Detrás de un gran corrupto económico siempre hay un gran corruptor, que también es un corrupto, naturalmente. Y también hay el corrupto que cierra los ojos cuando la cosa pasa ante sus narices y hace ver que no la ve.

Pasa lo mismo con los que están detrás de una banda de personajes que afirman tener másteres que no han cursado y que cuando los pillan mienten descaradamente, que muestran licenciaturas que van y vienen según el día, doctorados plagiados o escritos por un "negro" o que falsean su currículum.

Detrás de todos ellos (y todas ellas) hay unos corruptos que diseñan la estructura del fraude y la engrasan para que funcione. Son los que hoy han hecho desaparecer misteriosamente 5.400 correos electrónicos del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos o que cuando el caso Cifuentes falsificaron diversos documentos públicos.

Sí, el corrupto es culpable, pero siempre olvidamos al corruptor, que es el origen de todo. Si en una universidad pasan cosas extrañas es porque la universidad da el primer paso para que estas cosas extrañan pasen. Un alumno que quiere obtener un título sin ir a clase, sólo puede obtener el título sin ir a clase si la universidad le da un título a pesar de no haber ido a clase. Si la universidad no colabora, el alumno solo no puede conseguirlo. El alumno no se puede dar el título a sí mismo.

Incluso podríamos afirmar que en esta ilegalidad es más importante el papel de la universidad que el del estudiante, que es el sujeto pasivo de una trama organizada que, por lo que estamos viendo, ofrecía un servicio que incluía falsear títulos, hacer magia con las convalidaciones y la asistencia a clase y que daba como buenos trabajos de doctorado que estaban plagiados, cosa que dice mucho del control de calidad existente.

Ahora todo el mundo carga contra los alumnos, lógico. Si son cargos públicos tienen que dimitir y, a continuación, devolver los títulos que no les corresponden. Pero no sólo. Hay que investigar las universidades, sobre todo el famoso Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que era una especie de inmensa jauja y averiguar cuáles han sido los responsables del despropósito multitudinario y multipolítico.

Por mucho que ahora su responsable de entonces, que todavía no ha abierto la boquita, ocupe cargos en el Tribunal Constitucional.

Porque si eso no sucediera, podríamos pensar que la trama ha podrido tando las entrañas del Estado que están levantando un muro justo donde acaban las responsabilidades de los alumnos. Y un Estado tan democrático como el español no permitiría que este caso afectara a la impoluta imagen de su universidad, ¿verdad?

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