A raíz de las palabras del presidente del Parlament de Calalunya, Roger Torrent, en el acto de celebración en el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el pasado 23 de febrero, sobre la existencia de presos políticos, se generó un estruendo.

Como pórtico, en primer lugar se tendría que reflexionar sobre estas fiestas dichas institucionales de perfil claramente cortesano, donde sólo faltan los obispos, tal como solía ser antaño. Si estos actos tienen que servir sólo para decirse a la cara las autoridades ante de un público afín lo bonitos que son todos ellos, agradeciéndose mutuamente esfuerzos que, la verdad sea dicha, no se ven en ningún sitio (pensemos sólo en las tasas, lexnet, la falta escandalosa de magistrados y funcionarios —por debajo de la media de la UE—, el turno de oficio...), si la fiesta es sólo para frívolos juegos de artificio, valdría más destinar el gasto a una ONG o a unas becas formativas de jóvenes letrados, por ejemplo.

Si, en cambio, de lo que se trata es de decir, aunque pueda molestar, alguna verdad, aprovechando la multitud de servidores públicos y privados reunidos en torno a la celebración de la fiesta patronal de la Abogacía, bienvenido sea el acto. Y si alguien se pica, que se rasque. Por hacerlo una vez al año, cara a cara, nadie se hará daño.

No olvidemos la función esencial de la Abogacía en la Justicia. Sin abogados, por muy justo que sea el juez, no habrá nunca justicia de ningún tipo. Sólo hay que recordar qué le pasó a Eva y por el suyo, ve a saber, si pecado, pagan todos. [Reflexión ex abundantia (latín, un poquito): el trabajo (el sudor) como castigo, muy democrático no queda, la verdad].

Volvamos al viernes pasado. Fue decir las palabras presos políticos y se hizo un Arco: se retiraron las máximas autoridades judiciales y del ministerio público en Catalunya. Acto seguido, se ha hecho un uso generoso de las redes sociales por parte de profesionales de la Justicia. En fin, la Comisión Permanente del CGPJ y la Fiscalía General del Estado, en sábado, emitieron sendos y casi gemelos comunicados en los que a) tildan de improcedente toda existencia de presos políticos en España y b) ponen como verdad incuestionable la independencia judicial en el Reino.

¿Por qué no hay presos políticos en España? Respuesta fácil. Porque España es un estado de derecho, una democracia. Y en los estados de derecho, en las democracias, no hay presos políticos. Respuesta incorrecta. Si no hay presos políticos, seguro que el sistema es un estado de derecho, una democracia. Pero al revés no es cierto.

Los estados de derecho, las democracias, pueden sufrir presos políticos. Una vez más, el nombre no hace la cosa: la realidad es la que es y no siempre nos gusta

Dos ejemplos. El Reino Unido ha encarcelado y condenado, como los tribunales, y especialmente el de Estrasburgo, han demostrado, norirlandeses sin pruebas y sin juicio justo (a algunos les ahorraron la prisión, liquidándolos directamente, como pasó en Gibraltar). ¿En los Estados Unidos, los detenidos en Guantánamo qué son? ¿Mediopensionistas? Son prisioneros políticos que ningún premio Nobel ha conseguido, a pesar de ser poderoso en algún caso, liberar.

¿Qué quiere decir que el Reino Unido, los Estados Unidos —u otros aliados— no son estados de derecho, no son democracias? No. Quiere decir que el estado de derecho, incluso el bien diseñado —no es el caso español—, que la democracia —que funciona en España de forma manifiestamente mejorable— no son perfectos. Que los mejores regímenes políticos del mundo no son perfectos. Que tienen lunares. Como es sabido un lunar es un tumor, un tumor no necesariamente maligno, pero que hace falta vigilar y, dado el caso, extirpar. Como nos dirá cualquier oncólogo, el lunar puede derivar en maligno y con consecuencias incluso fatales, si no se le presta suficiente atención y control.

O sea que sí, que los estados de derecho, las democracias, pueden sufrir presos políticos: el nombre, o incluso las instituciones, no son una vacuna infalible para evitar esta lacra. Una vez más, el nombre no hace la cosa: la realidad es la que es y no siempre nos gusta.

