Esta crónica personal de lo que pasa en el juicio, que ni es periodística ni es exhaustiva porque es personal, empieza a dar las últimas señales de vida. Ciertamente, todavía nos esperan a uno platos fuertes, fuertísimos, con las conclusiones definitivas de las acusaciones (bien, una será más bien propia de La codorniz) y de las defensas. Y las últimas palabras de los acusados.
Pero no estamos en las postrimerías en intensidad. Sin embargo, esta semana, auténtica setimana horribilis, ha dado buenas pinceladas, nada propias de los momentos finales del proceso regular. Los testigos que han pasado por la sala de plenos del TS nos han ofrecido entereza moral, dignidad y conocimientos.
Empiezo por tres testigos claves, digamos, técnicos: Francesc Esteve, Mercè Corretja y Pere Sol. Los tres altos funcionarios de larguísimo recorrido por el sistema público catalán. Los tres manifestaron una competencia extraordinaria.
Empezamos por Pere Sol, exsecretario general, interino del Parlamento, como resaltó varias veces. Reiteró, como lo han hecho todos los letrados y lo haría después la letrada Mercè Arderiu, ningún parentesco con la abogada, Olga Arderiu. La mesa del Parlament solo prevé los requisitos formales, y de forma flexible, de las iniciativas legislabas del gobierno y de los grupos parlamentarios. Sería una aberración que la Mesa, suplantando a la Cámara, denegara la tramitación o aprobación de las iniciativas parlamentarías y gubernamentales. Les cuesta entender a las acusaciones, pero todavía no han hecho mella.
Estas llegaron a creer, malgré tout, que habían hecho mella cuando insistieron en las causas de la renuncia, anunciada varias veces y finalmente irrevocablemente presentada por Sol como secretario general. Pensaban que confesaría, como algún anterior declarante insinuó, que fue consecuencia de incomodidad con temas relacionados con el procés. La incomodidad que alegó el exsecretario general fue más prosaica y nadie la intentó poner en duda: que los temas de gestión, función muy importante de la secretaría general, los encontraba pesados, que no eran su ocupación preferida. Por lo tanto, dijo adiós al encargo, y se quedó como letrado del Parlamento.
Por su parte, tanto Francesc Esteve (director Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, desde 2017), es decir, jefe de la asesoría jurídica de la Generalitat, como Mercè Corretja (directora general de Contratación Pública, desde 2016) explicaron punto por punto cómo es la contracción pública de la Generalitat. ¿Cómo lo podríamos decir en palabras simples? Pues es igual que la del Estado: está regulada por la misma ley y sometida a los mismos procesos de verificación y transparencia. O sea que no hay nada que esconder ni, sobre todo, escondido.
Cuando se entró en casos concretos, como las famosas facturas por los anuncios electorales a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o las de Unipost por el envío de documentación electoral y censal, la respuesta fue la que conocemos: no había encargo y, en consecuencia, no se contrajo ninguna obligación, no había nada que pagar y no hubo ningún perjuicio por parte de la Hacienda pública catalana. Es más: las facturas emitidas por la Corporación se anularon de pleno derecho, según el procedimiento regular al efecto. Por su parte, Unipost nunca reclamó el pago. No reclamó nada: ni el trabajo se encargó ni, consecuentemente, nada se llevó a cabo. Una y otra vez salía a la palestra el término "plataforma". La plataforma no es otra cosa que la aplicación informática (común a todas las administraciones públicas) donde se carga a pesar de cada uno de los procesos de contratación, desde su inicio hasta la conclusión de este.
No contentas con eso, las acusaciones públicas, especialmente la abogacía del estado, insistían en que todo era solo un control formal. No olvidemos que por profesión, en general de contratación pública, los abogados del estado saben un montón. Aun así, la Sra. Seoane, que era la secretaría general de Adif, que de contracciones públicas millonarias cada año, insistía una vez y otra que el control que ambos altos funcionarios llevaban a cabo era formal.
Claro está que era formal. Pero formal es el seguimiento de muchas variables, no es solo echar una ojeada. El control material, si el trabajo se ha hecho realmente y las contraprestaciones son las estipuladas, por ejemplo, se hace mediante auditorías aleatorias de revisión a posteriori (Intervención General, Tribunal o Sindicatura de cuentas...). Solo a posteriori se puede saber si lo contratado ha sido correctamente ejecutado en todos sus extremos o en verificaciones puntuales, normalmente por razones de alguna sospecha en la gestión. No imagino a la Sra. Seoane ni a los fiscales subidos encima de un locomotora verificando si sus prestaciones son las que realmente figuran en el contrato de suministro de material tractor ferroviario. La contabilidad de la gestión pública es algo diferente de la contabilidad de la lechería de la esquina o de la herrería de una gran superficie.
