El fiscal es un funcionario público que ejerce las funciones y atribuciones de representación de los intereses de la sociedad en los hechos que revisten carácter de delito.

Según el artículo 124 de la Constitución (que nos dimos entre todos y entre todas), el Ministerio fiscal español "impulsa la justicia" y es defensor de la "legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley".

El artículo 3 del Estatuto del Ministerio Fiscal define en 16 apartados cuáles son las funciones de esta institución. Los resumo rápidamente: Tiene que velar por aplicar la justicia conforme a las leyes, ejercer las funciones que le atribuya la ley, velar por el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, ejercitar las acciones penales y civiles que derivan de delitos o faltas, intervenir en el proceso penal instando a la autoridad judicial o a la policía judicial a que adopte las medidas oportunas para aclarar los hechos y velar por la protección procesal de víctimas y testigos.

Vaya, que la figura del fiscal (y de la fiscal) está pensada para que en una sociedad llena de gente mala, usted, un servidor y la vecina del 4.º 4ª tengamos alguien que nos defienda de tanta maldad.

Lo que no dice la definición de fiscal, ni el artículo 124 de la Constitución, ni el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Fiscal, ni el 69, ni el 453.980,71 es que "Según qué fiscales puedan publicar piezas en ciertos medios de comunicación opinando sobre como tiene que ser o dejar de ser la reforma del Código Penal para adaptarlo a su gusto". Y esto no lo dice en ningún sitio, ni aquí ni en la China Popular. Y, de hecho, este improbable artículo me lo acabo de inventar.

Y, ¿sabe por qué? Porque los fiscales nos tienen que defender a usted, a mí y a la vecina del 4.º 4ª aplicando las leyes existentes. Les gusten mucho, poco o nada. Y eso es así porque existe una cosa muy bonita que le llaman "separación de poderes". La separación de poderes es un principio que establece que el poder tiene que estar divididos entre dos o más entidades independientes para evitar que alguna de estas entidades tenga demasiado poder y lo pueda ejercer arbitrariamente.

Por este motivo se dice que en España hay una deficiente separación de poderes, porque determinado partido político ha situado en los órganos del poder judicial a gente muy fiel. Y esta gente devuelve el bonito detalle aplicando la ley contra determinadas personas y hechos de una manera muy alegre,  desenfadada y campechana.

Y justamente hoy la vida nos ha proporcionado una situación que ilustra, a manera de modélico ejemplo, el rollo que le he largado hasta aquí. Porque ha sido en este anticiclónico día cuando Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo y unos de los acusadores en el juicio de escarmiento al independentismo, ha publicado un artículo en el diario El Mundo donde, aparte de hacer varias consideraciones que no le corresponden, defiende no tocar los delitos de rebelión ni de sedición en una posible reforma del Código Penal anunciada por Pedro Sánchez.

Pero no sufra (ni usted ni, sobre todo, el señor Zaragoza), que no pasará nada. Y en todo caso a quien le puede pasar alguna cosa es a mí para escribir esta pieza. El Estado no permitirá que le pase nada al señor Zaragoza porque el señor Zaragoza es Estado. Y el Estado es como un bicho bola, que cuando olfatea peligro se convierte, como su propio nombre indica, en una bola absolutamente impenetrable que olvida el artículo 124 de la Constitución, el artículo 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal. Y lo que haga falta. En nombre del Estado. Del suyo.

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