La imputación del president de la Generalitat y dos consellers por la consulta del 9-N no es otra cosa que la respuesta del Estado al proceso de independencia de Catalunya que ha activado Artur Mas y que ha desembocado en un más que evidente choque de trenes y en un reciente proceso electoral de una agresividad sin precedentes. La respuesta ciudadana en las elecciones del pasado domingo se saldó con la victoria de la candidatura de Junts pel Sí, con 62 escaños, que sumados a los 10 de la CUP dan a las fuerzas soberanistas la mayoría absoluta en el Parlament. Que la fecha escogida para dar a conocer la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no era una casualidad, ni estaba en conocimiento sólo de los magistrados, se hizo evidente el pasado sábado cuando el diario madrileño La Razón le dedicó el principal titular de portada, obviando que era la jornada de reflexión. Por si no fuera suficiente, ayer, unas torpes palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que la fecha se había escogido con criterios electorales y para no contaminar las elecciones del 27-S, no hacían sino dar más fuerza a la lectura política de la providencia, al convertirse inopinadamente en portavoz de los magistrados.

Desde la Fiscalía General del Estado y desde el Consejo General del Poder Judicial se han seguido con enorme interés los pasos del TSJC desde el pasado 9 de noviembre. La fiscalía resolvió las serias diferencias que existían con sus representantes en Catalunya haciendo uso de la disciplina debida. El desencuentro acabó con la presentación de una querella por cuatro delitos, tres de los cuales comportan inhabilitación y uno, el de malversación de dinero público, prisión hasta un máximo de 10 años. Todo apunta a que los pasos dados por la fiscalía se encaminan a una petición de prisión. Durante este tiempo, además, el CGPJ ha visto con desagrado lo que consideraba una excesiva lentitud en los pasos del TSJC, circunstancia que puede haber sido determinante para la oposición del presidente del Consejo General a la reelección del presidente del TSJC a un nuevo mandato.

Sea como sea, Mas, la consellera Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega han sido citados como imputados. En el caso del president de la Generalitat, el 15 de octubre, una fecha de un enorme simbolismo en el imaginario catalán, ya que es el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys y, este año, se cumplen 75 años. Habrá que ver qué efectos colaterales tiene la imputación en el escenario político catalán ya que es una situación que, excepto a PP y Ciudadanos, incomoda a todo el resto del arco parlamentario. Llevar la jornada de votación del 9-N a los tribunales fue de una gran irresponsabilidad y de un escaso sentido de Estado. Seguir dando la batalla en los juzgados y no en la política es no haber entendido el resultado del pasado domingo. Y lo que es peor: pensar que la solución a los problemas puede encontrarse en la inacción.