"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio"
Cicerón

Sobreviviré fue un superéxito de Mónica Naranjo que casi todos hemos bailado, aunque sea en un momento loco. Tenía mucha marcha y vale lo mismo para un fin de fiesta, para una manifa reivindicativa o para tararearla cuando el jefe se da la vuelta. Ya saben “y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad”, decía la letra. Es que la puta realidad es mucha realidad y, en gran parte de los casos, muy puta. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, que decía el noi de Poble Sec.

He visto la rueda de prensa de la presidenta del Parlament y siendo parecida a la de Mónica Oltra, en la determinación y en el sentido de la misma, no lo ha sido ni en el estilo, mucho mejor el de la Borràs, ni en el momento procesal en el que se produce. Esto nos lleva a la sempiterna pregunta sobre cuándo debe la responsabilidad política tomar carta de naturaleza en los políticos, en relación con los tiempos procesales y de la Justicia. En mi opinión no existe una correlación automática que valga para todos los casos. Siempre he defendido que era una estupidez de los partidos escribir en sus códigos que la mera imputación de un cargo debía acarrear la dimisión inmediata. En primer lugar, porque eso sería tanto como dejar en manos de un juez individual el destino de los electos —lo que es peligroso porque les otorgaría más poder del que la propia ley les ha querido dar a esas alturas— y en segundo, porque en esos momentos del procedimiento la presunción de inocencia del que va a ser investigado está aún prácticamente intacta, sin que haya podido ser parcialmente enervada por hechos acreditados durante una investigación. Sin embargo, tras estudiar el caso de Monica Oltra yo sí pensaba que debía dimitir y es que, más allá del automatismo, debe regir el estudio detallado de cada caso porque hay veces que hay acusaciones de lawfare, desgraciadamente cierto, pero no siempre que te acusan lo hacen de forma espuria o política. Pensar eso sería afirmar que los nuestros, los que nos gustan, nunca pueden fallar y eso sería cuando menos ingenuo y cuanto más peligroso.

No tengo intención de dilucidar si Laura Borràs tiene que dimitir o no, pero sí de analizar qué hay detrás de su procesamiento, lo que es pertinente a la hora de que cada cual, con su estándar ético, piense si le es exigible una responsabilidad política ahora o si hay que esperar y si hay que esperar, hasta cuándo. ¿Juicio, sentencia, sentencia firme en casación, recurso al TC, Estrasburgo? Ponga cada uno su barrera.

Lo que me gustaría plasmar aquí es lo que no comparto de la intervención pública de la presidenta del Parlament. Después de leído con todo detenimiento el auto de transformación en procedimiento abreviado tengo que contradecirla, a mí no me parece una persecución política o judicial, es impensable que a nadie en las mismas circunstancias no se le siente en el banquillo. A Borràs en esta cuestión no le persiguen los enemigos de los indepes sino los hechos, que son tozudos. Lo que les decía, "la puta realidad" que cantaba la Naranjo.

En el auto de procesamiento se recoge que en la investigación ha quedado acreditado que Borràs dirigía el ILC y que de ella dependía la contratación a la que se hace referencia. Hechos. También la normativa de contratación pública que aparece vulnerada, tal y como manifestaron la intervención delegada de Cultura y el Síndics de Comptes en su día. Vamos, que lo de que se había hecho una partición de contratos que olía chungo no salió de un perverso juez españolista.

Es impensable que a nadie en las mismas circunstancias no se le siente en el banquillo. A Borràs en esta cuestión no le persiguen los enemigos de los indepes sino los hechos, que son tozudos

Los contratos y sus fraccionamientos están determinados uno a uno. Hechos. Lo más demoledor son las conversaciones intervenidas a Isaías H. —que se benefició de 112.503 € a su nombre y de 101.035 € a través de una cooperativa que usaba para facturar. Hechos— en las que larga lo que no está en los escritos, entre otras cosas su miedo a que con la intervención del 155 salieran a la luz los “marrons, porque jo tinc una de marrons…”, con la jefa, que eso tampoco se priva de decirlo. Los correos cruzados con Laura Borràs también están ahí y son hechos. Alguna de sus respuestas de la entonces directora a Isaías M son demoledoras: “com que s’han de fer 3 pressupostos per cadascuna de les persones o empreses diferents, jo havia pensat que podríem fer que tu et presentes als quatre i tan sols en guanyes un, el més econòmic de la sèrie, la cooperativa ídem, APM gestió ídem i l’altra ídem. La resta es podria fer amb l’empresa de l’A. i potser amb la cooperativa de Madrid. Si tu fas els quatre vostres jo faig els altres. Te sembla bé?”. Eso son hechos. El auto de transformación —equivalente a un procesamiento— es claro, estructurado y fundamentado. Con tales evidencias es imposible no procesar.

¿Significa eso que Laura Borràs sea culpable de los delitos por los que se sentará en el banquillo? Eso es cuestión de la determinación de los tipos penales que comprendan las conductas, de la prueba de la autoría de cada uno de ellos y de la libre valoración del conjunto de la prueba por un tribunal que pondere también todas aquellas cuestiones que su defensa legal plantee. Ni es inválida la multiplicidad de evidencias ni eso significa que no pueda resultar absuelta. Ahora bien, a estas alturas del procedimiento, si quieren mi opinión, la cosa está difícil hasta para un buen abogado y no por extrañas conjuras sino por la fuerza de lo que hay probado sobre la mesa.

Lo que no comparto, pues, es que se trata de una “persecución judicial” ni que la Justicia “aproveche para intentar apartarla”. Si con esas mismas cartas sobre la mesa me ponen a cualquier otro cargo público —así sea Ayuso como Sánchez— yo les diría lo mismo: que no hay otra que llevarlo a juicio. Lo contrario sería tanto como renunciar a la defensa de los dineros públicos y constatar que estamos dispuestos a dejar correr los indicios de corrupción. No me parece defendible el victimismo de que el caso solo ha llegado hasta aquí “por el proyecto que representa”. No es cierto. Hechos. Un cargo público que le dice a un contratista que presente varios presupuestos encubiertos con otras denominaciones y que se lo darán con uno, tiene que ser juzgado. Lo mismo se trate de una web, de unas mascarillas o de una obra pública. No entender eso es precisamente estar dinamitando cualquier proyecto político que defiendas.

Dilucidar si la dimisión tiene que producirse ahora o debe esperar a la sentencia firme es discutible, pero convertir el procesamiento judicial en una persecución política en este caso no me parece de recibo. Y se lo digo yo, que en estas mismas páginas les he explicado cuántos casos me parecían lawfare claro y un uso espurio de la Justicia, con datos. Eso no cubre todo. Hay cuestiones que caen sobre la mesa como losas, también sobre la del Parlament.

Borràs puede elegir no dimitir si su partido se lo consiente, pero a sabiendas de que le cuelga al Parlament y a su formación una losa de meses, en la que cada paso procesal puede ser un lastre para todo su entorno y todo “su proyecto”, como ella misma lo ha llamado.

Sobreviviré era un himno. Salir ileso no siempre es posible, por eso hay que pensar qué estás dispuesto a arrastrar contigo.