Entre muchas otras manifestaciones del instructor del TS, el juez Llanera, podemos extraer tres. Dos judiciales y una extrajudicial, que hablan por sí mismas de la índole política del asunto, índole que es el motivo de mantener a los imputados en prisión preventiva.

Así, en el auto de 5 de enero pasado, para justificar la restricción de libertad del vicepresident Junqueras, se puede leer: “No existe en la actualidad ningún dato que permita entender que la intención del recurrente sea prescindir de la posibilidad de ocupar el mismo o similar lugar político al que le permitió, por el poder político del que disponía, ejecutar los actos delictivos que se le imputan; ni tampoco, más allá de algunas manifestaciones no corroboradas por hechos posteriores, que su voluntad, o la del partido que lo sostiene como candidato a la Presidencia de la Generalitat, se oriente precisamente a abandonar la idea de una proclamación unilateral de independencia que alcanzara efectividad, que era el objetivo propuesto y no alcanzado al poner en marcha el Estado los mecanismos constitucionales y legales de defensa de la democracia; ni tampoco que al hacerlo no vayan a seguir las mismas vías ya antes iniciadas y, por lo tanto, con consecuencias similares a las ya producidas con anterioridad” (fundamento Sexto. 1. IV.).

En el auto del pasado 2 de febrero, ahora en relación al conseller Forn, queda dicho: “Su ideología coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la  independencia de Cataluña, existiendo todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse de manera inmediata y perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normes penales que aquí se enjuicia” (fundamento, Tercero. III).

Finalmente, el jueves pasado manifestó en la prensa que una orden internacional de detención hace falta cursarla, basándose "no en sospechas, sino en una investigación terminada donde se vea un comportamiento delictivo, y un delito cometido". Afirmación que permite deducir que hay dos varas medir, una de consumo interno, de carácter claramente político, y otra hacia el exterior, ajustada jurídicamente, que es el que, se diría, no parece alcanzado todavía.

Todas las asociaciones judiciales han denunciado la politización de los altos niveles de la Justicia: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia

En cuanto a la independencia judicial, la cosa es todavía más ilusoria. Para empezar, todas las asociaciones judiciales han denunciado la politización de los altos niveles de la Justicia: Tribunal Supremo, precedencias en la Audiencia Nacional, y, como mínimo, de los Tribunales Superiores de Justicia. Eso sin contar con el mal denominado gobierno de los jueces, el CGPJ, después de varias reformas, convertido, de hecho, en una dirección general más del Ministerio de Justicia y, en todo caso, gubernamentalizado de forma seguramente irreversible.

Tanto es así, que el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en su último informe, de 3 de enero pasado, considera esta politización y la ausencia de paliativos como un enorme punto negro en la Justicia española. Ahora, desde perspectivas enfermizamente corporativas, no se puede olvidar por parte de miembros de la judicatura sus propias críticas. Olvido que es normal, sin embargo, en los destinatarios insensibles de todas las criticas, internas, externas, profesionales, académicas e internacionales como son, en realidad, de hecho y desgraciadamente, hoy por hoy, dos organismos politizados sin ambages, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. De ellos, las críticas a sus críticos son sobreras.

Un último apunte. La desbandada de los miembros de la judicatura y de la fiscalía en Catalunya el pasado 23 de febrero del Salón de Actos del Colegio de la Abogacía capitalino podría tener consecuencias sustantivas de relieve: no sería nada estraño que se plantearan, si los interesados previamente no se abstienen, recusaciones en asuntos en que tengan que intervenir relacionados con el procés por alguna de las causas legalmente previstas, como, por ejemplo, amistad/enemistad manifiesta o tener interés en la causa.

Eso sin recordar que tanto los ministros del gobierno central en más de una ocasión han avanzado resoluciones judiciales, han hecho pública la existencia de fiscales amigos o la función afinadora de la fiscalía; incluso el último escándalo lo protagonizó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría llamando al presidente del TC en la causa que el propio gobierno monclovita promovió. Eso —y multitud de otros ejemplos— tiene un nombre, pero el de independencia, no.