Sí, sí, estamos de acuerdo en que los medios públicos audiovisuales tienen un plus de compromiso con la neutralidad y la veracidad. Y los que nos creemos de verdad eso de los medios públicos todavía más. Ahora bien, también estaremos de acuerdo que quien convierte en enfermizo el control de los medios públicos acostumbra a ser el más contrario a la existencia de los medios públicos.

Sería como aquello que dicen, que si un policía de tráfico te para y quiere multarte, multa segura porque siempre te encontrará alguna cosa. Aquí y en la China popular. Por lo tanto tiene narices que quien si pudiera cerraría los medios públicos coja la bandera de la defensa de los medios públicos, que realmente es la bandera de destruir la reputación de los medios públicos en beneficio de los medios privados que les son favorables.

Y así llegamos al otro lado del argumento. Naturalmente que los medios públicos tienen que ser muy escrupulosos con las informaciones que ofrecen y con la manera como las ofrecen, pero eso no quiere decir que sea cierta la cancioncilla aquella de que "los privados pueden hacer y decir lo que quieran".

Los medios audiovisuales privados, efectivamente y como su propio nombre indica, tienen intereses privados y sólo tienen que dar explicaciones a sus accionistas, sí, sí. Ahora bien, eso no implica que puedan hacer lo que les venga en gana porque son sociedades concesionarias de un servicio público y difunden su actividad por un espacio radioeléctrico que es de dominio público y que es responsabilidad de las administraciones públicas.

Pero todo eso quedaría reducido a una discusión técnica que puede llegar a provocar bostezos si no fuera porque cuando llegamos a la Sagrada Constitución podemos leer:

Constitución

O sea, ofrecer mentiras en vez de noticias, es inconstitucional. Y no he visto ni he oído nunca nadie reclamar la aplicación de este bonito artículo.

O sea, por mucho que las empresas de comunicación audiovisual sean privadas, tengan intereses privados y sólo se deban a sus accionistas y bla, bla, bla, no pueden mentir. Lo dice una Constitución, que casualmente es la herramienta de la cual se han apropiado los que fiscalizan con más ganas los medios públicos y ha pasado de estar en aquello que "nos dimos entre todos" a esto de "que es como yo le diré que es".

O sea, estamos ante la terrible paradoja de ver que quien no se cree el servicio público ha privatizado una Constitución y la leen y la aplican como ellos dicen que hay que leerla y hay que aplicarla. Y quién no la lee y la aplica como ellos dicen, automáticamente queda descalificado, insultado y apartado del recto camino.

O sea, como dijo aquel, desconfiad siempre de la fe apasionada por los conversos. En general. Y en este caso, en particular.