La crisis ferroviaria no solo ha demostrado la incompetencia del PSC para gestionar la autonomía (después de una semana de colapso, eslóganes como “el Govern de tothom” o “Catalunya en marxa” son carne de chiste), sino también la imposibilidad de administrar con la mínima decencia este país nuestro desde una estructura como la Generalitat, que fue diseñada por España con el objetivo de castrar nuestra vida beata. Ayer mismo, la consellera de la baja velocidad, Sílvia Paneque, tuvo la decencia de no hacer más predicciones sobre cuándo Rodalies funcionaría al 100% (a saber, con los retrasos de siempre). Contrariamente, como si acabara de llegar al cargo unas semanas antes, la política de Llagostera declaró haberse encontrado la red “en un estado lamentable, mucho peor de lo que hubiéramos imaginado”. La cuestión importante, Sílvia, no es cómo te la has encontrado; sino por qué demonios has esperado un año en mirártela.
Por si con esto no hubiera suficiente, aceptando la sumisión del Govern a los dictados de Madrit (aunque el ministro del ramo aún tenga demasiado trabajo como para visitarnos), Paneque suplicó al secretario de Estado de Transportes, Óscar Manzano, que tenga la bondad de establecerse en Catalunya para resolver la papeleta. La cosa tiene cierta gracia, pues este gesto de súplica colonial ya aconteció durante el caos ferroviario de 2007 (causado por las obras del AVE, que provocaron cortes en el servicio durante más de seis semanas), cuando el antiguo secretario de Infraestructuras, Víctor Morlán, se instaló en Barcelona con la connivencia expresa de un tal José Montilla. Eran los tiempos del “català emprenyat”, cuando nuestro Molt Honorable cordobés viajaba a menudo a la capital del reino para advertir sobre la desafección de los catalanes; y la coña también acabó derivando en una manifa numerosa sobre el derecho a decidir en infraestructuras.
El lector pensará que estamos exactamente donde estábamos, que la tragedia se repite como farsa y que blablablá. Pero no; las cosas no suceden nunca de la misma forma y, aunque aquella situación se diera con unos equilibrios de poder semejantes a los de ahora (de hecho, el PSC explotaría la mandanga del enfado con unos réditos electorales espectaculares), Catalunya se encuentra en una situación inaudita de vacío de poder. A diferencia de principios de siglo, la fuerza del 1-O, la posterior tomadura de pelo de los líderes soberanistas, y el empequeñecimiento del PSC desde que apostó por el artículo 155 han provocado que, de forma literal, la Generalitat tenga una capacidad de acción tremendamente limitada. Esto no es una mala noticia, justamente porque los catalanes empiezan a ver claramente que —contrariamente a lo que intentó inculcarles Jordi Pujol— tenemos mucho más poder que nuestra administración encorsetada.
Resulta muy lógico que el deterioro palmario de un país lleve a la ciudadanía a replegarse identitariamente, más aún cuando se evidencia que los españoles siempre han utilizado a los recién llegados como arma de guerra
Resulta igualmente curioso que el desvarío de los trenes haya coincidido con la última encuesta anual del Institut de Ciències Polítiques i Socials según la cual el 64% de ciudadanos ya es favorable a limitar la inmigración. La mayoría de las publicaciones del país (y el propio director del ICPS, Oriol Bartomeus) se han alarmado, clamando que el informe en cuestión certifica un giro a la derecha de los conciudadanos, como si Europa —y ahora Catalunya— disfrutaran surfeando en la ola reaccionaria global. La realidad es que, más allá de las ideologías y de dónde se ubique cada uno, resulta muy lógico que el deterioro palmario de un país lleve a la ciudadanía a replegarse identitariamente, más aún cuando se evidencia que los españoles siempre han utilizado a los recién llegados como arma de guerra, como lo certifica que el mayor número de regularizados en la última tanda de Pedro Sánchez sea, tararatatachán, precisamente en Catalunya.
De hecho, la misma encuesta sostiene que el 52,4% de los catalanes tienen una percepción positiva de la inmigración (solo hay un 27,8% expresamente en contra), con lo cual nadie se traga que el país se haya vuelto racista de repente. Es justamente la sensación de crisis y vacío de poder en la administración, insisto, lo que lleva a muchos catalanes a pensar que el fenómeno migratorio debe regirse por algún tipo de limitación; un pensamiento que, por cierto, comparten todas las naciones del mundo —también la enemiga España, que tiene en las fronteras unos señores la mar de simpáticos armados con metralletas— sin que nadie se atreva a tacharlas de excluyentes. Importa un comino si este repliegue beneficiará a Sílvia Orriols (me da que los chicos de Aliança están cogiendo cierto miedo a la responsabilidad que se les echa encima), pues lo importante del caso es que las fronteras y los límites de bienestar son algo que nos preocupa.
La misma encuesta dice que la independencia pierde interés (solo "interesaría" a un 32,6% de catalanes), lo cual también es falso, porque cuando los propios consellers socialistas del Govern admiten que no tienen ni reputa idea de cuándo vendrán los trenes y cuando la oposición procesista se muestra incapaz de poner contra las cuerdas a una administración que se ha demostrado tan incompetente… pues, básicamente, aquí seguimos hablando de lo mismo. Aunque la situación parezca confusa y el vacío de poder genere cierto miedo, vamos mucho mejor de lo que parece.