Es indudable que la gestión de la inmigración es uno de los temas indispensables de la agenda política, económica y social del país. Después de dos publicaciones de mucho peso como son la nota que publicó hace unas semanas el Cercle d’Economia y más recientemente el Informe Fènix elaborado por un selecto grupo de economistas, esta semana ha habido un importante debate que, por aquello de que el centralismo empieza ya en el Tibidabo, ha tenido un eco desproporcionado respecto a su profundidad.
Sant Cugat Empresarial convocó a tres expertos en la materia como son Judith Sans, de EY, Miquel Nadal, director general del Cercle d'Economia, y Sergi Pardos, uno de los asesores del Reino Unido en inmigración. La principal conclusión es que la inmigración debe afrontarse desde el carril central de la sociedad, y por tanto de la política: "No es bueno dejar esta cuestión en manos de los extremos", dijo Nadal. Es decir, entre una reacción furibunda contra todo extranjero (todo no, pero ya nos entendemos) que roza el racismo y un hacer ver que aquí no pasa nada y que todo se solucionará por sí solo, hay un inmenso margen para el consenso de país.
El sistema actual facilita una entrada masiva pero luego condena a los inmigrantes a la irregularidad
El principal problema de la inmigración es que la legislación actual tiene debilidades, contradicciones y parches por todas partes, y esto es perjudicial tanto para los recién llegados que llegan como para sus vecinos que viven aquí desde hace más tiempo. Sin ir más lejos, la principal modalidad de entrada de cientos de miles de inmigrantes en el Estado español es llegar en avión desde Sudamérica u otros puntos del mundo y hacerlo con visado de turista, que permite una estancia de tres meses. La entrada, pues, es absolutamente legal. La complejidad comienza cuando, una vez pasados estos tres meses, el inmigrante se queda y, por el contrario, el sistema legal español lo condena a pasarse dos años en un limbo legal y administrativo. Aquí comienzan los desajustes y los problemas.
En estos dos años, los inmigrantes que, insisto, han entrado de manera legal, se convierten en irregulares y, por lo tanto, sin posibilidad de ser contratados de manera legal porque, legalmente, no pueden disponer de permiso de trabajo. Esta situación los aboca irremediablemente a la economía sumergida y precaria que, por otro lado, cuenta con la complicidad de quien les paga, sean algunos empresarios o familias que necesitan personal de limpieza o cuidados. En estos dos años, no estarán cotizando y, por lo tanto, tampoco estarán contribuyendo a la sostenibilidad de unos servicios públicos que, nueva contradicción, sí que les procurarán sanidad y educación gratuitas para sus hijos, con la consecuente tensión de unos servicios al límite. Es en estos dos años donde el riesgo de caer de la economía precaria a la delincuencia también es más elevado. Y de esta situación, tanto inmigrantes como autóctonos son víctimas de un sistema disfuncional que se debe replantear de arriba abajo.
El modelo sandía prevé más dureza en la entrada pero igualdad en la estancia; actualmente tenemos lo contrario
Otros países optan por un modelo contrario. Es el modelo que Sergi Pardos describió como modelo sandía, es decir, un sistema en el que la entrada al país es más dura, pero que una vez dentro garantiza, ya desde el principio, unos estándares que procuran una seguridad laboral, social y administrativa para quien es capaz de traspasar la corteza más dura de la sandía. Efectivamente, si se es más restrictivo con la entrada, esto permite un mayor control de la situación. En primer lugar, de simple cuantificación de cuántas personas tienes viviendo en el país para ajustar demografía a servicios públicos. Pero también para hacer una determinada planificación de qué perfiles profesionales son más adecuados a las necesidades del país. Cuando la llegada de inmigrantes se vuelve complementaria para cubrir carencias autóctonas, aumenta la cualificación (y los sueldos) de los puestos de trabajo y, por lo tanto, la integración en la sociedad resulta más sencilla. Cuando la llegada de inmigrantes se ve como una sustitución barata de puestos de trabajo que ya estaban cubiertos es cuando empiezan los problemas y, por lo tanto, las recetas de la extrema derecha para combatirlo.
El modelo sandía, que parece el óptimo, no es el que hoy se aplica en el Estado español. Más bien se aplica el contrario, el modelo cereza. Es decir, un sistema muy poroso donde la corteza no se distingue del interior (porque es absolutamente penetrable) pero una vez dentro es cuando existe la dureza del hueso y donde todo son problemas por la imposibilidad de atender adecuadamente al inmigrante. Y esta imposibilidad es tanto en el ámbito individual como en el familiar, a quien se condena a una desigualdad crónica. Pero también para el conjunto de la sociedad porque esta llegada masiva, abrupta y no planificada recae en una sociedad que no tiene herramientas, ni dinero, ni tiempo para asumirlo. En conclusión: existe margen para corregir la situación, las soluciones solo llegarán desde el consenso y la honestidad y, en tercer lugar, presten más atención a lo que ocurre fuera de Barcelona: aunque sea más allá de Collserola.