“Laura no está, Laura se fue”
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Ha llegado la hora para Laura Borras, la hora de irse. No tiene discusión si uno lo mira con frialdad. Resulta no solo patético, sino perjudicial engancharse al cargo como si ello no fuera a perjudicar al Parlament, a su partido y a ella misma a la larga. La apertura de juicio oral es el momento en el que la mayoría de los juristas —cuando estudian este caso en el plano teórico, girando en vacío y sin caso particular a la vista— consideran que debe producirse la asunción de responsabilidad política. Muchos clamamos en su día por esa idea absurda de obligar a dimitir nada más llaman a alguien a declarar como imputado, porque en ese momento, la imputación puede ser una mera protección del llamado a declarar, para que no lo haga como testigo obligado a decir verdad, para evitar que se autoincrimine obligado por esa condición. Es un tema técnico y por eso los técnicos encontraban prematuro y problemático que se hiciera dimitir a cargos electos en ese paso inicial de la investigación.

La presunción de inocencia sigue existiendo para Laura Borràs, nadie lo duda, pero dado que ella de forma equivocada se aferra a la presidencia del Parlamente alegando ese principio procesal, el propio magistrado en su auto lo deja subrayado y claro, cosa que no suele hacerse en otras ocasiones: “el relato de hechos se basa en indicios y no puede comprometer la presunción de inocencia de los acusados, ya que todo cuanto en él se dice deberá ser objeto de prueba en su día en la vista (…) por lo que esta resolución no puede contener ni contiene ninguna declaración de culpabilidad”. El magistrado explica lo obvio, no sé si porque es consciente de que Borràs se ha agarrado a ese principio de protección procesal como a un clavo ardiendo. Lo cierto es que en términos de la realidad y de la responsabilidad política, la presunción de inocencia en sentido general se va debilitando con la instrucción. La investigación, las pruebas previas, los relatos de hechos constatados van enervándola poco a poco, hasta que llega el procesamiento y es por eso que los técnicos consideran que la apertura de juicio oral es el momento idóneo para exigir responsabilidades políticas y no antes.

El otro argumento de Borràs para aferrarse al puesto se derrumba aún más fácilmente. Resulta enervante que se utilice como método de defensa permanente y perpetua la represalia política por su postura política independentista. Esto es como, por ilustrar con ejemplos, un periodista que va haciéndose el mártir por ser sometido a purgas ideológicas cuando toda la profesión sabe que es infame la forma en la que trata a los equipos humanos y que eso le ha valido más salidas por la puerta de atrás que cualquier represión. Cuando se produce una purga hay que decirlo, como cuando existe lawfare por motivos políticos, y yo lo he hecho en estas páginas, pero no tiene sentido que todo se intente cobijar bajo esa misma manta. Los hechos que señalan a Laura Borrás son hechos que describen corrupción y flaco favor sería para el propio ámbito independentista insinuar que su propia concepción de la limpieza democrática está tan enfangada como la de cualquier otro lugar del mundo. A Borrás la persiguen los hechos y no los jueces, como ya les conté.  

Borràs no puede seguir en la presidencia de un órgano democrático porque arrastraría a toda la representación popular catalana a un abismo de descrédito según se desarrollara el juicio, porque la institución en sí iría unida a su destino

Es insostenible que siga al frente de la representación de la soberanía popular catalana en esas condiciones y en mi opinión debería irse antes de que la saquen el jueves a la fuerza. No creo que suceda. Y eso porque me parece que su defensa podría jugar con una baza que precisa de la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament. Este artículo supone la suspensión de derechos y deberes del parlamentario y si estos quedan suspendidos, significa que Borràs no tendrá derecho a asistir a los plenos del Parlament, no podrá votar, no podrá participar de las comisiones y tampoco podrá cobrar su sueldo y eso podría permitirle alegar frente al TSJC que también queda suspendido su derecho (u obligación) de estar aforada. Yo creo que lo van a intentar para retrotraer el juicio a un juzgado de lo Penal de Barcelona, con menos componente político y con la posibilidad de recurso ante la Audiencia de Barcelona.

Es complicado que esta finta se consiga, puesto que el Tribunal Supremo estableció en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 2014 que los aforados no tendrán opción a renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos. Fue la respuesta al cachondeo que se traían los procesados por la Gürtel en Valencia que iban dimitiendo o no, según les convencieran las salas o tribunales que les correspondían. No obstante, esto no sería una dimisión del cargo de parlamentaria, sino una suspensión forzada y creo ese será el argumento que intente su defensa. Bien les iría también a los coprocesados que han perdido vías de recurso, como la propia Borrás, por el hecho de haberse atraído la competencia el TSJC para no romper la continencia de la causa.

Borràs no puede seguir en la presidencia de un órgano democrático porque arrastraría a toda la representación popular catalana a un abismo de descrédito según se desarrollara el juicio, porque la institución en sí iría unida a su destino como un cadáver con una rueda de hormigón atada a los pies. Y, no se lo niego, el letrado de Laura Borrás no lo tiene fácil, a pesar de que la Fiscalía haya rebajado el número de delitos por los que acusa de cuatro a dos.

Hay que saber cuándo llega la hora de irte porque resistir solo es heroico en un plano en el que ya no se mueve la presidenta del Parlament. Le sucedió a Mónica Oltra o, por irnos más atrás, a Cristina Cifuentes. Creo que hay mujeres que confunden la entereza o la fortaleza con la dignidad y, sobre todo, con la dignidad de las instituciones a las que representan.

Laura tiene que irse y se irá. La cuestión es cómo y con qué imagen.