas —¿sabremos por fin quién es M. Rajoy?—, la visita del Papa a Valencia y el 3% de Bárcenas. También faltan las prevaricaciones en la adjudicación de obra pública a Valencia con Correa y su conglomerado. Otra gran pieza es la llamada Gürtel Época II, que incluye el significativamente etiquetado pelotazo de Arganda. Todavía hay más: las contrataciones en Jerez, las de AENA y las de Boadilla del Monte, esta con el PP acusado también de lucro. En la edición de hoy en Confilegal se puede encontrar una información más detallada: Piezas juzgadas y pendientes de la trama Gürtel.

Como se ve en este sintético relato de procesos judiciales, algunos ya con condenas en cumplimiento con penas nada suaves, ofrece un panorama de corrupción sistémica, que según el relato de la sentencia de ayer de la AN ha convertido el PP en un partido enganchado a su caja B. Así, ha comprado voluntades, ha vendido las suyas y se han enriquecido personalmente militants, mediadores y el propio partido, aparte de salir a las contiendas electorales dopados económicamente, adulterando el juego limpio, que, como se diría, es la enseña de los autoproclamados liberales, amantes de la libertad y seguidores sin desfallecer de la ley.

Tiempo tendremos para digerir la sentencia más relevante dictada hasta ahora, en cuanto a volumen de encartados y porque hace responsable civilmente, a título lucrativo, al propio PP y a una ministra, Ana Mato, que propinó a la sanidad pública unos crueles recortes nunca vistos. Ahora me interesa poner de relieve tres aspectos sobre los que creo que hay que reflexionar.

El sistema hace aguas, y todavía hará más. 

En primer lugar, se dice que estas respuestas judiciales son una muestra de que el sistema funciona. Discrepo. El sistema hace aguas, y todavía hará más. Es cierto que en unas condiciones muy difíciles todavía hay una capa amplia de jueces que se apresuran a aplicar la ley. Sin embargo, privados y entorpecidos permanentemente por el sistema político, tardan muchísimo en dictar sentencias —¡hablamos de hechos de los años 90 del siglo pasado!— y no se llega hasta el final.

Para llegar a la última resolución condenatoria —recordemos que la primera fue una absolución por parte del jurado popular valenciano y el Ministerio Fiscal no la recurrió— rememoremos solo estos puntos: la primera condena por el caso Gürtel fue la del primer instructor del caso, el magistrado Garzón, en una resolución, para decirlo suavemente, extraordinariamente polémica.

Una vez apartado el molesto instructor, se manipuló el caso para que la plaza vacante fuera, de hecho, ocupada temporalmente, con renovaciones cada seis meses, por un juez no titular, el juez Ruz, que hizo un trabajo encomiable y de quien ahora no se acuerda nadie. Fastidiado, se retiró cuando cerró de instrucción el sumario que ayer acabó en primera instancia. A estas maniobras no fueron ajenos ni el presidente del Consejo, Lesmes, ni el entonces asesor áulico del PP, Trillo.

Además, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) se negó a dictaminar determinados aspectos fiscales del tema y solo lo hizo después de que el juez Ruz conminara penalmente a su directora. En paralelo, las oficinas de Hacienda encargadas de prestar auxilio pericial a la justicia retrasaban sus informes, e incluso llegaron a pedir a los jueces que no les enviaran más peticiones. Eso provocó una queja enérgica de los seis instructores de la AN.

Finalmente, la Dirección General de Tributos emitió una respuesta a una consulta sobre la posibilidad de desgravar pagos en negro a los partidos políticos y la cosa quedó... en que sí, que se podía, que no era ilegal. De todo eso se ha hablado sobradamente, pero ahora, probablemente preparando más dosis de inmovilismo, nadie habla. Con todo eso no se puede decir que el sistema funcione. Es más: está preparado para que no funcione y garantice el espolio de lo público y la impunidad de los expoliadores. O, dicho de otro modo: eso no lo arregla ni una sentencia ni diez.

En todas las condenas por corrupción falta un elemento esencial: los corruptores

En segundo lugar, en todas las condenas por corrupción falta un elemento esencial: los corruptores. Se castiga los corruptos, pero de los corruptores no se dice nada. Sin embargo, hay algún indicio positivo con confesiones de corruptores de segundo nivel, pero ni una de los abanderados de la contracción pública.

Se dirá que Correa ha sido condenado. Cierto, pero él no es más que un intermediario. Falta por saber quién requería sus servicios. Una pista: los únicos que pueden tener interés en acceder al partido del gobierno para obtener ilícitamente beneficios en la contratación pública son, mira por dónde, los contratistas.

Al principio de la trama Gürtel se habló de dos sectores: el de los constructores de obra pública y el de la seguridad. El segundo desapareció enseguida, y de los integrantes del primero, en el mejor de los casos, tendremos que esperar que se acabe la instrucción de la causa del 3% de Bárcenas. Recordemos que se reabrió una pieza ya archivada a raíz de las tragicómicas declaraciones de Correa sobre la existencia del 3% y se negó a dar nombres —algo que, como imputado, estaba en su derecho—. Así, con este caldo de cultivo, no podemos decir que el sistema funcione.

Habría una esperanza de que el sistema fuera un estado de derecho y no de deshecho: la dimisión de Rajoy y de toda la cúpula pepera

Todavía, en tercer lugar, habría una esperanza de que el sistema fuera un estado de derecho y no de deshecho. ¿Cuál sería esta puerta a un cierto optimismo? La más directa y también la más altamente improbable sería la dimisión de Rajoy y de toda la cúpula pepera, también de De Cospedal, que ha tenido relación con toda esta encarnizada corrupción. Dimisión de Rajoy e ir a elecciones. Dejemos de soñar, ya que de estos personajes no tenemos que esperar la mínima dignidad.

La otra alternativa es presentar inmediatamente una moción de cesura. Lo más conveniente sería poner al frente del gobierno a sustituir a un personaje de prestigio, no necesariamente diputado, que, en un gobierno de transición con una agenda democrática, convocara elecciones en no más de seis meses. Una moción de censura con uno de los políticos del star system habitual no comportaría ninguna solución.

Claro que eso no es todo. Sin resolver democráticamente la cuestión catalana, el sistema político español no saldrá de la profunda sima donde está y donde todos los que se llaman "del sistema" no hacen sino cavar más y más hondamente.