Probablemente en ninguna democracia del mundo pasa que el máximo tribunal del país dictamine una determinada cosa y los tribunales que están por debajo se nieguen a aplicarla. En ningún lugar, menos en España, donde la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la ley de amnistía no será aplicada por el Tribunal Supremo (TS), que hace tiempo que se vanagloria de que no piensa hacerlo. En cualquier democracia del mundo esto sería considerado un acto, además de desobediencia, de prevaricación, y tendría consecuencias, menos en España, donde no sucederá absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque, en el fondo, lo que hizo la transición tras la muerte de Franco fue perpetuar, bajo la apariencia de renovación, el régimen franquista, y eso se ha notado de manera muy especial durante todos estos años en el estamento judicial, que ha preservado la misma mentalidad con que actúan los sistemas totalitarios.
No debe sorprender a nadie, pues, que ahora el TS no quiera llevar a la práctica la sentencia del TC, porque desde el primer momento ha dicho que no lo haría. Incluso antes de aprobarse la ley, cuando todavía se estaba tramitando en el Congreso, ya dejó claro qué intenciones tenía. Un comportamiento que condicionó la confección de la propia norma y que obligó a los partidos que la apoyaban a realizar rectificaciones continuas del redactado en función del mensaje que explícita o implícitamente hacía circular el aparato judicial. Pese a todo, la ley se aprobó, hace cosa de un año, con el visto bueno de quienes habían pactado hacerla, básicamente el PSOE a petición de JxCat y ERC, y el voto también a favor del resto de fuerzas políticas que refrendaron la nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en 2023. Y, una vez aprobada, el inquilino de la Moncloa quedaba liberado de su compromiso, porque él había cumplido la parte del trato que le tocaba y aplicarla no era responsabilidad suya, sino de los jueces, de manera que se podía lavar las manos —como así ha hecho— de lo que estos hicieran o dejaran de hacer.
Es obvio que la ley de amnistía tiene un origen político. De hecho, como todas las leyes, porque todas responden a un ideario político u otro. Pero si se adaptan al marco legal vigente no hay nada que decir, como ha resuelto el TC en esta ocasión con los seis votos a favor de los magistrados del llamado sector progresista y los cuatro en contra de dicho sector conservador. En buena lógica, a partir de ahí no debería haber ninguna duda con relación a lo que tienen que hacer los tribunales de rango inferior, pero es justamente de aquí de donde ha llorado siempre la criatura. Y lo es porque la justicia española sí ha aplicado la ley y ha amnistiado a los policías, también españoles, que el 1 de octubre de 2017 apalizaron a los catalanes que iban a votar, pero no ha hecho lo mismo precisamente con los catalanes que protagonizaron la jornada del histórico referéndum de autodeterminación. El caso más escandaloso es el de Carles Puigdemont, sobre quien el TS mantiene la orden de detención si pone los pies en Catalunya, pero igualmente está el de las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa y el de los miembros de los Comités de Defensa de República (CDR) encausados en la llamada Operación Judas, de quien todo el mundo parece que se olvide. Ley y sentencia que, en todo caso, hay que tener muy presente que no cierran el conflicto político entre Catalunya y España a pesar de la intención con la que actúan PSOE, JxCat y ERC.
A esta primera sentencia del TC, adoptada a partir del recurso presentado por el PP, seguirán unas cuantas más, y hay que suponer que todas irán en la misma dirección y validarán plenamente el contenido de la norma, incluso en el apartado de la posible malversación, que los de Alberto Núñez Feijóo ni siquiera habían incluido en su requerimiento y que es a lo que se aferra el TS para negarse a aplicar todas las amnistías que faltan. En este contexto es evidente la conexión que existe entre el PP y el sector llamado conservador de la magistratura, porque ambos actúan en la misma dirección y de manera coordinada. Es aquello de controlar el tribunal por la puerta de atrás de lo que fanfarroneó un día un dirigente del partido entonces liderado por el efímero Pablo Casado —Ignacio Cosidó, en aquel momento portavoz del PP en el Senado— y se quedó tan ancho. Y solo hay que imaginarse cuál sería la reacción del PP y del bloque teóricamente conservador si fueran el PSOE y el bloque supuestamente progresista los que se negaran a aplicar una ley: de golpe de Estado hacia arriba, que en realidad es lo que proclaman siempre.
En España "la justicia es un cachondeo"
Claro que este tipo de comportamiento no es exclusivo del PP. En el PSOE también está, y justamente con motivo de la sentencia del TC se ha dejado notar una vez más. Felipe González ha sido, para variar, el principal exponente, descargando toda su bilis contra el tribunal y contra los catalanes y renegando del actual PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, en estos momentos parece que Felipe González y José María Aznar militen en el mismo partido, y efectivamente lo hacen: ambos militan en el partido de los poderes del Estado, que están que se suben por las paredes porque por ahora en este asunto no pueden salirse completamente con la suya. Y es que el poso franquista de la transición no lo heredó tan solo el PP, el PSOE también y, según cómo, con más intensidad incluso. Precisamente con motivo de la reacción de Felipe González al pronunciamiento del TC que avala la ley de amnistía, Joan Carretero, exconseller de Governació de la Generalitat y exalcalde de Puigcerdà, lo ha resumido de manera comprensible.
"Si no se entiende que el congreso de Suresnes de 1974 es un asalto del franquismo al PSOE, no se entiende toda la trayectoria de Felipe González, Alfonso Guerra y todo el reguero de falangistas y franquistas del PSOE", subraya el también exdirigente de ERC y de Reagrupament, que constata lo que fue una "gran operación de Estado, 'pre-transición', que consolidaba todo el aparato franquista". Entendido esto, se entiende que haya jueces que prevariquen [ver ElNacional.cat del 19-12-2023] y que no pase nada. De hecho, todos los jueces encargados de juzgar —por decirlo de alguna manera— el proceso independentista han prevaricado y siguen haciéndolo. Desde Pablo Llarena, el instructor de la causa que se inventó una auténtica novela de ladrones y serenos, Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional premiada con el ascenso al TS, y Joaquín Aguirre, que fabuló tanto o más que el primero, hasta Manuel Marchena, el juez y parte del juicio del caso del Primer d’Octubre, todos saben que han prevaricado, pero todos saben también que no les ocurrirá nada porque el sistema español les ampara.
La cosa podría cambiar si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara igualmente a favor de la ley de amnistía y los jueces españoles se negaran a hacerle caso. La desobediencia sería demasiado flagrante a ojos de Europa. Pero, si este fuera el caso, tampoco habría que ser especialmente optimista, porque no sería la primera vez que pasaría y porque no hay que olvidar que lo que es en realidad la Unión Europea (UE) es un club de Estados, no un club de naciones sin Estado. Lo de que "Europa nos mira" es un puro mito. Aun así, quizá sí que en alguna ocasión Europa efectivamente ha mirado a Catalunya, aunque cuando lo haya hecho haya sido solo para mirarla de reojo. Llegado el caso, todos invocarán el imperio de la ley, aunque todos sepan perfectamente que el único imperio que impera en España es el de la ley del embudo.
El alcalde de Jerez de la Frontera y dirigente del Partido Andalucista, Pedro Pacheco, se quedó corto cuando en 1985 dijo que en España "la justicia es un cachondeo". Pero lo arregló cuando en 2024, todavía no hace un año, precisó que lo continuaba siendo, y con el añadido de que "ahora es peor". No se refería a la causa catalana, pero para el caso viene a ser lo mismo.