Dos detalles a añadir. Uno evidente: tanto Esteve como Corretja no fueron cesados para el 155 ni al momento de la suya arbitraría aplicación, ni durante su ejecución. Curioso. Y segunda, Esteve está imputado por la adjudicación de las urnas, adjuración que no ha salido durante el proceso.
A reservas de la prueba pericial sobre los gastos, el tema de la malversación no está saliendo muy lucido a las acusaciones. No pueden demostrar, porque parece que no hubo, gastos refrendarios a cargo de las cajas de la Generalitat.
Cambiemos de capítulo. En el terreno de las declaraciones de las víctimas del 1-O salen las personas mayores: los enormes protagonistas de la realización del 1-O y del fracaso del Estado al impedirlo y responsables de mostrar en el mundo la determinación de un pueblo, cuando menos de una parte, que quiere votar para decidir el futuro sin imposiciones de nadie.
La semana ha sido rica en testigos. No entraré mucho en describirlos todos, ya que hablan por sí mismos y la técnica nos permite rememorarlos todas las veces que deseemos. Se diría que todos los declarantes, a diferencia de la semana pasada, han manifestado un rasgo esencial. Han expresado cada vez más fuerte su indignación, tanto por haber sufrido lo que sufrieron o vieron sufrir, como por la marcha del juicio. La dignidad ciudadana no se da por vencida ni siquiera ante un tribunal.
El hecho de la retransmisión por televisión ha sido determinante para que los testigos perdieran el pánico escénico. Es más, a diferencia de la mayor parte de policías, han dado la cara, incluso sus actuaciones delante el que, el fiscal Zaragoza denomina incidentes, y son claras infracciones que tienen respuesta en el código penal.
Me quedo con tres mujeres dignas. Antes, sin embargo, hay que recordar que un testigo declaró que cargaron contra ellos en la escuela Mediterrània al grito de "a por ellos". No es detalle menor.
Tres mujeres, decía, igualmente dignas, pero totalmente diferentes, por procedencia, estatus, talante. La filósofa Marina Garcés quiso hacer llegar su mensaje pacifista al tribunal, hasta que Marchena perdió otra vez los nervios y decantó, una vez más, la balanza en favor de los ultraprotegidos testigos oficiales de las acusaciones. Fue más significativo el intervencionismo del magistrado que la declaración en sí de la profesora. Y mal cuando el protagonista del juicio es el juez. Mal por las inalienables e irrenunciables garantías del procés debido.
Una segunda declarante relata una actuación policial que sin exageración se puede calificar de gratuitamente desproporcionada: después de golpes a diestro y siniestro, sin decir ni mu, fue arrastrada por las piernas y, por lo visto, alguien le cogió el teléfono móvil, que no le han devuelto. Parece que alguien dispone en Andalucía. Y para acabar de arreglarlo, un sindicato policial, con el entusiasmo de la fiscalía, promueve su imputación. Solo un recordatorio: siempre que desaparece un móvil, como son fácilmente rastreables, alguien suele ser condenado por hurto o robo.
Finalmente, la que me permití llamar abuela coraje. Son nueve minutos de declaración simplemente antológicos: estaba indignada porque fue tirada contra el suelo por un policía que mediría tres veces lo que ella le rompió la pelvis. Actuación policial exquisita, si recordamos bien, en palabras de un agente.
Marchena le decía que estaba nerviosa. Prejuicio y mala psicología: la declarante no estaba nerviosa, como dijo ella misma: estaba indignada. Es de suponer que su indignación provenía del hecho de que no pudiera expresar su respetable opinión como ciudadana. De la lesión, con cuatro meses de sanación, también. A preguntas de si le ordenaron que se pusiera en un determinado lugar, la apoteosis final: "Yo no hubiera tolerado que nadie me dijera donde tenía que ponerme o dejar de ponerme. Yo tengo 69 años y criterio propio. Todavía". Genio y figura: dignidad.
Y "gracias, Pilar."